El TSJ desestima la pretensión de Santa Ana para que Vega Sicilia arregle la urbanización

Prácticamente es el fin de la vía judicial para los vecinos de la urbanización Santa Ana, a no ser que lo intenten en casación ante el Supremo. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso presentado por los propietarios de este desarrollo, situado en la margen derecha del Camino Viejo de Simancas, para que el Ayuntamiento ejecutara el acuerdo adoptado el 22 de noviembre de 2013, con gobierno del PP, en el que se endosaba a Bodegas Vega Sicilia, promotora del desarrollo a principios de los noventa, la responsabilidad para arreglar los daños urbanísticos en esta zona, valorados por encima de los 600.000 euros.

La sentencia, dictada el pasado 11 de noviembre, sigue los argumentos del Juzgado de lo Contencioso número 2 y descarta esta posibilidad al haber quedado sin efecto aquel acuerdo municipal por otro posterior, adoptado por el ejecutivo que preside Óscar Puente el 10 de febrero de 2016, en el que se eximía a la empresa vitivinícola de cualquier responsabilidad.

Los nuevos gestores del Consistorio consideraron que la referencia que se hacía a la bodega en una sentencia de 2013 no era suficiente para cargarle con los gastos. En aquella resolución, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, no se hacía referencia a quién era el obligado a la conservación y tampoco había ninguna alusión a la compañía en la parte dispositiva. Así las cosas, la junta de gobierno revocó el acuerdo que rubricó el Partido Popular, que se agarró a una referencia a la promoción de la urbanización en 1991 para que los arreglos recayeran en la prestigiosa marca de caldos.

Presos del PAU

Esta última sentencia del TSJ, que carga las costas judiciales a los vecinos, es el enésimo capítulo de un largo proceso de reclamaciones, que han pasado por tres alcaldes. Y es que Santa Ana, al igual que Fuente Berrocal, se desarrollaron en época de Rodríguez Bolaños bajo la figura urbanística del PAU, un modelo ya extinguido que se planteó para barrios alejados de la trama urbana, que obligaba a que los propietarios de las viviendas asumieran los costes de mantenimiento a través de la denominada entidad urbanística de conservación. En Fuente Berrocal se constituyó, pero en Santa Ana, no, mientras que ha ido en aumento el deterioro de las zonas comunes de esta urbanización.

El pasado mes de abril el Partido Popular presentó una moción al pleno del Ayuntamiento en la que se instaba al gobierno municipal a abrir una negociación con las entidades urbanísticas de ambas zonas residenciales para su plena integración jurídico administrativa y orgánica en la estructura urbana.

A juicio del principal partido de la oposición, no tiene sentido que ambos desarrollos mantengan esta situación «anacrónica» cuando están plenamente integrados en la ciudad. Pero la iniciativa no prosperó. PSOE, Toma la Palabra y Sí Se Puede votaron en contra tras reprochar a los populares que exigieran algo que ellos no habían hecho desde que en 2004 se recibieran las obras de esta área con 450 chalés.

«La situación actual ha hecho empeorar las cosas a los vecinos. Siguen siendo responsables de costear el arreglo de la urbanización y el mantenimiento de los servicios y, encima, han tenido que pagar abogados y procuradores y ahora las costas. Si el tripartito hubiera aceptado nuestra moción, se podría haber llegado a una solución pactada, que les hubiera ahorrado a los vecinos tiempo y dinero», sostiene el portavoz del PP, Jesús Enríquez, quien insiste en que el problema lo generó el exalcalde socialista Rodríguez Bolaños.

Enríquez considera que es urgente buscar a una solución, algo que comparte el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia. El primer teniente de alcalde se muestra dispuesto a abrir una ronda de contactos con las comunidades de propietarios de Santa Ana para que el Consistorio y los vecinos acuerden un convenio de colaboración, que concluya con la asunción total de esta urbanización y también de Fuente Berrocal por parte del Ayuntamiento. Pero antes se quiere dejar claro a quién le compete arreglar los desperfectos de Santa Ana, una obra cuyo coste se estima entre los 600.000 y el millón de euros. En la actualidad este barrio residencial de casas unifamiliares presenta importantes daños en las aceras, viales y en los parques comunes, descuidados y con el mobiliario urbano muy dañado.

La disposición para poner fin a esta situación existe, al menos sobre el papel, otra cosa es que se materialice de forma ágil y haya determinación para afrontar un importante desembolso.