Los padres del niño autista demandan a la Junta por «vulnerar» sus derechos

Los padres imputados por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Palencia por no querer llevar a su hijo autista de 8 años al centro especial de Carrechiquilla han demandado a la administración educativa regional, al considerar que está «vulnerando los derechos del niño». La demanda se hizo efectiva en octubre de 2011 y ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso de Palencia, por lo que se está a la espera de juicio, según anunció ayer la madre del menor, Azucena Ortega, que compareció ante los medios de comunicación para denunciar públicamente la situación que vive.

La madre, muy afectada, defendió que para que su hijo desarrolle «íntegramente su personalidad debe y tiene que recibir una educación 'inclusiva', como recoge la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Orgánica de Educación de España».

La madre aseveró que la administración educativa está vulnerando sus derechos al obligarles a llevar a su hijo a un centro especial, cuando ellos siempre han querido que el pequeño esté en un centro de Educación Primaria, según informa la agencia Ical. Según explicó la madre, cuando el niño empezó tercero de Infantil con 5 años en un colegio público, «se le negaron los apoyos que había en el colegio, y en menos de dos meses del comienzo de curso se le segregó al centro de educación especial sin nuestro consentimiento». Un centro al que nunca acudió -a día de hoy el niño no asiste a ningún colegio-, al considerar sus progenitores que es «una forma de segregar por motivos de discapacidad a los niños con diversidad funcional».

Asimismo, la madre manifestó que fue cuando llegó la escolarización obligatoria cuando llegaron las «coacciones y amenazas veladas», al asegurarles que si el niño no acudía al centro les denunciarían por absentismo escolar. Sin embargo, la madre defendió que siempre que intentaron llevar a su hijo a un centro la respuesta ha sido la misma, y lamentó la actitud de la administración regional de «no estar por la labor de querer poner en práctica la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad».

El pasado mes de diciembre recibieron la notificación de la denuncia por un presunto delito de abandono de la familia, que los padres ya han recurrido. «Es algo que no entra en la cabeza de una persona que cree vivir en un país democrático y en el que se aplican las leyes a todos por igual», lamentó la madre. Finalmente, animó a otros padres que se encuentren en una situación similar a que «luchen por los derechos de sus hijos, que no cedan, porque son derechos de una persona con diversidad y hay que exigir que se trate a nuestros hijos como ciudadanos de pleno derecho, porque así es».

La madre del niño compareció junto a dos miembros de la asociación Solcom, una entidad creada para la defensa de los derechos humanos de las personas discriminadas por su diversidad funcional (discapacidad), que apoya a la familia palentina en su lucha. Para Javier Romañach, del consejo asesor de la asociación, la hipótesis de partida es que «cualquier niño diferente no puede ser discriminado por ello, debe tener los mismos derechos que cualquier otro niño».

En este sentido, denunció que «el ser llevado a los juzgados por defender los derechos humanos es inaceptable», y por ello quiso mostrar su apoyo a los padres, y en especial a «una madre que se está levantando contra un sistema opresor contra su hijo». Por su parte, Mar Álvarez, de la junta directiva de Solcom, aclaró que lo que se pretende es «pedir ayuda para hacer público un caso disparatado y esperpéntico», y reiteró que no pueden consentir que una administración «niegue el derecho a recibir una educación ordinaria».