«Una ley no puede hacer milagros, es responsabilidad de todos»

En lo que llevamos de año, 66 mujeres han muerto asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, la última el pasado domingo. El próximo mes de diciembre se cumplirán tres años de la promulgación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y Francisca Verdejo Torralba, miembro de la asociación Jueces para la Democracia y del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, aseguró ayer que «no se puede estar contento con su aplicación si esa aplicación no ha dado, en principio, los resultados que uno esperaba. Ayer (por el domingo) teníamos noticia de la última mujer muerta, que desgraciadamente deja de ser noticia», «pero bien es verdad que una ley, a tres años de su entrada en vigor, no podía hacer milagros», porque atajar la violencia de género «no es un problema judicial. Es función de todos -desde el ámbito judicial, educativo, sanitario, social y desde las administraciones públicas, cuyo principio de subsidiareidad proclama la ley-, no parar en esta lucha».

Francisca Verdejo subraya que ese «descontento» con el grado de desarrollo de la ley no debe entenderse como una crítica a la ley, «que es un instrumento adecuado» en esta lucha, «ni como un intento de devaluar su efectividad, ni de minusvalorar lo que se ha hecho hasta ahora».

Y pone como ejemplo que desde que se puso en marcha la ley, «en el Consejo de Ministros se han adoptado, a fecha de hoy, si no me equivoco, 500 medidas en materia de lucha contra la violencia de género. Si me dice que es poco, le podría decir que posiblemente no se hayan notado o son las grandes desconocidas. ¿Queremos más? Sí».

Y a continuación matiza: «No digo que la ley no se esté desarrollando, digo que no se ha desarrollado lo suficiente, porque todo va más despacio de lo que a veces nosotros quisiéramos». «Es verdad que nos hubiera gustado que hubiera tenido unos efectos mucho más inmediatos, pero reflexionando tranquilamente es evidentemente que no podía ser». «Las cosas no se consiguen en un día, más cuando es problema cultural, algo que viene de muchísimos años».

Momento de reformas

La magistrada también defiende que ha llegado el momento de emprender algunas reformas, que resume en «la necesidad de clarificar las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», reformas de los preceptos penales que deben ir acompañadas de «la adecuación y dotación con los medios necesarios de todos los órganos jurisdiccionales que tienen competencias para dar este tratamiento integral a todos los casos».

Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal esta magistrada señala que «es algo que se viene pidiendo desde todos los sectores jurídicos, porque todos los juzgados estamos trabajando con una ley del siglo XIX y esto no puede ser».

«En los Juzgados de Violencia sobre la Mujer quizás esa reforma sea mucho más necesaria, porque se han introducido elementos de atribución de la competencia que han provocado distorsiones y muchos conflictos, y eso perjudica el principio de seguridad jurídica e igualdad».

Francisca Verdejo también cree necesario desarrollar los primeros 32 artículos de la ley, «que son completamente ajenos a la actividad jurisdiccional», y afrontar de una vez las reformas que recogen las disposiciones adicionales.