El número de gitanos en Italia se reduce a 12.000 por las leyes de inmigración

El ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, compareció ayer para dar por fin números sobre la llamada 'emergencia de los gitanos', la primera dosis de realidad después de meses de agitación mediática y demagogia política. Frente a las 140.000 personas de etnia romaní calculadas en mayo, en medio de la presentación de una dura ley contra la inmigración ilegal y con ataques vecinales a campamentos gitanos, el censo oficial realizado en Roma, Nápoles y Milán dice que en estas capitales, con los mayores asentamientos, hay 12.346, de los cuales 5.356 son menores. Maroni asegura que, según sus datos, al menos 12.000 gitanos más se fueron de los diversos campamentos antes de los controles. Sus destinos: España, Francia y Suiza.

Aquí se acaba la supuesta emergencia de seguridad, aunque con bastante menos ruido de como empezó, y empieza un trabajo social organizado con estas comunidades. Consistirá en el desalojo de los campos que no cumplan condiciones de salubridad, construcción de poblados que sí las observen -con luz, agua y recogida de basuras- y escolarización de menores. El censo ha contado 167 campos, de los que 124 eran ilegales. El objetivo ahora es construirles «poblados que serán un modelo para Europa», según el ministro.

El mérito de Maroni es haber abordado el problema y puesto orden en la proliferación de chabolas, pero en realidad es un resultado muy distinto de la meta original del censo. Polémico por sus características y con un coste de tres millones, ha ido perdiendo su carga política primigenia. El Gobierno de centroderecha de Silvio Berlusconi, y sobre todo la Liga Norte, el partido nacionalista de pulsiones xenófobas de Umberto Bossi, lo ideó con el fin de poder expulsar del país a los gitanos y extranjeros que no tuvieran medios de vida o se consideraran peligrosos socialmente. De ahí el censo, que preveía recoger huellas dactilares, cuando a los italianos no se les exigen, detalle que acarreó críticas de toda Europa con acusaciones de discriminación racial.

Datos y prejuicios

El siguiente paso figuraba en el paquete de seguridad que aprobó el Ejecutivo en su primer consejo de ministros: la expulsión del país incluso de ciudadanos comunitarios, matiz pensado para los rumanos.

Un informe de la semana pasada confirmó que en el 2007 llegaron a Italia 283.000 rumanos, un aumento espectacular del 82%. Apoyado por igual en datos y prejuicios, y mezclándolos, Berlusconi se embarcó en el censo. Sin embargo, al final se ha caído de la ley la expulsión de ciudadanos comunitarios por la presión de la UE. De modo que el censo ya no sirve nada más, y nada menos, que para mejorar la asistencia social de los gitanos, aunque ha conseguido que muchos huyeran.