Indulto para los 10 procesados

La tragedia de la rotura de la presa de Vega de Tera se cerró sin culpables, aunque hubiera condenas. El proceso judicial se inició el mismo día, aunque el Régimen indultó a procesados y condenados. El juez de Instrucción de Puebla de Sanabria Rafael Pérez Alvarellos comenzó la instrucción del sumario 1/1959 la misma mañana del día 9 acompañado del secretario judicial, aunque el 10 de enero la Audiencia Provincial designa juez especial para el caso al juez de Instrucción de Zamora, Enrique García Sánchez. Es Pérez Alvarellos quien firma el primer acta de levantamiento de los primeros cadáveres. La compleja instrucción conduce al auto de procesamiento de fecha de 9 de octubre contra altos cargos, mandos intermedios y capataces de la obra, y se les requiere una fianza de 100 millones de pesetas, que el juzgado reduce a 41 millones por auto del 5 de diciembre de 1959 y que finalmente se queda en 15 millones.

El 24 de noviembre de 1961, el Presidente del Consejo de Moncabril, Antonio Martínez Coetáneo, envía una carta al Gobernador Civil de Zamora para que ponga los medios para que las familias que siguen aún con el proceso adelante, todas ellas con la asistencia letrada de Santiago Moreno, no sigan adelante y se avengan a pactos. El presidente del consejo de la empresa causante del desastre aún reconoce por escrito que los supervivientes ya han cobrado 24 millones de pesetas de los donativos de suscripción popular, del Obispado, de la ayuda americana y los Montepíos (14 millones) además de las entregas del Instituto de Colonización, el nuevo poblado, además de ropas y reparaciones efectuadas por la empresa (10 millones más).

Es obvio que la empresa no quiere asumir un juicio. Se da otro fenómeno, que a medida que se acerca la conclusión del sumario y se avecina la fecha del juicio, la mayoría de las familias llegan a un acuerdo en las indemnizaciones. A 9 de agosto de 1962 Moncabril ha pagado 8,3 millones de pesetas de indemnización por las víctimas y algo más de 5 millones por los daños materiales. La Audiencia fijó en 87,2 millones de pesetas todos los daños humanos y materiales ocasionados por la riada.

Es el juicio -que duró cinco días- más importante vivido en la Audiencia en todos los aspectos, por el número de fallecidos e informes y por la cuantía de los daños. El número de testigos es de 551.

Los acusados niegan cualquier responsabilidad en los fallos de una presa mal construida, que por otro lado a su modo de ver no representaba ningún riesgo. El informe del ingeniero Eduardo Torroja, una eminencia mundial en ingeniería, es determinante y tira por tierra la literatura científica sobre la elasticidad de los materiales que obliga a una corrección.

El Tribunal, presidido por Carlos Osuna Ardizone, condena a los procesados Gabriel Barceló Matutano, Eduardo Días Ríos, Antonio Jerónimo Manuel Hurtado y Miguel Prieto Urquiza como autores responsables de un delito por imprudencia temeraria, a la pena de un año de prisión menor, suspensión de empleo, cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de condena. Los fundamentos de la sentencia dejan claro que el modelo de construcción atrevida precisaba un vigilancia muy especial.

La sentencia es de 20 de marzo de 1963 aunque los condenados interponen recurso de casación, que se admite para Antonio Manuel Hurtado y Miguel Prieto Urquiza. El indulto para Gabriel Barceló Matutano y Eduardo Nicanor Díaz Río no se demora, 19 de mayo de 1965.