El condenado por estafar 43.000 euros en cocinas en Medina no entrará en prisión

El industrial había sido condenado por la Audiencia de Valladolid, como así ratificó posteriormente el Tribunal Supremo, por cobrar anticipos a catorce clientes por importe global superior a los 43.000 euros y no entregar los pedidos.

El fiscal había pedido para él tres años de prisión y la acusación particular cuatro, que finalmente quedaron reducidos a dos que no cumplirá, una vez atendida por el tribunal la petición en este sentido cursada por su defensor, siempre y cuando G.C.S. no vuelva a delinquir en los próximos cinco años, pague religiosamente las indemnizaciones a sus víctimas y notifique todo cambio de domicilio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La sentencia consideró al empresario autor de un delito continuado de estafa y, junto a la pena de dos años de cárcel, le impuso en concepto de responsabilidad civil la obligación de indemnizar a catorce de los veinte denunciantes -al resto les remite a la vía civil- en la cantidad de 43.600 euros, más los intereses correspondientes.

La Audiencia de Valladolid entendió que el acusado, «aparentando una solvencia empresarial de la que carecía -la empresa empezó con problemas económicos en 2014- y vulnerando el principio de confianza en el tráfico mercantil y la buena fe negocial» continuó formalizando contratos por la instalación de cocinas hasta incluso días antes del cierre de la mercantil, en mayo de 2015, a sabiendas de que no iba a poder afrontar los pedidos.

En el caso de su esposa, N.M.B, el tribunal acordó su absolución al «no constar suficientemente acreditado que tuviera un carácter relevante en el seno de aludida mercantil, más allá de atender el local en que estaba ubicada la misma efectuando labores de limpieza o contestar las llamadas telefónicas que en él se recibían, cuando su marido y coacusado se encontraba ausente».

Durante el juicio, el condenado atribuyó lo ocurrido a la mala situación por la que atravesaba la mercantil entre los años 2014 y 2015 y explicó que no había podido resarcir a los afectados hasta el día de hoy por tener sus cuentas «bloqueadas» por orden judicial.

G.C.S. negó que en el momento de formalizar los contratos por el montaje de las cocinas supiera perfectamente que no iba a poder atender los pedidos y, en tal sentido, recordó que durante los años 2012 y 2013 montó unas 200 cocinas por cada ejercicio y que en 2014 su establecimiento llegó a instalar otras 51 sin contratiempo alguno, a mayores de las reclamadas.

Fue a partir de ese año, con un balance negativo de -13.000 euros, y el primer trimestre de 2015 cuando la situación «económica sobrevenida» provocó el incumplimiento de parte de los contratos suscritos con los clientes, si bien el acusado apostilló que en otros casos llegó a montar parte del mobiliario por importe superior a la señal recibida y que en otros no pudo ni siquiera empezar la instalación debido a que los pisos se encontraban en obras.

La tienda cerró finalmente sus puertas el 1 de mayo de 2015, y ello a pesar de que hasta finales de abril se siguieron formalizando contratos.

«Iba soportando la situación para no quedarme en la calle, pero no sabía que tendría que cerrar finalmente», sostuvo G.C.S, quien exculpó de todo a su esposa, de la que aseguró que, a pesar de ser cotitular del negocio, se limitaba a limpiar y coger el teléfono cuando él estaba fuera tomando medidas en las viviendas de los clientes.

«Teníamos un sueldo de mil euros que muchas veces no cobrábamos y el dinero de los clientes lo utilizábamos para pagar al proveedor por la cocina anteriormente montada», alegó el procesado, quien aseguró igualmente que no había podido devolver el dinero a raíz de su detención y el bloqueo de sus cuentas por parte del Juzgado de Medina del Campo.

«Esperaba haberlo hecho con el mobiliario de la tienda, el furgón y otra serie de bienes, pero todo ha quedado bloqueado e incluso han acudido a mi casa para embargarme hasta las bicicletas de mis niños», lamentó G.C.S, que, al igual que su esposa, explicó que desde entonces viven de las ayudas de familiares. «¡Si no tengo ni para comer, cómo voy a devolver lo que me reclaman!», apostilló su mujer.

Su versión de los hechos es muy distinta a la de los distintos clientes que fueron exponiendo su particular situación y que corroboraron el fondo de las denuncias presentadas por haber abonado anticipos a cuenta y no haber visto materializado el montaje de su cocina.