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J. MORENO
Jueves, 1 de diciembre 2011, 10:15
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha condenado a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) de la Junta a pagar un indemnización de 410.000 euros a los padres de un niño de 8 años por una mala praxis médica realizada tras el parto del menor y su atención posterior que, según los jueces, derivaron en que el niño sufra el síndrome de West, que le ha producido una discapacidad de por vida del cien por cien.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, del pasado 25 de noviembre, estima parcialmente los hechos denunciados por los padres, pero rebaja la cantidad de indemnización solicitada (1,2 millones de euros) y la fija en 340.000 euros en favor del menor y otros 70.000 más por daños morales y gastos de la familia. Dicha cantidad se impone a la Junta de Castilla y León y a la aseguradora Zurich España.
La reclamación de los padres se realizó ante Sacyl el 15 de noviembre de 2005 siendo desestimada por este órgano sanitario. La demanda recoge que el pequeño J. N. E. nació el 27 de noviembre de 2003 en el hospital del Río Hortega de Valladolid después de un embarazo normal. La madre, de 33 años, ingresó ese día en su semana 41 de gestación, al presentar contracciones uterinas y cuando se le estaba preparando para administrarle anestesia epidural, se le retiraron las correas con los sensores del tococardiógrafo, dejando de estar monotorizada. Los facultativos optaron por realizarle una cesárea urgente.
Según los padres, se comprobó poco después «la existencia de algún tipo de anomalía» (bradicardia intensa) y constatándose tras el nacimiento signos de hipotonía, succión débil y otros anómalos. En el momento del parto, el niño fue valorado por los pediatras dando un test de Apgar 8/9 que no precisó de reanimación. Una ecografía cerebral no demostró hallazgos patológicos. Sin embargo, horas después del alumbramiento, la familia se enteró que durante el mismo se produjo el desprendimiento de la placenta que llevó a un sufrimiento fetal del bebé.
Los padres se quejaron ante Sacyl de que a su hijo no se le hiciera un seguimiento neurológico exhaustivo, como correspondía a los nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica.
Tampoco se le realizaron controles por las crisis epilépticas que empezó a tener y que motivaron que fuera ingresado en observación y tratamiento en julio de 2004, cuando los sanitarios detectaron unos «movimientos anómalos» por los que se le prescribió Stesolid. Esta medicación está indicada para abortar crisis epilépticas.
El 26 de julio de 2004, con ocho meses, el niño ingresó en el Servicio de Pediatría-Lactantes del Río Hortega por un cuadro de dos semanas en las que se le detecta movimientos de brazos y piernas más frecuentes al despertarse, que se repiten cada 10 segundos y durante episodios hasta 20 minutos. Por estas circunstancias, la madre tuvo que suplir en determinadas ocasiones la lactancia natural por la dificultad de succión del bebé.
El 28 de julio se le dio de alta para ir al domicilio familiar sin que se le prescribiese medicación anticonvulsionante alguna.
La sentencia recoge que aunque el niño fue valorado nuevamente en el Río Hortega los padres decidieron acudir el 4 de septiembre a un hospital de Madrid por seguir presentando J. N. E. espasmos y movimientos aislados y bruscos desde hacía dos meses. En dicho centro se le inició un tratamiento con ácido valproico oral sin que los espasmos disminuyeran.
Tras acudir a otros especialistas, entre ellos los del hospital Clínico San Carlos de Madrid, un informe elaborado el 23 de enero de 2006 en el Río Hortega refleja una encefalopatía de inicio precoz y espasmos de origen no precisado.
Los jueces consideran que aunque no está acreditado que la grave enfermedad neurológica que padece el niño sea consecuencia de la bajada de oxígeno durante el parto y el desprendimiento parcial de la placenta, el hecho de que hubiera estado convulsionando varios días durante el mes de julio de 2004, «incluso en el propio hospital hasta en cinco ocasiones en 36/48 horas (...) sí existió cierta demora en el diagnóstico de la encefalopatía».
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