Limitar a mil euros el pago en efectivo evitaría un fraude fiscal de 1.741 millones en la región

El Gobierno va a poner límite a la cantidad que se puede pagar en efectivo con el objetivo de combatir el fraude fiscal. Aunque todavía no ha dicho cuál será ese tope, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría citó el ejemplo de Italia, donde el Gobierno de Mario Monti ha restringido a 1.000 euros el máximo que se puede abonar en metálico. De implantarse esta medida, Hacienda destaparía un fraude de 26.200 millones de euros anuales, de los cuales 1.741 millones, el 6,64% del total, procederían de Castilla y León, según los cálculos realizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda. Gestha considera esos 1.000 euros como el importe óptimo en el que el debería fijarse la limitación del pago en efectivo que el Gobierno estudia implantar para hacer aflorar el dinero negro.

Los ingresos fiscales del Estado han sufrido fuertes caídas como consecuencia del parón económico, pero también de un posible incremento de las actividades no declaradas, sobre todo la contratación de trabajadores a quienes se paga 'en negro' y la venta de bienes y prestación de servicios en dinero opaco al fisco.

Las cifras son suficientemente elocuentes: en el año 2007, el impuesto que grava el consumo, el IVA, dejó en Castilla y León una recaudación de 1.229 millones de euros. Dos años más tarde, esta se había hundido hasta una cantidad tres veces menor, 421 millones. La subida en la tarifa decretada por el Gobierno en julio de 2010 permitió cerrar el ejercicio pasado en 944 millones. Entre enero y noviembre de 2011, Hacienda recaudó por este concepto en la región 934 millones, exactamente lo mismo que en el mismo periodo del año anterior.

Debacle en Sociedades

Con el IRPF sucede algo, si bien menos drástico, también negativo: tras haber llegado a proporcionar 2.366 millones por parte de los contribuyentes de la región en 2007 pasó a generar trescientos menos (2.019 millones) a cierre de 2010. En noviembre de 2011, la recaudación había remontado algo (el 4,5%) con respecto al ejercicio precedente.

Mucho más demoledor ha sido el desplome experimentado por el Impuesto de Sociedades en Castilla y León, que llegó a proporcionar al erario público unos ingresos de 1.291 euros en 2007, para pasar a suponer 435 millones (el 66% menos) tres años después. En los once primeros meses de 2011, Sociedades dejó en la región 374 millones, otro 12,3% menos que un año antes.

Según señaló el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, prohibir los pagos en efectivo por encima de 1.000 euros supondría «una medida disuasoria» frente al fraude fiscal, ya que las empresas no podrían deducirse el IVA, ni el gasto en el IRPF, ni en el Impuesto de Sociedades la parte de las facturas pagadas en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador que exceda de ese límite máximo».

Ingresos ocultos

Con un millón de ocupados según la EPA, pero poco más de 900.000 afiliados a la Seguridad, Castilla y León tiene el doble de tasa empleo sumergido que España. Por otro lado, los pequeños empresarios y los profesionales de la región declaran en el IRPF que cobran una media de 7.400 euros menos que los asalariados. Los acogidos al régimen tributario de estimación directa en la comunidad manifiestan al fisco que ganan 10.109 euros al año de promedio, algo que para los Técnicos de Hacienda debería «hacer saltar las alarmas del sentido común, ya que comparando los ingresos declarados por unos y otros, resultaría mucho más rentable ser trabajador o pensionista antes que notario, arquitecto, abogado o médico».

La economía sumergida podría suponer en Castilla y León más de 13.000 millones de euros, lo que representaría el 25% del PIB regional, frente al 23,3% en España, según los cálculos de los técnicos de Gestha. El 65,9% de esa economía 'en negro' procede del fraude fiscal.

Según Mollinedo, solo con aplicar de manera estricta la limitación a los pagos en metálico a 1.000 euros se podría recaudar más del triple de lo que el Gobierno planea ingresar con la puesta en marcha de todo el plan de control tributario para 2012. Además, permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1 puntos y se reduciría así a la mitad la brecha que separa a España de los países del entorno.

Otras iniciativas

Por otra parte, Gestha se mostró a favor de que el nuevo Plan de Control Tributario recoja medidas concretas para alcanzar los objetivos de reducción de la tasa sumergida y aumentar las competencias y responsabilidades de los efectivos destinados en la lucha contra el fraude, de manera que las iniciativas anunciadas no queden en «una mera declaración de intenciones».

El colectivo aplaudió la decisión de intensificar el control en los sectores donde se concentran las grandes bolsas de fraude, como la construcción o el alquiler, aunque recordó que «el control a través del consumo de energía eléctrica ya se presentó en su momento como 'medida estrella' de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal».