Atilano Soto defiende ante el juez la legalidad de lo actuado en Segovia 21

El consejero delegado de Segovia 21, Atilano Soto Rábanos, defendió ayer ante el juez la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por la sociedad en la finca Quitapesares de Palazuelos de Eresma, en la que construye un parque tecnológico y empresarial, comercial y de ocio con un campo de golf para 18 hoyos y un complejo residencial con un hotel y 240 viviendas en bloque y 80 unifamiliares.

El máximo responsable ejecutivo de la sociedad compareció durante dos horas como imputado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, tras la denuncia presentada por el abogado Carlos Carrasco Muñoz de Vera contra el proyecto que se ejecuta en terrenos vendidos por la Diputación Provincial, de la que Soto fue presidente hasta el 2003.

Carrasco pidió su declaración por presunta malversación de fondos y tráfico influencias, para aportar datos sobre la venta del 42% de la edificabilidad de Segovia 21 a la sociedad Segóbrida del Eresma, por 42 millones de euros, al entender que hay una diferencia de 100 millones de euros, de haberse aplicado los precios de mercado.

En Segovia 21, constituida en el 2002, participan la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio y Caja Segovia y en Segóbrida del Eresma, creada en diciembre de 2005, que preside el director general adjunto de Caja Segovia, Miguel Ángel Sánchez Plaza, participan Caja Circulo Católico de Burgos; Promociones Pal, S.A., de Palencia; Promotora Ge-Tres S.A., del grupo Arranz Acinas, y el Grupo Inversor Asuari, una sociedad inversora de la familia Antolín, ambas con capital burgalés, entre otros.

Atilano Soto, que es presidente de Caja Segovia, dijo salir «satisfecho» del juzgado «porque he tenido la oportunidad de extenderme en todo tipo de explicaciones sobre la legalidad de unas actuaciones que, por otra parte, ya han sido acreditadas documentalmente».

«Inmaculado»

«Está todo absolutamente inmaculado, porque todos los procedimientos han sido tasados, auditados y publicitados», añadió Soto, quien dijo haberse pronunciado en tono amable ante el denunciante, «aunque contundente al advertirle del barullo que ha montado al confundir unos derechos urbanísticos que tendrán un valor a futuro, cuando se consoliden -que es lo que se vendió a Segobrida del Eresma- con el precio de las acciones de Segovia 21».

El abogado Carlos Carrasco sostiene que la Diputación aportó a la sociedad el terreno de Quitapesares, de 116 hectáreas, parte de la cual se tuvo que descatalogar porque era monte público, valorándolo «de forma increíble» a 3,5 euros el metro cuadrado, muy por debajo del mercado.

1.100 folios

Carrasco ha pedido que declaren ante el juzgado otras diez personas, entre ellas los presidentes de la Diputación de Segovia, Javier Santamaría, del PP, y de la Cámara de Comercio, Jesús Postigo, mientras reconoció a Efe que este proceso es muy complicado y ya cuenta con 1.000 folios, aunque fue ayer cuando comenzaron las declaraciones.

Según el denunciante, Soto no supo responder por qué la Dirección General de Comercio de la Junta de Castilla y León, 17 días antes de la creación de la sociedad, sabía que Caja Segovia iba a contar con el 10,1% del capital de constitución.

Para Atilano Soto, la denuncia de Carrasco, presentada en enero de este año, se produjo unos meses después de que Segovia 21 no adjudicara una consultoría a una empresa vinculada al denunciante que, a su juicio, «no está probando nada, confunde y atropella».