El alcalde se enfrenta hoy al juicio por desobediencia que marcará su futuro político

Dice que está «absolutamente tranquilo», aunque reconoce que la situación no le hace gracia. El trago es complicado. Se juega su permanencia en la política tras 28 años en la actividad pública, primero como consejero de la Junta y luego como alcalde de la ciudad que le vio nacer hacer 69 años y que ha gobernado con mayoría absoluta y mano firme durante dos décadas. Recalca que confía en la Justicia y que aportará pruebas documentales que demostrarán que su intención siempre fue cumplir la sentencia. Francisco Javier León de la Riva se sienta, a las 9:30 horas, en el banquillo de los acusados para responder por un delito de desobediencia a los tribunales en el cumplimiento de un fallo del TSJ de 2008, que le obligó a derribar, por exceso de edificabilidad, entre otras cuestiones, los áticos del antiguo edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla, un inmueble catalogado, que se reformó en el año 2000 y donde el primer edil reside junto a su mujer.

La Fiscalía solicita para él 15 meses de inhabilitación y una multa de 15.000 euros. La Federación de Vecinos Antonio Machado, que impulsó la denuncia que ha desembocado en una causa penal, eleva la condena a dos años de prohibición para ejercer cargo público y 90.000 euros de sanción, además del pago de las costas.

Hasta en cuatro ocasiones durante el proceso de restitución de la legalidad, que se ha prolongado durante cinco años, los magistrados le advirtieron para que cumpliera la sentencia bajo su estricta y personal responsabilidad y con la amenaza de acciones penales contra él. El TSJ fue tumbando los diferentes proyectos que el Ayuntamiento presentó para dar cumplimiento al fallo. Ahora el inmueble ha vuelto a su ser al menos la Sala ha dado el visto bueno a las obras tras una inversión superior a los 600.000 euros, que, según el TSJ, deberá abonar Edificasa 2000, la empresa que acometió la rehabilitación de este imponente edificio.

La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, Evelia Marcos, será la encargada de dirimir si León de la Riva se resistió a acatar las órdenes del Alto Tribunal de la comunidad, como sostienen ambas acusaciones y presume también la Sección 4 de la Audiencia Provincial, que enmendó la plana al Juzgado de Instrucción número 2 y obligó a su procesamiento.

El titular del órgano de primera instancia, César Gil Margareto, archivó, en noviembre de 2013, la causa al no apreciar indicios de delito, a pesar de reconocer que pudo producirse una «falta de diligencia» a la hora de acometer la intervención obligada. Lo que en principio fue recibido como una victoria por parte del afectado pronto se tornó en una pesadilla. En febrero del pasado año, tras sendos recursos de apelación de la Fiscalía y la Federación de Vecinos, la Audiencia ordenaba la imputación formal del alcalde al entender que existió la intención de desobedecer, «como negativa u oposición voluntaria, tenaz, contumaz y rebelde, obstinada y recalcitrante de acatar el mandato judicial».

Durante un lustro, el Ayuntamiento ha argumentado las complicaciones para cumplir con la sentencia en las divergencias en los planos del inmueble. Esa ha sido su justificación: las «enormes dificultades técnicas» para determinar qué elementos eran originales al existir unos planos de los años 50, otros de 1997, cuando el bloque se declaró protegido, y otra documentación del año 2000, cuando se procedió a su rehabilitación por parte de la promotora.

Las dos versiones se ven las caras hoy. En la calle, la Federación de Vecinos ha convocado una protesta silenciosa. En el interior de las juzgados, más de cincuenta periodistas de una veintena de medios de comunicación cubrirán una vista que tendrá repercusión nacional. La sentencia, con toda probabilidad, se conocerá antes de las elecciones del 24 de mayo.