El servicio de agua volverá a ser municipal dentro de un año

La decisión ya está tomada y también la fórmula elegida para llevarla a cabo. El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento comunicó ayer a la empresa Aguas de Valladolid su intención de no renovar la concesión para la gestión del ciclo integral del agua en la capital (que vence el 30 de junio de 2017), por lo que el Consistorio asumirá la explotación directa a través de una sociedad municipal cien por cien pública (se desestima la opción de una empresa mixta) que pondrá fin a 20 años de gestión privada del agua. La privatización de Asva fue una de las grandes decisiones adoptadas por Javier León de la Riva en su primer mandato (la adjudicación a Aguas de Valladolid tiene fecha 26 de mayo de 1997) y la recuperación pública del servicio se convierte ahora en una de las potentes apuestas del acuerdo PSOE-Toma la Palabra en su desembarco consistorial.

El alcalde, Óscar Puente, y la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, ofrecerán hoy más detalles de una decisión que pretende «mejorar la calidad de un servicio esencial (el agua) que se debe gestionar desde lo público», según han esgrimido en varias ocasiones los responsables municipales, quienes fijaron esta decisión como parte fundamental del acuerdo que ambos partidos suscribieron para formalizar la coalición de Gobierno.

La fórmula elegida para revertir a titularidad pública el servicio es una gestión directa a través de un órgano especial, lo que conllevará la creación de una sociedad municipal(como es Auvasa para el transporte público). Existían las posibilidades de una empresa mixta (en colaboración con un socio privado)o de continuar con la gestión indirecta por concesión, desestimadas ambas después de consultar con varios ayuntamientos que funcionan con estos modelos porque, según fuentes municipales, no garantizan una plena autonomía pública para la gestión del servicio y la resolución de las necesidades.

El Ayuntamiento entiende que con la alternativa elegida se obtienen «beneficios económicos y para el ciudadano». La creación de una sociedad mercantil permitirá obtener ventajas fiscales. Por ejemplo, la cuota del impuesto de sociedades está bonificada al 99%, hay exención de la tributación municipal (IBI, IAE, vehículos)y existen ventajas en la liquidación del IVA. Además, se le dota de autonomía en las cuentas (se consolida en el presupuesto general del Ayuntamiento, pero no se incluye directamente en él), por lo que se encamina a una «autofinanciación» que gestione los resultados de pérdidas y ganancias para «la mejora y sostenimiento del servicio». «Lo fundamental esgrimen en el equipo de Gobierno es que habrá más control para que los beneficios reviertan directamente en la sociedad a través de la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento», que presentan graves problemas de mantenimiento, lo que ha provocado numerosos reventones de tuberías durante los últimos meses.

La empresa Aguas de Valladolid (actual concesionaria del servicio) declinó ayer hacer declaraciones y no se manifestará hasta que sea efectiva esta decisión.

Déficit de inversión

«Las instalaciones que forman parte del ciclo integral del agua arrastran un déficit de inversión acumulado durante los 20 años de vigencia de la concesión debido a que no se han realizado las inversiones que hubiera requerido su correcta conservación», concluye un informe municipal que desvela que el Consistorio ha ingresado (canon)en estos dos decenios 123,7 millones de euros de los cuales solo 27 se han destinado a la puesta al día de estas instalaciones. Esto supone 96,7 millones que no han revertido en la mejora del ciclo del agua, que no han servido para reparar las redes de abastecimiento, saneamiento y las plantas depuradoras. Sí que hubo mejoras (anillo mil, depuradora de San Isidro...) pero el actual equipo de Gobierno entiende que no se atendieron como se debería las tareas de «conservación». «En lugar de estos trabajos, se prefirió invertir en obras de rentabilidad puramente electoral, a mayor lucimiento y gloria del alcalde de turno», ha asegurado Puente en varias ocasiones ante diversos testigos, con la mirada puesta en los reventones de tuberías que la ciudad ha sufrido en los últimos meses (Parquesol, calle Estación, Gabriel y Galán, avenida de Santander...).

La concesionaria es responsable de los «gastos ocasionales» que se generan por roturas puntuales que afectan al suministro, pero es la administración local la que debía asumir las obras de ampliación y mejora. Esa falta de atención obligará ahora a una potente inversión que el Consistorio ha cifrado en 178 millones hasta el año 2032. Solo el primer ejercicio calculan que será necesario destinar 20 millones a las tareas más urgentes. La previsión municipal es que el esfuerzo inversor requiera aportaciones extraordinarias durante los primeros cinco años (una inyección de 9,3 millones en el primer ejercicio)y que, a partir del sexto año desde que se asuma la gestión pública (sería 2023), el órgano ya podría funcionar sin financiación extra.

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