El Ayuntamiento dice que la gestión pública del agua permitirá no encarecer (tanto) la tarifa

La intención del equipo de Gobierno de recuperar (veinte años después) la gestión pública del agua ha incluido, entre otras variables, el análisis de cómo la remunicipalización del servicio podría afectar a las economías domésticas, al bolsillo de los ciudadanos. Y, entre las cuatro alternativas barajadas, la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, defendió ayer que la opción elegida (sociedad pública 100%municipal) será además la que mejor permita contener las tarifas y provocar menores incrementos en el recibo.

De acuerdo con los informes técnicos elaborados para abordar esta decisión, el nuevo modelo de gestión del agua (que entrará en vigor en julio del próximo año, después de que venza la concesión que desde 1997 explotaba Aguas de Valladolid) provocará una subida total media del 12% durante los próximos 15 años para «garantizar la sostenibilidad del servicio». Sánchez explicó que este incremento se sitúa lejos del 36% del encarecimiento neto (diferencia entre las tarifas y el IPC) registrado entre 1997 y 2016 (el periodo de la concesión). Y que, además, será la opción menos gravosa, puesto que el resto de alternativas obligaba a replantear tarifas más caras para «compartir beneficios con una empresa privada que prima la rentabilidad».Por ejemplo, si se hubiera optado por una gestión pública sin sociedad municipal, el incremento sería del 13,2%, que llegaría al 27,82% si se hubiera elegido la sociedad mixta y alcanzaría el 33,9% con la concesión privada (el modelo actual).

Este incremento estimado del 12% de media en 15 años no será lineal, «sino que quienes menos tengan pagarán en función de sus necesidades», precisó María Sánchez. Los responsables municipales explicaron que la nueva sociedad pública revisará el modelo de tarifas, para lo que será necesaria una modificación de la ordenanza fiscal reguladora, que previsiblemente incorporará premisas ecológicas (pagará más quien más consuma)y de renta (abonarán más quienes tengan más renta). De este modo, y aunque todavía no hay nada concreto, las primeras intenciones de PSOE y Toma la Palabra apuntan hacia exenciones y bonificaciones para las familias con pocos recursos y a que los cálculos de consumo no se hagan sobre unidad familiar, sino en función del número de personas que residen en el hogar (criterio que ya se usa en Málaga o Sevilla) para no penalizar a las familias numerosas o a las viviendas donde viven muchas personas. Y junto a esto, la posibilidad de una cláusula ecológica para gravar el consumo abusivo.

Este estudio de tarifas es uno de los criterios analizados por el equipo de Gobierno para acordar la remunicipalización del ciclo del agua, que desde 1997 está en manos privadas.Pero no ha sido, ni mucho menos, el principal argumento. El motivo al que más apelan tanto PSOE como Toma la Palabra es a la recuperación del control de un servicio público con el objetivo de que «los beneficios [el alcalde los cifró entre 8 y 9 millones anuales] reviertan en la ciudad» para el arreglo de unas redes cada vez más obsoletas que presentan una antigüedad media de 26,3 años (abastecimiento) y 32 años (alcantarillado).

Esto obligará a un importante desembolso (178 millones) durante los próximos 15 años. Los primeros ejercicios serán complicados. Los cálculos dicen que la nueva sociedad podrá autofinanciarse a partir del quinto ejercicio. Hasta entonces, serán necesarias aportaciones extraordinarias, inyecciones que llegarían a través de préstamos bancarios. «Los intereses serán menores de los beneficios que habría que dejar a la concesionaria», defendió Puente.

Gobiernos del cambio

La situación de Valladolid no es exclusiva y son varias las ciudades que, después del cambio político del pasado mes de mayo, han apostado por recuperar la gestión pública del agua. Para ello, aprovechan el vencimiento de los convenios de cesión, la mayoría de ellos firmados a mediados de los años 90, cuando una corriente de privatizaciones recorrió muchos ayuntamientos, que pusieron la gestión del agua en manos de empresas. Es el caso de Santiago de Compostela, de Vitoria, de Sevilla y también Barcelona (que opera con una sociedad mixta). La Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento apunta al extranjero y recuerda que ciudades como París, Berlín o Budapest han emprendido acciones similares de hacer pública la gestión del agua. La misma plataforma calcula que el 57% de la población española se abastece a través de sociedades privadas o mixtas.

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