Teresa López: «La irregularidad existe y necesitamos saber qué y cómo se produjo»

Tras un parón en el mes de diciembre debido a la no presencia de los concejales populares, la comisión de investigación sobre las obras de urbanización de la antigua Nacional N-VI se retomó durante la jornada de ayer en el Ayuntamiento de Medina del Campo. La sesión, que tuvo una duración de poco más de una hora, concluyó con la petición de nueva documentación por parte de la portavoz del PP, Olga Mohíno, y su compañera de filas, Natalia Peinador.

En la nueva documentación solicitada, que se sumará a los más de 40 expedientes (cientos de folios) los populares exigen, «con buen criterio», según aseguró la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, todos los papeles y los informes existentes en los que se pueda ver y demostrar qué es lo que ocurre con la décima certificación de la obra y dónde se paralizan los trámites intermedios del mismo.

Hay que recordar que esta décima certificación de la obra es el objeto de una reclamación judicial por parte de la concursal de SYH (empresa que realizó las labores de reurbanización de la antigua travesía a su paso por el casco urbano del municipio) que solicita vía juzgado alrededor de 300.000 euros a las arcas municipales por unas obras realizadas en 2008 y 2009 bajo mandato del exalcalde popular, Crescencio Martín Pascual.

Los 300.000 euros reclamados se desgranarían en la décima certificación, que según la administradora concursal de SYH, ascendería a 67.221,35 euros, el reintegro de los intereses desde el año 2008 y también se reclama el importe del proyecto modificado que asciende a 76.464,22 euros y un suplemento de crédito de 190.000 euros.

Por el momento, la comisión de investigación tiene claro que al parecer en el Ayuntamiento se registró el modificado previo a la décima certificación pero no se tramitó según la normativa legal vigente. Es decir que ese modificado una vez registrado debería contar con un informe favorable de los técnicos competentes de la Concejalía de Urbanismo y pasar por el área de Intervención para retener el crédito suficiente para hacer frente al pago. Una vez que se hubiera tenido el informe favorable de Urbanismo y la retención de crédito, el modificado debería haber sido aprobado en pleno o en junta de gobierno local. Por el momento, y según la alcaldesa, «todos estos trámites no se realizaron por lo que la irregularidad existe y ahora necesitamos saber quién, cómo y en qué condiciones se produjo». La próxima sesión será el jueves 16 a las doce de la mañana. Con la incorporación de la nueva documentación solicitada por el PP, la fase documental se dará por concluida ya que según López «no podemos convocar las comisiones para pedir más documentación cuando ya hay multitud de documentación y necesitamos ir avanzando».

Una vez finalizada la fase documental, el próximo jueves se iniciará la convocatoria de la fase de comparecencias y se marcará un calendario para que los testigos, técnicos y los responsables políticos de aquella época (Crescencio Martín Pascual y el exconcejal de Urbanismo, Javier Rodríguez) den su testimonio sobre los ocurrido y se clarifique todo antes de que el Ayuntamiento pleitee en los juzgados.

Además, también se fijará la comparecencia de la funcionaria titular de la jefatura del servicio municipal de urbanismo. Esta funcionaria lleva de baja cerca de un año. La interventora de aquel entonces (años 2008 y 2009), el arquitecto técnico o los representantes de la empresa de Construcciones y Obras Enricar S.L también fueron propuestos por López para que aporten las declaraciones necesarias y esclarecer la décima certificación.

«No nos convocaron»

Además de solicitar esta nueva documentación los populares, quisieron dejar claro y que constara en acta que «no nos convocaron a la pasada comisión de investigación tal es así que no existe acta. Para ellos (haciendo referencia al equipo de gobierno) esta es la tercera comisión pero para nosotros es la segunda. Lo que habéis dicho en los medios de comunicación es que no hemos asistido pero no nos han convocado». Según el acta rubricada por el secretario del Ayuntamiento del 16 de noviembre (comisión a la que sí acudieron) se fijó el 13 de diciembre como la próxima reunión.