Un juzgado da por cumplida la sentencia sobre símbolos y nombres franquistas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha desestimado en un auto el recurso presentado por Alfonso Sánchez de Castro, en representación de la Plataforma por la retirada de nombres y símbolos franquistas, al considerar que la sentencia que obligaba a la sustitución de varias denominaciones de barrios y calles se ha ejecutado tal y como había determinado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La organización había alegado que el catálogo aprobado por el Ayuntamiento de Valladolid era incompleto, por lo que no se había dado el adecuado cumplimiento al fallo del alto tribunal. El juzgado estima, sin embargo, que esta petición debería dirigirse por vía administrativa al propio Ayuntamiento, puesto que la sentencia del TSJ «se ha llevado a cabo». Además, condena al pago de 150 euros de costas a los alegantes.

Los recurrentes recalcaban que en el registro no se habían incluido las calles Fernández Ladreda, Isidro Rodríguez Zarracina, Mariano Miguel López, rector Luis Suárez, rector del Sol, así como las denominaciones de las vías Italia, Alemania y Portugal, «que se impusieron en homenaje a los gobiernos fascistas de estos países». Tampoco estaban de acuerdo con que se mantuvieran la denominaciones de los barrios de Girón, Cuatro de Marzo (conmemorativo de la fusión de la Falange y de las Jons) y del 29 de Octubre, con el que se «ensalzaba» el discurso fundacional de la Falange por parte de José Antonio Primo de Rivera.

La plataforma pedía, además, la retirada del escudo de Valladolid de la laureada que Franco concedió a la ciudad por su apoyo al alzamiento, así como el desmantelamiento del monumento a Onésimo Redondo en el Cerro de San Cristóbal. En este último caso, la plataforma considera que el Ayuntamiento debería haber instado al Gobierno central para que cumpliera con esta obligación con carácter de urgencia.

El auto recoge si el catálogo elaborado por el catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid José María Palomares fuera incompleto, la plataforma deberían iniciar una reclamación administrativa ante el propio Ayuntamiento para que lo modificase y, en su caso, lo ampliase, una posibilidad que esta entidad descartó ayer por la tarde en una reunión de urgencia para analizar la última decisión del órgano judicial sobre su recurso.

Según explicó Carlos Parrado, portavoz de esta organización que agrupa a siete colectivos, entre ellos al PSOE e Izquierda Unida, señaló que todos las entidades rechazan el auto por su inconsistencia y anunciaron su intención de recurrirlo ante el TSJ. No obstante se les plantea el problema del dinero, ya que para iniciar esta acción judicial sería necesario aportar 850 euros para abonar las tasas «de Gallardón». «Nos hemos dado de plazo hasta el lunes para que cada organización consulte cuánto dinero puede reunir y entonces decidiremos si acudimos a la vía judicial», explicó el portavoz Carlos Parrado.