Investigan a una cooperativa de viviendas de Fuensaldaña por presunta estafa a una aseguradora

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha citado a declarar, para mediados del mes de diciembre, a una decena de personas relacionadas con la urbanización Ciudad de la Juventud, situada en el término de Fuensaldaña, después de que una compañía de seguros letona (BTA Insurance Company SE) haya presentado una querella por un delito de estafa procesal con la que, supuestamente, se pretendería cobrar de la aseguradora 2,3 millones de euros por el retraso en la entrega de las 232 viviendas de esta cooperativa.

El pasado mes de marzo, el Juzgado de Primera Instancia 8 de Valladolid, condenó a la aseguradora a pagar esta cantidad a 53 cooperativistas, por los perjuicios en la entrega de los chalés.

La magistrada ha citado a declarar a la actual presidenta, M. I. S. J., a la vicepresidenta, E. M R. V., y al secretario del Consejo Rector de la Cooperativa Vallisoletana de la Vivienda 7, I. O. A., al exregidor de Fuensaldaña, C. G., y al arquitecto municipal, F. P. encargado de informar sobre la licencia de primera ocupación, cuya concesión se retrasó más de un año por un problema de edificación de las escaleras interiores. También se incluyen en la querella un representante de la constructora CRV, que realizó las obras en las escaleras en 2013, y al administrador concursal.

La aseguradora BTA, con sede en la ciudad letona de Riga, sostiene en su denuncia que «tres de los querellados se hicieron con el control de la cooperativa aprovechando (...) un problema que generaron con unas escaleras de las viviendas, e idearon un sistema para realizar las obras de adaptación de las mismas por un importe artificial y fraudulentamente presupuestado, tan alto que vació las arcas de la sociedad cooperativa, mandando la misma a un concurso de acreedores», que lleva ahora el Juzgado de lo Mercantil 1 de Valladolid. A comienzos del 2013, se produjo el relevo de la anterior Junta Directiva de la cooperativa, lo que dio motivo a que se encargase la reforma de las escaleras por parte del nuevo equipo a la constructora CRV.

1,1 millón de euros por las escaleras

Precisamente, sobre este sobrecoste de la reforma, el mismo juzgado de Instrucción 5 tiene abierta una línea de investigación desde hace más de un año, en la que también se vincula a un exempleado de Caja Segovia (Bankia), C. E. C. L., contra el que el llamado banco malo (Sareb) se ha querellado también. La cooperativa Ciudad de la Juventud disponía en sus cuentas de 1,1 millón de euros a finales del 2012, cantidad que se tuvo que destinar a la reparación de las escaleras.

La aseguradora BTA sostiene en su querella que los informes que emitió el arquitecto municipal «son manifiestamente ilegales, contrarios al ordenamiento y arbitrarios». El técnico emitió un informe en que rechazaba la concesión de la licencia de primera ocupación en diciembre del 2012 al cuestionar la huella de pisada en las escaleras, que era inferior y no reunía condiciones de seguridad. Afirmaba además que se había incumplido el Código Técnico de Edificación (CTE) al cambiar el modelo de la escalera incluida en el proyecto inicial.

Sin embargo, la aseguradora afirma que el arquitecto «conocía desde el 2010 el modelo de escalera», y su rechazo se debió «a la enemistad manifiesta con la constructora, con la que trabajó en 2006».

Condena a la aseguradora

La declaración penal que deberán de realizar la decena de personas en diciembre se produce después de que la aseguradora BTA fuera condenada en febrero de este año a pagar más de 2,3 millones de euros, correspondientes al importe total, que ingresaron medio centenar de cooperativistas como pago para la compra de sus viviendas en Fuensaldaña.

Una póliza colectiva suscrita por el anterior consejo rector establecía que BTA debía de abonar indemnizaciones, en caso de que las 232 viviendas sufrieran un siniestro al no haber sido entregados los inmuebles en los plazos establecidos.

Aunque el juez reconocía que las casas estaban concluidas en junio del 2012 añadía, sin embargo, que no disponían de la licencia de primera ocupación por el motivo de la escalera. Los socios han pedido la ejecución del fallo de febrero.