Lindorff arranca el proceso de un ERE con la intención de «reducir al máximo» los despidos

La mesa que negociará el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la empresa Lindorff se constituirá hoy, iniciándose así un proceso con el que la dirección de la compañía noruega de cobro de impagados pretende aplicar un plan de ajuste tras dos procesos de fusión en marcha. El anuncio se comunicó el pasado 23 de febrero a los sindicatos, y el total de empleados de las tres mercantiles afectadas asciende a 1.697 en España, de los que 685 trabajan en el centro vallisoletano de La Cistérniga.

Dedicada a la gestión del recobro de deudas para entidades financieras, como Banco Santander, Sabadell, BBVA, Barclays o Banco Mare Nostrum, Lindorff está presente en doce países.

Más de quince días después del anuncio del ERE, los responsables de Recursos Humanos de Lindorff conocerán hoy la constitución de la mesa sindical, en la que por parte de los trabajadores estarán representantes de los sindicatos CC OO, CGT y UGT. Inicialmente acudirán cinco, cuatro y un miembro de cada organización.

Luis Alonso, delegado de UGT en Lindorff, explicó que «por el momento» no disponen de información sobre a cuántos empleos va a afectar. «Lo que sabemos es que no es por causas económicas, sino organizativas, ya que estamos en un proceso de fusión en España».

La dirección de la compañía ha comunicado que entre los días 12 al 15 de marzo facilitará al comité toda la información sobre este ajuste. La ley obliga a justificar la medida.

Fuentes de la empresa indicaron que «se está trabajando en el número de personas afectadas para tratar de que sea lo más reducido posible. Además, se plantearán planes de recolocación», añadieron.

La plantilla de Lindorff es joven, con una media de edad de entre 30 y 45 años. Sus retribuciones vienen fijadas dentro del convenio estatal de Contact Center 2017 (antes de Telemarketing), y la media es de unos mil euros mensuales, a los que se pueden añadir incentivos de más de 200 euros por campañas.

«Es cierto que hay una gran incertidumbre porque muchos de los trabajadores no han vivido un ERE nunca. Todos estos días, la gente ha seguido realizando su trabajo a la espera de que se confirmen ya los datos y la dimensión de esta regulación de empleo. Por ahora no podemos hacer nada», dijo Alonso, quien tiene claro que se convocarán movilizaciones contra este plan de ajuste.

La incógnita durante la semana pasada era conocer si el centro de Valladolid va a ser uno de los más afectados por esta reestructuración que también afecta a las empresas Aktua Soluciones Financieras (con sedes en Alicante, Alcobendas, Almería, Baleares, Barcelona, Granada, Málaga, Madrid, Murcia y Valencia) y a Aktua Soluciones Inmobiliarias (con centros en Murcia y Zaragoza). En todos ellos trabajan 1.697 personas, incluidas las 685 de La Cistérniga.

El director general de la compañía noruega, Alejandro Zurbano, justificó hace dos semanas el plan de ajuste por «la unificación de los procedimientos para consolidar una estrategia de crecimiento y racionalizar la organización de Lindorff y Aktua».

Los otros sindicatos que tendrán que negociar son CC OO y la Confederación General del Trabajo. CGT advirtió en septiembre de 2017 que «lucharía para mantener los puestos de trabajo y contra la deslocalización de los mismos». En este sentido, la Unión Europea ha autorizado la fusión de Lindorff con la sueca Intrum Justitia, dedicada esta última a gestionar servicios de crédito en Europa.

En junio, la primera disponía de 4.400 empleados en doce países, mientras que la compañía de Estocolmo tenía otros 4.000 en 20 estados. La CGT señaló en septiembre pasado que Lindorff decidió montar un centro en Colombia «deslocalizando nuestro trabajo».

Lindorff llegó a La Cistérniga en 2008 con una actividad diferente a la de un polígono industrial, como es el de La Mora. Hoy se ha convertido en una pieza esencial para el sistema financiero en periodo de crisis, como es el recobro de los impagados que se generaron no solo por bienes inmobiliarios, sino también con los préstamos de consumo (electrodomésticos, coches y muebles). En la mayoría de los casos se trata de cantidades inferiores a 8.000 euros.

La empresa fue creciendo ejercicio a ejercicio a medida de que se iba quedando con los ‘activos tóxicos’ de las entidades. El procedimiento de recobro es doble; por un lado, se ponen en contacto con el deudor para renegociar el importe, buscar salidas con plazos, o advertirle de que los procedimientos de reclamo pueden realizarse en los tribunales con el consiguiente aumento de la deuda por costas judiciales.

Además, la mercantil se ha quedado a menor precio con algunos de los productos más incobrables de las entidades financieras, y se encarga de presentar las demandas en los juzgados de Primera Instancia de las ciudades en las que residen los deudores.