Europa lleva a España a los tribunales por las autopistas de Segovia y Ávila

La Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) ha presentado un recurso contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por la adjudicación en 1999 de la concesión a la empresa Iberpistas (ahora del grupo Abertis) de la construcción, conservación y explotación de las conexiones de la autopista AP-6 (Villalba-Adanero) con Segovia y Ávila.

Según publicó el pasado 8 de diciembre el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión también recurrió el 13 de septiembre contra España por la «prórroga ilegal de la concesión de la AP-6», según informaron ayer Comisiones Obreras de Ávila y la Asociación Ecologista Centaurea de El Espinar. Precisamente, la decisión de la CCE es fruto de la denuncia formulada por ambas organizaciones en el 2000.

El secretario de Medio Ambiente de CC.OO., Carlos Tomás Rodríguez, ha realizado una valoración «positiva»de esta decisión, «a pesar del tiempo transcurrido desde la interposición de la denuncia y de los daños ambientales y socioeconómicos ocasionados por Abertis/Iberpistas».

En su opinión, al llevar a juicio a España, la Comisión Europea «se ha reafirmado en el chanchullo que supone la concesión a Abertis realizada por el entonces Gobierno Aznar».

Revocar la concesión

«Para evitar posibles sanciones y los perjuicios a la ciudadanía, el Gobierno socialista debe ahora aceptar la posición de la Comisión allanándose a su demanda, para lo que es imperativo revocar la concesión otorgada fraudulentamente a Abertis», ha explicado el portavoz de Centaurea, Carlos Bravo. Esto supone, según ha añadido, «volver al punto cero de la adjudicación» y «aprovechar para reconvertir estas autopistas en autovías, donde la gratuidad está garantizada».

Bravo recordó cómo la denuncia interpuesta por ambos colectivos provocó que la Dirección General de Mercado Interior de la CCE enviara al Gobierno español, el 18 de julio del 2002, un dictamen motivado sobre este asunto, tras «constatar la violación del Derecho Comunitario en la adjudicación a Abertis/Iberpistas».

El portavoz de Centaurea lamenta que el Ejecutivo de José María Aznar «no respetara» en aquel momento el dictamen motivado y la CCE haya llevado a España ante el Tribunal Europeo de Justicia.

La CCE solicita que se declare que el Reino de España «ha incumplido las obligaciones» que le corresponden sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, así como los principios del Tratado CE, sobre todo el principio de igualdad de trato y de no discriminación.

En virtud del Real Decreto 1724/1999, del 5 de noviembre, el Ministerio de Fomento adjudicó una concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos de autopista de peaje A-6, conexión con Segovia, y A-6, conexión con Ávila. Asimismo, adjudicó una concesión administrativa para la conservación y explotación a partir del 2018 de la autopista de peaje A-6, en su tramo Villalba-Adanero.

Con este motivo se adjudicaron «muchas otras obras que no habían sido anunciadas, por un valor superior al total de las obras publicadas y que se encuentran parcialmente fuera de la zona objeto de concesión». Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ávila, César Martín, rehusó ayer manifestarse sobre este asunto.