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Víctor Vela
Lunes, 15 de agosto 2016, 16:57
¿El precio del pincho de la feria?«2,80 euros, como el año pasado», responden con rotundidad desde el Ayuntamiento y en la Asociación de Hostelería cuando se les pregunta por las tarifas que aplicarán las 101 casetas que este año participarán (del 2 al 11 de septiembre)en la Feria de Día. Serán 2,80 euros y lo anuncian de forma clara y decidida, a pesar de la propuesta de 19.895,20 euros de sanción (recurrida)después de la denuncia presentada en septiembre del año pasado por la asociación Facua-Consumidores en Acción, que considera que este precio fijo (en 2015 subió de 2,50 a 2,80 euros) «pone límites a la libre competencia». El presidente del colectivo de consumidores en Castilla y León, Jesús Ulloa, ya ha avisado:«Si vuelven a acordar un precio único, si insisten en que todos cobren 2,80 euros, este año volveremos a presentar una denuncia».
El pasado 6 de julio, el Tribunal para la Defensa de la Competencia informaba del dictamen en el que hablaba de una «concertación de precios» prohibida en la Ley de Defensa de la Competencia y en el que instaba a los hosteleros a «abstenerse de realizar dicha concertación de precios o similar en el futuro». Esta propuesta ha sido recurrida por la vía administrativa sin que, de momento, haya respuesta a este recurso que, seguramente, no llegará hasta después de septiembre, cuando ya se haya celebrado la próxima Feria de Día.
Y entonces, ¿qué? Las bases para la edición de este 2016 (publicadas el 13 de junio)dicen textualmente:«Todas las casetas ofrecerán y publicitarán de forma expresa y visible al público, como mínimo una tapa y bebida especial de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo a un precio de 2,80 euros, siendo obligatorio tenerlo a disposición del público durante todo el periodo de apertura. Igualmente tendrán visible la lista de precios del resto de productos que se expendan».
El presidente de los hosteleros, Jaime Fernández, hizo una consulta al Tribunal de la Competencia de Castilla yLeón sobre la situación en la que quedaba la Feria de Día de este 2016. Y el pleno del tribunal contestó el 7 de julio (un día después de que se conociera el dictamen para la sanción). Decía que el protocolo suscrito entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación Provincial de Empresarios para la organización y desarrollo de la Feria de Día de 2016 «no contiene elementos que vulneren la competencia».
Otros pinchos
El alcalde, Óscar Puente, subraya que el pincho de la feria es tan solo uno de los muchos que se pueden consumir durante esos días de fiesta en las barras callejeras que se instalan en Valladolid. Y que el texto deja muy claro eso del «resto de productos». «Cada hostelero puede, libremente, ofrecer otros pinchos, los que quiera, a un precio mayor o más barato. Hay absoluta libertad para eso. Y libertad para que cada hostelero elija el pincho que quiere vender a 2,80. Puede ser una sardina o caviar de beluga. Y ahí el margen no es el mismo», dijo el alcalde, el pasado 28 de julio, durante la presentación del programa de fiestas para este año. Y allí añadió:«¿Este es el principal motivo de preocupación para los consumidores del país y los empresarios de la ciudad? Sinceramente, creo que la cuestión última es política». Sobre todo porque, entiende Puente, la Feria de Día ha tenido todos los años un pincho con precio compartido por todas las casetas. Esto es así desde los orígenes de esta celebración, en el año 2000, cuando se cobraban 300 pesetas (al cambio, 1,80 euros) por el pincho y la bebida de feria. Al año siguiente, ya con la nueva moneda, se subió a dos euros (precio que se mantuvo hasta 2006). Entre 2007 y 2014 el precio fue de 2,50 euros. Y en 2015, después de ocho ediciones congelado, volvió a subir. La diferencia del año pasado es que el Ayuntamiento cedió la gestión de la Feria de Día a los hosteleros, que las organizaron de forma directa. Y este fue el enganche usado por los consumidores para presentar esta denuncia.
Sin embargo, el presidente de la asociación de hostelería, Jaime Fernández, alegó ante la Consejería de Economía y Hacienda (de la que depende el Servicio para la Defensa de la Competencia) que «aunque en el año 2015 la Asociación de Hostelería aparece como organizadora del evento y el Ayuntamiento como colaborador, la regulación de esta actividad sigue sometida al mismo régimen especial de años anteriores»y que, por lo tanto, «se mantiene que todas las casetas pongan a disposición del público, como mínimo [en el escrito enviado subraya este como mínimo], una tapa y bebida a un precio no superior a 2,80 euros». Fernández explica que con esto se pretende «atraer más clientes», que pueden encontrar más oferta al margen de esta promoción.
La concejala de Cultura, Ana Redondo, confía en que la resolución al recurso presentado por los hosteleros «pondere los intereses».«Por un lado, el de salvagaduardar la competencia y libertad de empresa, pero también el interés general de no exceder un precio módico y asequible para el gran público. Solo se fija un precio para el pincho de feria (y ahí cada cual puede ofrecer el que quiera conforme a sus intereses)y luego está el resto de productos», insiste Redondo. Y en el escrito remitido al expediente por la concejalía de Cultura se refiere:«Las bases de participación se consensuaron en los mismo términos que en ediciones anteriores y el Ayuntamiento estableció, como condición pública del evento, que se mantuviera el producto Pincho de feria, con la única variación de autorizar un pequeño incremento del precio, dado que este se había mantenido invariable durante varios años».
Acta y acuerdo
Desde el servicio de Defensa de la Competencia, como base para la sanción, explican que el acta de la asamblea de la Asociación de Hosteleros del 29 de junio de 2015 recoge cómo se «acuerda modificar el límite máximo del precio del pincho de feria». Por eso entiende que hay un «acuerdo entre empresas mediante el cual se pacta elevar conjuntamente y en medida similar el pecio de venta al público de sus productos», incluso para hosteleros que no son parte de la asociación.«Esta decisión constituye una práctica anticompetitiva que debe ser, por tanto, sancionable» y añade que «la participación de una administración no elimina la vulneración de una ley».
Facua defiende, y así lo consignó en su denuncia, que establecer un precio fijo «afecta directamente a una competencia efectiva entre las empresas de hostelería. Esa eficiencia productiva no se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de sus productos, de su variedad y calidad, con la consiguiente disminución del bienestar del conjunto de la sociedad».
A la espera de la resolución del recurso, el dictamen del Tribunal de la Competencia para este 2016 establece que el protocolo (que fija el precio de 2,80) «no contiene elementos que vulneren la competencia».
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