Los bulos de un dictador contra El Norte de Castilla y su propietario

«El proceso contra don Santiago Alba queda desde luego abierto, que a este lo denuncia la unánime voz del país y queda también procesado el que siendo jefe del Gobierno y habiendo oído de personas solventes e investidas de autoridad las más duras acusaciones contra su depravado y cínico ministro, y aun asistiendo a ellas, ha sucumbido a su influencia y habilidad política sin carácter ni virtud para perseguirlo, ni siquiera para apartarlo del Gobierno». Era la declaración de intenciones de Miguel Primo de Rivera a las pocas horas de dar el golpe de Estado que en septiembre de 1923 terminó con el sistema político de la Restauración e impuso, durante siete años, una dictadura militar.

Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña hasta ese momento, puso a Alba, a sus seguidores de la Izquierda Liberal y a su periódico, El Norte de Castilla, en el punto de mira. Se sirvió incluso de un periodista, Manuel Delgado Barreto, director de 'La Acción', para difundir bulos sobre el empresario y ex ministro de Estado, describiéndole como un vividor que desfalcaba sin parar. Y es que Alba había desairado a militares, grandes empresarios, políticos conservadores y estamentos reaccionarios por varias razones: por haber primado el poder civil en Marruecos; por haber negociado con los indígenas marroquíes la liberación de los militares españoles presos tras la terrible derrota de Annual (1921); por mostrarse afín a los postulados educativos de la Institución Libre de Enseñanza y haber suspendido, cuando era Ministro de Instrucción Pública, la obligatoriedad de la enseñanza del catecismo en las escuelas públicas; y por haber propuesto gravar los beneficios extraordinarios de guerra.

La campaña de difamación lanzada por el dictador y sus satélites mediáticos presentaba a Alba como arquetipo de cacique y perpetrador de numerosos delitos: adjudicación arbitraria de almadrabas en Marruecos, sustracción de nueve millones de pesetas, realización de labores de contrabando, apropiación indebida del coche oficial con el que pasó la frontera refugiándose en Biarritz antes de pasar a Paris, donde se había exiliado, e irregularidad en la concesión de la línea férrea de Valladolid a Tordesillas y de Tordesillas a Cubo del Vino para beneficiar a la empresa 'Guillén, Zorrilla y compañía'. Primo de Rivera llegó al extremo de a enviar a Valladolid a un instructor, José Álvarez Rodríguez, que actuó ilegalmente como juez especial investigando todas las cuentas de Alba, el estado de sus empresas, etc., con la ayuda y complicidad del nuevo gobernador civil, Pablo Verdeguer Comes, ex concejal albista en Valencia. Álvarez instruyó 29 sumarios usurpando funciones, encarcelando a seguidores de Alba e investigando bienes a más de 500 personas.

La campaña contra Alba incluyó medidas de represión económica y política, tanto para él como para sus seguidores. Primo de Rivera ordenó clausurar el Círculo Liberal, presidido por Enrique Gavilán, el 27 de octubre de 1923, y dio orden a los medios de comunicación escritos, incluido El Norte de Castilla, de no publicar fotografía alguna del político. Al mismo tiempo, albistas confesos que se habían significado por defender a su líder sufrieron penas diversas: fueron encarcelados Nicolás Pedrosa (tres días en Chancillería por hallarse un manifiesto republicano en su cajón del periódico), Eduardo López Pérez (30 días en Medina del Campo, acusado de participar en las algaradas estudiantiles de 1929), y León del Río Hortega (depositario de los fondos municipales de Olmedo, acusado de prevaricación y obligado a pagar 5.000 pesetas para salir de prisión).

Otros fueron desterrados, como Lepoldo Stampa a Guadalajara, Emilio Gómez Díaz a Soria, Pedro Carreño, administrador de la Electra, a Toledo, Francisco de Cossío, a quien se cesó como director del Museo y se desterró un año a París por el artículo «Cazadores de gorras», publicado en El Norte de Castilla el 10 de junio de 1924, y dos semanas a las Chafarinas por otro publicado en 'La Razón' de Buenos Aires. Hasta Federico Santander y Antonio Royo-Villanova fueron procesados por emitir y escribir opiniones contrarias al régimen dictatorial.

El Norte de Castilla, del que Alba era propietario, tampoco pudo escapar de la persecución. Se le impusieron multas cuantiosas por no publicar notas oficiales como quería el dictador, y en total estuvo 23 días suspendido. Pero la dictadura se topó de frente con el muro de la verdad: si ya en julio de 1924 el Tribunal Supremo había ordenado suspender todos los procesamientos por entender que José Álvarez Rodríguez se había excedido de sus funciones, en noviembre de 1926 ordenaba el sobreseimiento de todas las causas contra Santiago Alba y contra los albistas Francisco Zorrilla, Julio Guillén, Feliciano Navarro, Rodríguez de Arellano y Federico Santander. La dictadura, empero, silenció hasta el final ambas sentencias.

El resarcimiento público solo llegó en febrero de 1930, cuando se hizo pública la absolución, ya con Dámaso Berenguer al frente del gobierno, y por parte del Colegio de Abogados de Madrid. Dos años después, José Álvarez Rodríguez era condenado a un año y ocho meses de prisión correccional por prevaricación y usurpación de cargo, pero en abril de 1931 se benefició de la amnistía prometida por el nuevo gobierno republicano, pues, según se decía, no lo hizo por móviles mezquinos sino «por convicciones ideológicas» y «por admiración a determinadas instituciones».

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