Castilla y León inicia su reconversión como comunidad

Es posiblemente uno de los asuntos más áridos e incluso complejos de cuantos se escribirán esta legislatura, pero es también de los más trascendentales. Si no el que más. De que empiecen a negociar los 17 miembros (alcaldes, presidentes de diputaciones, sindicatos, empresarios, partidos políticos y Gobierno regional) de la Mesa de la Ordenación del Territorio que se conformará mañana, y sobre todo de cómo empiecen a hacerlo, depende el futuro de los pequeños municipios de Casilla y León. De aquellos cuyos vecinos están acostumbrados a esperar varios días para que acuda el secretario municipal a validarles un documento, por ejemplo, o de los que ven cómo los pocos jóvenes que quedaban en el pueblo vuelven solo a dormir después de la jornada laboral porque les sigue tirando la tierra, pero que no saben por cuánto tiempo seguirán haciéndolo.

El futuro de los municipios depende de que su administración -los ayuntamientos, que son la entidad más cercana al ciudadano- esté lo suficientemente fortalecida como para ofrecer todos los servicios que necesitan los que han decidido vivir allí. Y para ello la primera propuesta que ha elaborado la Consejería de la Presidencia, que es con la que van a echar a andar los que mañana se sentarán para empezar a desbrozar la complicada selva de la ordenación del territorio, propone unir ayuntamientos de forma voluntaria. «No se trata de hacer desaparecer ayuntamientos», insisten por activa y por pasiva quiénes se han zambullido ya en el debate de cómo ordenar un vasto territorio que, en el caso de Castilla y León, tiene 2.248 municipios de los que el 76% cuenta con menos de 500 habitantes. Se trata de hacerlos más fuertes.

La segunda transición

El asunto es vital. Trascendente. Más que importante. Tanto que ya se interpreta como la segunda transición regional o cuando menos, el inicio de la reconversión de Castilla y León como comunidad.

Lo dicen quienes han empezado a trabajar en este cambio que supera los límites de lo administrativo y que exige ser entendido, en primer lugar, por los ayuntamientos, y en segundo lugar, y no menos importante, por los vecinos de los pueblos. Ellos, mejor que nadie, saben que el medio rural necesita mejorar la prestación de los servicios fundamentales y están constatando que las mancomunidades (unión voluntaria de ayuntamientos que crean una entidad local superior a la que ceden determinadas funciones para que se presten servicios concretos) no están funcionando demasiado bien.

La idea de la Junta de Castilla y León, que lidera el proceso de transformación a partir de un modelo abierto que presentará mañana para iniciar el debate, es que se «organicen» las mancomunidades. Para ello, propone crear distritos de interés comunitario que se formarán a partir de esa unión voluntaria de municipios. En los casos en los que éste tenga más de 20.000 habitantes (hay 15 en Castilla y León), formarán, por sí mismos, un distrito urbano. El resto de uniones de municipios serían distritos rurales. Estas entidades supramunicipales tendrán la potestad de prestar los servicios que necesiten los ciudadanos y, en el caso de los distritos rurales, como propuesta, se podrían organizar tomando como referencia el sistema básico de salud en el medio rural.

Una ver formados esos distritos, el modelo de la Junta sugiere la creación de áreas funcionales, que no tendrán la potestad de prestar servicios sino que se conciben solo en términos de organización. Estas áreas funcionales pueden ser de dos tipos: estables y estratégicas. Las primeras surgirían de la unión de distritos urbanos con los distritos rurales formados por los municipios de su alfoz. Por el contrario, las áreas funcionales estratégicas son las que se conformarían a partir de la unión de distritos con el objeto de dar respuesta a determinados problemas que les atañen a todos ellos. Por ejemplo, una determinada zona afectada por la deslocalización de empresas o la aplicación de planes específicos. Cuando se resolviera el problema, el área funcional desaparecería. Con todo, esto de la ordenación del territorio es más que un asunto político. No obstante, esto último se da por hecho y todo apunta a que, inicialmente, las dos principales formaciones (PP y PSOE) se podrían poner de acuerdo en el primer paso para alcanzar un gran pacto de comunidad.

Los populares aplauden el modelo de la Junta de fomentar la unión voluntaria de municipios, tal y como le dijeron al presidente Juan Vicente Herrera los presidentes del PP en las nueve provincias en la reunión que mantuvieron el pasado viernes. Secundan la propuesta de crear esos distritos supramunicipales que funcionen como las mancomunidades. También los socialistas van por esa vía. En la Conferencia Política celebrada el pasado fin de semana propusieron impulsar «primar financieramente a los municipios o asociaciones de municipios cuya gestión y cuya población permita una prestación racional de los servicios locales».

Las diferencias parecen estar en el segundo nivel, en el de la búsqueda de un nuevo papel de las diputaciones provinciales. Los socialistas apuestan por lo que han llamado consejos de alcaldes y los populares por adaptar sus servicios.

El debate empieza mañana.