El PSOE aprecia cinco graves delitos en la "trama" del ex jefe de Mantenimiento municipal

Denuncia, correspondencia entre Alcaldía y Grupo Municipal Socialista, acta del Pleno de diciembre, decreto, listado de empresas y CIFs y los 451 contratos adjudicados entre los años 2011 y 2013 a las firmas relacionadas con el exjefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid Luis Samaniego están ya en manos de la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Oscar Puente, acompañado de varios concejales, entregó la documentación hasta ahora en su poder, 30 folios en total, encabezada por una denuncia en la que, de forma cronológica, explica lo sucedido desde que el 2 de diciembre de 2013, el concejal socialista Pedro Herrero registró pregunta escrita para ser respondida en el Pleno de ese mes en el que reclamaba el listado de contratos menores adjudicados por el Ayuntamiento de Valladolid, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles desde el comienzo de este mandato.

En la denuncia, Puente explica que, desde diciembre de 2013 que se solicitó esa información, no se recibió el archivo completo hasta casi 6 meses después, el 29 de mayo de este año, -hace apenas tres semanas-, momento en el que los concejales socialistas comenzaron a cotejar los CIFs de las empresas adjudicatarias, cuyos nombres no aparecían, para poder identificarlas.

Casualmente, o no, continúa, con fecha 3 de junio de 2014, es decir, de manera simultánea a que el Grupo Municipal Socialista accediera a la documentación solicitada y en relación con el contenido de la misma, el Ayuntamiento de Valladolid dicta Decreto acordando incoar expediente disciplinario a D. Luis Alberto Samaniego Conde por faltas disciplinarias muy graves.

Las cantidades elevadísimas a las que ascienden los numerosos contratos adjudicados pueden ser, señala Puente en su escrito, tan sólo una mínima parte del total de adjudicaciones que se les haya otorgado a dichas empresas, teniendo en cuenta que los ejercicios 2011 a 2013, son los de cifra de inversión más baja de la historia municipal, que en 2009 y 2010 el Ayuntamiento dispuso de 96 millones de euros adicionales procedentes del Plan E y que la antigüedad de algunas de las empresas permite sospechar que con anterioridad se levaron a cabo contratos en una situación económica más boyante de la administración municipal.

El escrito de denuncia subraya que no puede pasarse por alto el que en la relación de contratos acompañada se observa un aparente fraccionamiento de servicios y obras con la clara finalidad de eludir modalidades contractuales que dificultasen o impidiesen la adjudicación a las empresas relacionadas en la denuncia.

El escrito de denuncia, que pide a la Fiscalía que recabe la información y relación de contratos al menos desde el año 2000, incluidos los contratos celebrados con cargo al Plan E de los años 2009 y 2010 y que se asegure la práctica de cuyas pruebas sean necesarias, culmina aventurándose a calificar los presuntos delitos que podrían constituir las hechos expuestos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y/o negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

El presidente del PSOE local señaló, a preguntas de los periodistas, a las puertas de la Audiencia Provincial, que cree que esta es la punta del iceberg, y añadió que, por la información que vamos recibiendo, hay mucho más dinero, muchos más contratos y muchos más años; este es un asunto que va a traer mucha cola, afirmó, y me atrevo a decir que estamos ante el caso de corrupción más grave detectado en el Ayuntamiento de Valladolid.

Puente añadió que no se cree la versión oficial del Ayuntamiento cuando ayer, la alcaldesa accidental, Mercedes Cantalapiedra, aseguró que desconocían este asunto hasta que cruzaron números de teléfono y descubrieron la identidad de las empresas. Rotundamente no, dijo, como siempre, el Ayuntamiento se esfuerza en que lo que parezca, sea, y ha actuado en este asunto claramente en beneficio del infractor.

En este asunto sobran expedientes disciplinarios, finalizó, cualquiera que tenga un mínimo conocimiento jurídico, detecta que tiene connotaciones delictivas, y se arregla poniéndolo en manos de la Justicia, que es lo que tenía que haber hecho el equipo de Gobierno desde el minuto uno, no con una palmadita en espalda y una jubilación.