Un informe del CSIC avala la escalera de la Ciudad de la Juventud de Fuensaldaña

Un informe del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, organismo vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha avalado la primera escalera que fue instalada en la promoción Ciudad de la Juventud de Fuensaldaña, y que motivó que en diciembre de 2012 el arquitecto municipal y el Ayuntamiento de esta localidad rechazase la licencia de Primera Ocupación a los 232 cooperativistas por incumplir el Código Técnico de Edificación (CTE). El nuevo informe, emitido en Madrid el pasado 19 de septiembre, ha sido elaborado por dos arquitectos del Instituto Oficial tras la petición que realizó la empresa constructora Zaratán 2000 S. L., que levantó las casas.

La instalación de la escalera interior en los 232 chalés pareados, que comunicaba la planta baja con la primera, fue comprada a una empresa de hormigones de La Bañeza (León), y cuyo modelo había sido instalado también en otras edificaciones de la comunidad de Castilla yLeón sin ser cuestionada por los arquitectos.

Sin embargo, el técnico de Fuensaldaña argumentó para rechazarla que la huella de la pisada de algunos de los peldaños no cumplía con la normativa del Código Técnico y suponía un riesgo para niños y personas mayores.

En el nuevo informe, de más de 30 páginas, los técnicos del CSIC que, según señalan «han actuado bajo juramento de decir la verdad, y en su caso, con la mayor objetividad posible» teniendo en cuenta las ciencias y técnicas de la construcción, han analizado tanto la escalera (A), que se instaló por la constructora en el 2011, como la nueva (B) que ha sido levantada para poder obtener la licencia.

Los arquitectos concluyen que «el trazado de la escalera A, la inicialmente ejecutada, en su parte curva no cumple de forma estricta las condiciones establecidas en el Documento Básico de Seguridad del CTE» como lo hace la escalera B. Pese a ello, los técnicos del CSIC sostienen tras analizar ambas, que el diseño de la escalera primitiva, la A, «permite considerar que sus prestaciones son equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación del Documento Básico de Seguridad, por lo que puede considerarse una solución alternativa con, al menos, el mismo nivel de seguridad que las escaleras de trazado curvo».

Además de analizar la documentación remitida por la empresa peticionaria del informe elaborado por el Instituto de la Construcción, los técnicos se desplazaron a Fuensaldaña el pasado 8 de septiembre para inspeccionar las dos escaleras.

Con estas actuaciones, los arquitectos sostienen que «si comparamos las dos escaleras A y B, atendiendo a otras condiciones de seguridad y comodidad, se observa que la huella de los tramos rectos de la escalera A (la original) ofrece mayor superficie de apoyo del pie que la escalera B, que la inclinación de los tramos rectos es más adecuada en la escalera A, y en los tramos curvos es más adecuada en la escalera B».

Aunque, según el informe, no se aprecian diferencias geométricas significativas, atendiendo a las tres reglas de seguridad y comodidad, «el tramo curvo de la escalera B no se acomoda a ninguna de ellas».

El requisito del técnico municipal para que se cambiase la escalera A por la B supuso un desembolso de más de 2.000 euros a mayores para cada uno de los cooperativistas, cantidad que fue luego abonada por el banco malo (Sareb), que fue el que se quedó con la promoción de Ciudad de la Juventud de Fuensaldaña. Las obras fueron financiadas por Caja Segovia, integrada en Bankia.

Reclamación al Consistorio

El nuevo informe del organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, será utilizado por un grupo de 64 cooperativistas para presentarlo en el pleito contra el Consistorio de Fuensaldaña por una reclamación patrimonial, ya que le consideran responsable de los perjuicios ocasionados por el retraso de más de 15 meses en dar la licencia de Primera Ocupación.

Los cooperativistas sostienen que la escalera primitiva cumplía con la normas básicas de seguridad del CTE, que permite soluciones alternativas que no se aparten total o parcialmente del mismo. «El proyectista, o director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas del CTE, porque sus prestaciones son al menos equivalente a los que se obtendrían por la aplicación del documento básico».

En la reclamación contra el Ayuntamiento de Fuensaldaña, los 64 de los 232 cooperativistas recuerdan que ese modelo de escalera prefabricada se había utilizado en otras promociones de viviendas. En concreto señalan a una promoción de 145 viviendas unifamiliares en Grijota (Palencia), y en otra de 46 viviendas autorizadas por parte del Ayuntamiento de Garray (Soria).

Por ello, mantienen el pleito recordando que la Sala Tercera del Tribunal Supremo «ha venido anulando aquellos actos urbanísticos administrativos, por considerarlos discriminatorios, cuando se ha acreditado que frente a la denegación de una licencia se han otorgado otras en situaciones análogas».