El presidente de Derco testifica que no contrató a Lino Rodríguez

El presidente del Grupo Derco, Félix Sacristán, ha sido el primero de los tres testigos llamados a declarar por la magistrada del Juzgado de Insrucción número 5, que investiga si el presidente de Asaja-Valladolid ha incurrido en un presunto delito de apropiación indebida, como sostiene el extesorero de la organización agraria, Alberto Cano. Sacristán reiteró ante la jueza Soledad Ortega que no es suya la firma que figura en el contrato de Lino Rodríguez, empleado único del Derco, sociedad afín a Asaja creada en 1990 con el fin de impartir cursos de formación a los agricultores y ganaderos. Además, según informaron fuentes de la acusación, el testigo se mostró dispuesto a someterse a una prueba pericial caligráfica para demostrarlo. También afirmó desconocer a qué se dedica exactamente Derco, a través de la cual el presidente de Asaja cobra su nómina mensual, de casi 3.000 euros. En dicho contrato, cuya rúbrica niega el presidente de Derco, Lino Rodríguez figura con una capacitación de ingeniero técnico agrícola que no tiene.

Sociedad fantasma

En la misma sesión de declaraciones, que ha tenido lugar en la sala de vistas 7 de los Juzgados de la callee Angustias de Valladolid, testificaron después dos empleados de Asaja Valladolid, quienes reconocieron ante la instructora que Lino Rodríguez "es la persona que ordena los pagos" y que el Grupo Derco es "una sociedad fantasma". Según la denuncia del extesorero de Asaja, Derco habría girado facturas a Asaja Valladolid por valor, al menos, de 434.440 euros. "¿Por qué no cobra Rodríguez directamente un sueldo de Asaja?", preguntaron los abogados durante la declaración. El testigo respondió: "Porque quedaba mal". Según Alberto Cano, los estatutos de la organización agraria prohíben que sus dirigentes cobren un sueldo. De hecho, puntualiza José Fernández, letrado del denunciante, "Lino Rodríguez es el único de la junta directiva que cobra un sueldo".

A propósito de estas comparecencias Asaja, en un comunicado, sostiene que las declaraciones de los tres testigos corroboran la inocencia de Rodríguez y apuntan a que la responsabilidad sobre la gestión de la organización agraria era de Fernando Redondo y Alberto Cano.