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J. Sanz
Miércoles, 25 de junio 2014, 21:27
El teniente general y subdirector de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava, acaba de remitir un escrito a las familias de los agentes que aún residen en el antiguo cuartel de Puente Colgante en el que admite punto por punto su recurso contra la orden de desalojo cursada en febrero y desautoriza así aquel dictamen emitido por el general de Zona y jefe de la Benemérita en Castilla y León, José Manuel Díez Cubelos. La resolución supone, de entrada, que las pocas familias que aún habitan el inmueble pueden seguir haciéndolo sine die en tanto no se declare en ruina.
Pero la contraorden llega demasiado tarde para las más de diez familias que en este tiempo han decidido hacer las maletas y mudarse a pisos comprados o de alquiler en cumplimiento de la orden inicial, la emitida por el general Díez Cubelos, que les daba un plazo de treinta días expiró, en teoría, a finales de marzo para dejar sus pabellones debido al deficiente estado de conservación del edificio construido en 1949. Eso ocurría en febrero. Y para justificar esta situación aportaron un informe técnico, elaborado por una empresa de arquitectura externa de Madrid, de más de 500 folios.
Nadie, sin embargo, llegó a pronunciar la palabra ruina hasta que los legítimos propietarios del inmueble, la Consejería de Fomento, decidió solicitar al Ayuntamiento la declaración de ruina en abril, pero por la vía económica, alegando que el coste de rehabilitación excedía en un 50% el valor real del edificio en sí.
A expensas de Urbanismo
A día de hoy, dos meses largos después de esta última solicitud, la Concejalía de Urbanismo continúa estudiando dicha petición a la espera de que Fomento aporte documentación suficiente para justificar la declaración de ruina económica, según explican fuentes municipales.
Y en medio de todo este batiburrillo de trámites administrativos, con el puesto del cuartel ya trasladado a Zaratán (abrió sus puertas en el centro cívico el 21 de abril), llega ahora la resolución del teniente general y subdirector general de Personal de la Guardia Civil, que estima el recurso de las familias contra el desalojo alegaron que el edificio, aunque necesita reformas, es habitable y deja «sin efectos la resolución del general jefe» que ordenó la salida de los inquilinos. Este último informe está fechado el 11 de junio y fue comunicado a los afectados el día 23, tres días antes de que expirara el plazo de tres meses para contestar.
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