«Hay que evitar que haya gente sin dar de alta y desaparezca si hay un follón»

A la puerta de un establecimiento debe estar una persona que conozca su trabajo, dada de alta en la Seguridad Social y con todos los seguros en regla. Es el mensaje que defiende Marcelino Terrados, portavoz de la Asociación Nacional de Porteros en Castilla y León, ante la convocatoria de la Junta para expedir el carné PEPAR.

Este profesional con más de veinte años en el sector asegura que ese primer listado de personas admitidas para hacer las pruebas se queda corto. «En una comunidad como esta, con nueve provincias y muchísimos locales y recintos públicos, no va a haber gente suficiente si se aplica la legislación con rigor», valora el portavoz de la Asociación Nacional de Porteros, que cree que no se ha dado suficiente publicidad a la convocatoria para obtener el permiso y que el plazo para presentar la solicitud ha sido exiguo. Terrados explica, además, que existe confusión en una parte de las personas que se han presentado a las pruebas, ya que algunos las están confundiendo con una especie de oposición para el acceso a museos y centros oficiales, «cuando de lo que se trata es de un proceso para obtener una habilitación profesional imprescindible para regular los accesos a un recinto público, pero en ningún caso se opta a una plaza», precisa.

Más allá de los pormenores de la convocatoria, el dirigente del sector recalca que es imprescindible regularizar una profesión sobre la que se genera alarma social cuando se producen sucesos como los ocurridos hace años en la zona de ocio del puerto de Barcelona o en Madrid, en la discoteca El Balcón de Rosales, con muertos. «Hay que evitar que haya gente sin dar de alta, cobrando cuatro duros y que desaparezca y no dé la cara si hay un follón», argumenta Terrados. Asegura que han sido especialmente beligerantes para que se exija que quien esté en una puerta cuente con una «formación adecuada y carezca de antecedentes penales, porque un delincuente no puede estar controlando el acceso a un local».

La regularización del sector contribuye, a juicio de Marcelino Terrados, a garantizar unas condiciones de trabajo legales, con personal formado para ello, dado de alta en la Seguridad Social y con el respaldo de un seguro de responsabilidad civil para afrontar los daños que pueda generar el ejercicio de esa actividad.