El Supremo deja sin cobertura legal 19 plantas de residuos industriales

El Tribunal Supremo ha culminado, casi cinco años después, el revés que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León propinó a la Junta en 2007 a cuenta del Plan Regional de Residuos Industriales. Los magistrados del Supremo confirman en una sentencia la anulación parcial de ese documento. Concretamente, la parte que atañe a la programación de infraestructuras, a los vertederos, las plantas de tratamiento y las incineradoras. Es el final judicial de un proceso iniciado por Ecologistas en Acción cuando vio la luz el plan regional, que tenía una vigencia de 2006 a 2010 y hoy está prorrogado. Desenlace judicial, que no real, porque ahora falta ver qué ocurre con las instalaciones que de tratamiento de desechos industriales que se han autorizado al amparo de esta planificación. Son 19, estánrepartidas por toda la comunidad y quedarían en situación de fuera de juego legal.

La sentencia -fechada el 18 de octubre- basa la «nulidad» en que Junta de Castilla y León «no establece una ubicación concreta de los centros de eliminación de residuos», tal y como obliga la Unión Europea para garantizar un emplazamiento adecuado desde el punto de vista medioambiental y de la protección de la salud de los ciudadanos. El documento recoge que el plan regional incumple este requisito al estipular solamente tres áreas de localización preferente de gran amplitud y admitir que la Administración puede autorizar instalaciones incluso fuera de ellas.

La decisión judicial, según destacó ayer el portavoz de Ecologistas en Acción en Valladolid, Miguel Ángel Ceballos, concluye que la decisión de la ubicación es asunto de la Junta, no de propuestas de las empresas que gestionan los residuos, y que esa localización es algo «esencial».

Excepciones

Lo primero que van a hacer los responsables de la organización ecologista con la sentencia en la mano es trasladarla a todos los juzgados en los que se siguen procesos individualizados contras las instalaciones afectadas por el fallo del Supremo. Ecologistas en Acción ha llevado ante los jueces las autorizaciones de 18 de las 19 plantas del listado. No lo ha hecho con la que da servicio a Lingotes Especiales en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo y desde la organización salvan de la petición de cierre la instalación de tratamiento de escorias de plomo de Medina de Campo, para la que llegaron a un acuerdo a tres bandas con la Consejería de Medio Ambiente y la empresa tras un proceso negociado que los ecologistas pusieron como ejemplo de acuerdo. «Lo que viene a decir el Supremo a la Junta es que debe mojarse y decidir dónde deben ubicarse instalaciones de vertido e incineración que no deben quedar a la libre iniciativa de grupos empresariales», recalcó Ceballos. Su compañero de Palencia, Javier Escudero, destacó que el fallo no supone una victoria para Ecologistas en Acción, «sino que ganan los ciudadanos».

El máximo responsable de la organización en Castilla y León, el burgalés Luis Oviedo, precisó que esta sentencia servirá de «termómetro para saber si ha cambiado algo en la Junta» con la asunción de Medio Ambiente por el consejero de Fomento, Antonio Silván. Oviedo se refería así a la forma en que la Administración autonómica ha esquivado sentencias firmes, como la que recibió contra el vertedero de residuos peligrosos de Santovenia, que solventó sacando adelante una ley singular a la medida de la instalación. «Lo que pedimos por favor es que las normas que ellos mismos hacen están para cumplirlas, que las cumplan», reclamó el portavoz de Castilla y León, que dio «un voto de confianza» a Silván. «Hasta ahora se han utilizado recovecos, por detrás y de modo torticero, con leyes indirectas para contradecir lo que decía el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o el Supremo», manifestó Oviedo.

Los ecologistas se detuvieron, en el repaso al listado de instalaciones afectadas por el fallo, en la incineradora que Cosmos promueve en El Bierzo. Un proyecto que la Junta ha parado por «la amplia contestación social y las protestas» que ha suscitado en una comarca con un sector agroalimentario fuerte que temía el efecto de los humos en sus productos. Algo que no dio en las otras dos cementeras, en Villadecanes (León) y Venta de Baños (Palencia), que sí están operativas.