La Guardia Civil se desdice y ordena otra vez el desalojo del cuartel de Puente Colgante

La Guardia Civil acaba de tirar de su propia normativa interna para elaborar una nueva orden de desalojo de las familias que aún residen en el antiguo cuartel de Puente Colgante al calificarlo ahora de «inhabitable» sin esperar siquiera a la declaración de ruina del inmueble. La misiva contradice su propio dictamen de hace apenas dos meses, que anulaba precisamente la orden inicial de desalojo cursada en febrero al dar la razón a los recursos presentados por los inquilinos.

Así que los agentes, como ya ocurriera entonces, disponen de nuevo de apenas dos semanas para abandonar sus viviendas bajo la amenaza velada de recibir sanciones disciplinarias. La orden de desalojo fue comunicada entre julio y agosto a la mayoría de las familias y el plazo de un mes para llevar a cabo la mudanza expiraría a mediados de septiembre. Buena parte de los inquilinos han hecho ya las maletas y en el edificio apenas residen a día de hoy media docena de agentes con sus familias. Todos ellos anuncian su intención de recurrir la reciente orden.

¿Qué ha cambiado en los últimos dos meses para que la Guardia Civil cambie de criterio? Pues lo cierto es que nada. La última orden de desalojo, que se sustenta sobre el mismo informe particular esgrimido ya en febrero sobre el mal estado del inmueble, lo califica de «inhabitable» sobre la base de la Orden General de Pabellones que regularía las viviendas de las casas cuartel. Lo sorprendente del caso es que aquel informe, elaborado por una empresa de arquitectura externa de Madrid, fue invalidado por el teniente general y subdirector de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava, en su resolución del 11 de junio (fue comunicada el día 23), que anulaba la orden de desalojo cursada en febrero por el general de Zona de Castilla y León, José Manuel Díez Cubelos.

Aquella resolución de junio daba la razón a los inquilinos al considerar que el edificio, aunque necesitaría una serie de evidentes reformas, sería habitable hasta que la administración competente lo declarara en ruina. Algo que no ha ocurrido a día de hoy, ya que la Concejalía de Urbanismo continúa tramitando la petición cursada por los dueños del edificio la Consejería de Fomento para su declaración de ruina económica, cuyo expediente se encuentra en fase de alegaciones.

Agotar las vías legales

Y en medio de este embrollo jurídico con hasta tres administraciones implicadas la autonómica, como propietaria; la estatal, como arrendataria, y la local, como responsable de la declaración de ruina se encuentran las familias de los agentes que habitan los últimos pisos del antiguo acuartelamiento el puesto como tal fue cerrado y trasladado a Zaratán el 21 de abril que ocupa una manzana entera entre las calles Puente Colgante y Juan Sebastián Elcano, la avenida de los Reyes Católicos y el paseo del Cid. Los guardias se enfrentan a posibles sanciones disciplinarias, como la prohibición de acceder a viviendas oficiales durante los próximos cinco años, si se niegan a abandonar sus casas.

«Nos iremos en su momento, por descontado, pero antes agotaremos las vías legales de las que disponemos para ganar algo de tiempo con la mudanza y demostrar, de paso, que teníamos razón sobre el estado del edificio», anticipan los afectados, quienes defienden desde el comienzo de este tira y afloja con las administraciones nacional y regional que el inmueble, construido en 1949, solo necesitaba una serie de reformas para garantizar su estado después de decenios sin labores de mantenimiento.

La declaración de ruina económica, en cualquier caso, supondría el desalojo definitivo de la vieja casa cuartel. Esta figura legal a la que se acoge la Junta simplemente alude a que la rehabilitación integral del bloque excedería en un 50% su valor real.

El inmueble, entre tanto, ofrece a día de hoy un aspecto cada vez más fantasmagórico después de que muchos de sus inquilinos se hayan llevado, incluso, los marcos de las ventanas de sus pisos.