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TERESA LAPUERTA
Miércoles, 28 de septiembre 2011, 10:35
Ha departido con 120 alcaldes, se ha reunido con los representantes de la mayoría de las instituciones locales y regionales, ha presentado un plan de ajuste del gasto corriente y de personal que los sindicatos de la casa todavía tratan de digerir, ha recabado la opinión de más de un centenar de agentes turísticos... Durante sus primeros cien días al frente de la Diputación Provincial de Valladolid, Jesús Julio Carnero ha mantenido un frenético ritmo de trabajo para asegurar la consecución de lo que, según dijo ayer, ha sido y continúa siendo su principal propósito: «garantizar los servicios públicos en el medio rural y poner en marcha medidas que propicien el desarrollo económico y el empleo».
Con esas dos premisas como objetivo y «el diálogo, el consenso y la colaboración con los alcaldes y la oposición» como reglas de juego, el presidente hizo un balance muy positivo de su aterrizaje en la Presidencia y puso como ejemplo algunas propuestas de ejecución inmediata. Entre ellas, la redacción de los pliegos de condiciones de los convenios marco que permitirán a la institución ofrecer su adhesión a los ayuntamientos interesados para ahorrar en las facturas de la luz, el gas o la telefonía.
Dentro también de las medidas destinadas a aminorar la asfixia económica que padecen los municipios, Carnero informó del nuevo Plan Provincial de Ahorro en los Municipios, para el que se ha encargado una auditoría energética sobre la situación del alumbrado exterior de los pueblos de menos de 3.500 habitantes. La adecuación y modernización de la red supondría una rebaja en la factura eléctrica de los ayuntamientos de 1,7 millones de euros anuales, pero exigiría una inversión próxima a los 8 millones de euros. De ellos, la institución ya había comprometido 1,5 millones en el presupuesto del presente ejercicio.
Gracias a las reuniones mantenidas con los regidores -«porque nuestra primera razón de ser son los alcaldes y he podido conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades»- el presidente de la Diputación ha redactado un decálogo de reclamaciones o prioridades, algunas de las cuales también están siendo abordadas. Este es el caso, por ejemplo, de los escombros procedentes de la construcción. En menos de cien días, todos los ayuntamientos que lo soliciten recibirán un contenedor para el almacenaje de estos residuos, que serán recogidos, gestionados y valorizados desde el Consorcio Provincial de Medio Ambiente. Solo un problema, los municipios deberán asumir el 40% del coste del servicio.
67 millones de euros
Novedad es también el propósito de la institución de pasar a formar parte en las próximas semanas y, a través de Sodeva, de la Asociación de Polígonos de Castilla y León. El propósito: continuar insistiendo en la promoción de la red de polígonos, el vivero de empresas y los agentes de desarrollo local y en la búsqueda de fórmulas para incentivar el tejido industrial del medio rural.
Pero si algo preocupa tanto a los propios alcaldes como a la institución, es la situación de endeudamiento y asfixia económica que padecen las administraciones locales. A juicio de Carnero, el Gobierno está «ahogando» a los municipios y no solo porque se niega a redactar la nueva Ley de Haciendas Locales que dé estabilidad a los ingresos de los ayuntamientos, sino porque, por su mala gestión, la provincia debe 67 millones de euros por los impuestos transferidos de más entre los años 2008 y 2009. El presidente anunció que su grupo presentará el viernes en el pleno una moción para solicitar al Ejecutivo central que suspenda la devolución de esas partidas o que aplace el pago de las mismas de cinco a diez años.
Mientras tanto, Carnero destacó ayer que la institución continuará ejecutando -«como lo viene haciendo desde el inicio del mandato»- todas las medidas de recorte del gasto corriente que sean necesarias para el mantenimiento de los puestos de trabajo de la Diputación y para la prestación de los servicios que reclaman los ciudadanos del medio rural. El presidente se comprometió también a hacer que tanto los presupuestos de la casa, como los planes provinciales y convenios que de ellos se deriven, ayuden a los ayuntamientos a aminorar el peso de sus propias facturas.
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