La Audiencia ordena tomar declaración a León de la Riva como investigado por la firma de la 'comfort letter'

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha acordado revocar el sobreseimiento de la causa abierta contra el exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva por la firma de la carta de conformidad ('comfort letter') al crédito del soterramiento, que rubricó en 2011 con las entidades que financian la operación. En un auto, notificado esta misma mañana, la sala ordena tomar declaración al veterano político en calidad de investigado «para que pueda dar las explicaciones que considere oportunas» y manda citar también al interventor municipal y el secretario general del Ayuntamiento para que aporten su versión en calidad de testigos.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid había decretado el archivo provisional al entender que debía ser la jurisdicción administrativa o contencios- administrativa la que debía resolver sobre la validez o no del acto realizado y que ha dado lugar a la denuncia formulada por el equipo de gobierno que preside Óscar Puente.

En el auto de hoy se ordena practicar diligencias al apreciar indicios de un posible delito de prevaricación y otro de falsedad por haber rubricado ese aval sin haber seguido los procedimientos legalmente establecidos, tal y como dictaminó el Consejo Consultivo de Castilla y León. Respecto a la falsedad, el auto destaca el punto número 4 de la 'comfort letter' en el que se lee que esa firma se llevó a cabo con todas las autorizaciones, acuerdos y consentimientos necesarios para su válido otorgamiento.

Tanto la Fiscalía como el propio Ayuntamiento habían presentado un recurso contra el archivo provisional. La Audiencia Provincial subraya que en los informes emitidos tanto por la Intervención del Ayuntamiento como por la Secretaría General del Consistorio se manifiesta el desconocimiento de dicha carta de compromiso y, por ello, considera que habrá que investigar también la participación o no de terceras personas en la firma de dicho aval.

El Ayuntamiento ya ha declarado la nulidad de pleno derecho de esta garantía bancaria, que comprometía las arcas municipales en 100 millones de euros en el caso de que no se cumpliera con el contrato de péstamo de 400 millones que la Sociedad Alta Velocidad firmó con las seis entidades.