Ramona Maeso encendió la chispa de la revuelta

Aquello parecía una mera disputa entre mujeres. Era el 22 de junio de 1856. Con la Plaza Mayor abarrotada, la panadera Ramona Maeso Sardón y una clienta apodada «La Madrileña» discutían con acaloramiento. Hasta que la segunda dio la voz de alarma: Ramona quería subirle un cuarto el precio del pan, y eso no se podía tolerar. De manera sorprendente, fueron llegando más y más mujeres hasta sumar 200 personas, enfurecidas, frente al Ayuntamiento. Todas apoyaban a «La Madrileña» contra los abusos de panaderos y fabricantes de harinas. El motín era una realidad y sus consecuencias serían impensables no solo para los regidores, sino también para el gobierno progresista liderado por Espartero. Ya lo dirá, meses después, el promotor fiscal:

«El alfa y omega de los sucesos de que se trata, son la quimera particular que se trabó en la procesada llamada la Madrileña, y la panadera Ramona Maeso Sardón, y las ejecuciones sangrientas que hasta ahora se han realizado, y de las que se tendrán que realizar. Las expresadas dos mujeres disputan, riñen, se pegan, porque la panadera pretende vender el pan a mayor precio que aquel a que lo había vendido en aquella mañana misma, aprovechándose de la escasez. Lo que era cuestión de dos personas se hace cuestión de muchas, y todas se ponen de parte de la compradora la Madrileña (…) y cuando la Autoridad local se presenta, se las tiene que haber con gentes que ya tumultuariamente le piden pan, preocupadas y alarmadas con la idea de que, o por carestía o por escasez, no van a tenerlo aquel día que comer; y aquí principia a desbordarse el torrente de los sucesos». Aunque el epicentro de la revuelta se situó en los días 22 y 23 de junio de 1856, los orígenes eran remotos. Así lo ha demostrado en varios artículos Javier Moreno Lázaro. Factores como la demanda de trigo español en mercados extranjeros a causa de la Guerra de Crimea (1854-1856), las malas cosechas y la consiguiente subida del precio del pan, artículo de primerísima necesidad, el incremento del paro entre las clases populares y la subida de impuestos a mediados de aquel año fueron una mezcla explosiva.

Hambrientos y sin trabajo, abocados muchos a la mendicidad, cientos de vallisoletanos se lanzaron contra quienes consideraban los principales culpables de su miseria: panaderos, fabricantes de harinas -a los que acusaban de especular y de provocar, por tanto, el encarecimiento del pan-, y autoridades locales. Por eso lo primero que hicieron fue saquear el edificio consistorial, presidido entonces por Dionisio Nieto, destrozar cuanto pudieron y apoderarse de la campana del reloj «para tocarla a somatén». Luego fueron a por el gobernador, Domingo Saavedra, que intentó huir y refugiarse en las inmediatas dependencias militares de San Benito. La escena era impactante: en su fuga, Saavedra perdió el sombrero, recibió un duro golpe en la cabeza y hasta un navajazo en el muslo. A punto estuvieron los amotinados de tirarle al foso del Alcázar. Luego arremetieron contra fábricas harineras situadas en el entorno del Canal de Castilla, llegando a incendiar tres de ellas, destrozaron almacenes, causaron graveas daños en empresas, arremetieron contra el fielato del Puente Mayor y saquearon domicilios de harineros poderosos, cuyos apellidos aún resuenan en el imaginario colectivo: Semprún, Suárez Centí, Aldea, Iztueta, Lecanda, Fernández Vítores, Viuda de Alegre, etc.

Alcalde y gobernador estaban desbordados. Aunque el primero había forzado una leve bajada del precio del pan, la demanda sobrepasaba las existencias de trigo y los panaderos no lo cumplieron. La represión fue durísima. Joaquín Armero y Peñaranda, capitán general de Castilla la Vieja, presionó al gobernador y consiguió que se proclamase el Estado de Guerra. Dividió la ciudad en cuatro sectores, movilizó a la población y al Ejército, efectuó numerosas detenciones y en pocas horas, concretamente a las dos de la tarde del 23 de junio, logró que la tranquilidad volviera a las calles. No así en Palencia, Medina de Rioseco y otros pueblos de la provincia vallisoletana como Mojados, Cabezón y Arroyo de la Encomienda, donde los disturbios fueron sonados. Podría decirse que hasta el 29 de junio no se restauró completamente el orden. «Solo en la fábrica de Semprún ardieron 17.000 arrobas de harina, 4.000 fanegas de trigo y 7.000 de salvado. Los daños materiales ascendieron a 3 millones 160 mil reales», señalará posteriormente el fiscal, Buenaventura Alvarado.

El informe del gobierno, encargado al ministro Patricio de la Escosura, despejaba toda intencionalidad política a pesar de que desde la prensa afín a Espartero se hablaba de conspiraciones anarquistas y socialistas. No había duda alguna sobre la causa profunda de las algaradas: todo se debía, básicamente, al hambre que atenazaba a los menesterosos, Pese a ello, no hubo piedad con los apresados y juzgados. 21 hombres fueron fusilados, muchos de ellos junto a las mismas fábricas incendiadas, y 3 mujeres fueron ajusticiadas a garrote vil. Pero los motines del pan de Valladolid y Palencia tuvieron consecuencias políticas de envergadura: el Ayuntamiento vallisoletano dimitió en bloque pocos días después, y también provocaron la caída del gobierno progresista de Espartero.

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