La Junta ha creado nueve empresas públicas durante los años de la crisis

Para sus creadores y defensores -políticos de uno u otro bando, siempre que estén en el poder- son necesarias para impulsar nuevos sectores productivos, mejorar la distribución de la renta y salvaguardar unos puestos de trabajo más allá de la rentabilidad económica a corto plazo. Sus detractores, por el contrario, las acusan de estar diseñadas para crear puestos de trabajo artificiales, esquivar el control del gasto de la Administración y eludir el examen de los interventores públicos.

Mariano Rajoy dijo el año pasado que habría que eliminar al menos «la mitad de la mitad» de ellas y para justificarlo argumentó que «es ridículo congelar las pensiones para ahorrarse 1.500 millones, cuando en España existen miles de empresas públicas y entes públicos fundacionales que deben el 4,8% del PIB».

También el año pasado, el Gobierno de Rodríguez Zapatero anunció su intención de «reducir, racionalizar y sanear» el sector público empresarial y para ello puso en marcha una serie de iniciativas de las que acaba de hacer balance. En los últimos 18 meses, el Estado ha suprimido, por fusión o extinción, un total de 27 empresas públicas, de manera que en la actualidad cuenta con 451. Sin embargo, el ajuste no ha sido equivalente en las comunidades autónomas, que se resisten a aplicar reestructuraciones. Según el Inventario de Entes del Sector Público que elaboran el Ministerio de Economía y Hacienda y las autonomías, en la actualidad existen en España 2.357 entes públicos (el listado incluye organismos administrativos, comerciales, autónomos, entidades públicas empresariales, entes públicos, agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles, universidades, etc.), frente a los 2.388 que había el 1 de enero de 2011, o los 2.298 existentes en enero de 2008.

Tipología

Castilla y León cuenta a día de hoy con 94 entes en el inventario, dos más que en enero de 2010, y es una de las cinco comunidades autónomas que los ha incrementado en ese periodo. Si nos remontamos a antes de la crisis, a comienzos del año 2008, la región tiene ahora nueve entes públicos más que entonces, ya que ha creado diez nuevos y ha dado de baja uno.

Según los Presupuestos de la Junta correspondientes a 2011, los siete entes catalogados como empresas públicas (Appacale, ADE Parques, ADE Financiación, Sotur, Provilsa, Sociedad Medioambiental y Sociedad Patrimonial) recibieron una subvención conjunta de 58,9 millones de euros, mientras que las 14 fundaciones dispusieron de ayudas por valor de 70,8 millones, en total casi 130 millones.

Sin embargo, el Inventario de Entes dependientes de las comunidades autónomas elaborado por el Ministerio de Economía va más allá de la restrictiva acepción que las autonomías dan a sus sectores públicos e incluye organismos administrativos, comerciales, autónomos, entidades públicas empresariales, entes públicos, agencias, consorcios, fundaciones, otras instituciones sin ánimo de lucro, sociedades mercantiles y también universidades. La participación pública autonómica en cada uno de ellos no tiene por qué ser mayoritaria. Por ejemplo, caben desde el Consorcio del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, en el que la Junta tiene el 8,34%, hasta el Cylog (50%) o Siemcalsa (26%).

Autonomías

Cataluña es la 'campeona' de las comunidades autónomas en esta cuestión, ya que sumaba, a 1 de enero de 2011, 453 entes públicos entre las diferentes categorías, el 19% del total nacional. Andalucía ocupa la segunda posición con 376 entidades de todo tipo, el 15,7% del total. Castilla y León con sus 94 entes, el 3,9% del total, ocupa la undécima posición.

Las empresas públicas del conjunto de las Administraciones españolas suman una deuda cercana a los 56.000 millones de euros, más del doble de lo que suponía a principios de 2007, según el Banco de España. Por sus normas contables, la oficina estadística de la UE, Eurostat, no incluye esta deuda en la cifra total de deuda pública del Estado.