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FRANCISCO GÓMEZ
Sábado, 13 de agosto 2011, 02:09
El incremento exponencial de expedientes de regulación de empleo y la convocatoria de concursos de acreedores por parte de empresas de la provincia de Salamanca ha derivado en una situación «insostenible» de la unidad del Fondo de Garantía Salarial, (FOGASA) en la capital salmantina, según criticó ayer el sindicato Comisiones Obreras.
Emilio Pérez, secretario provincial del grupo sindical, señaló que en menos de un año «se ha triplicado el tiempo de resolución de los expedientes», lo que genera «sin duda, grandes perjuicios a los trabajadores que están pendientes de compensaciones y cobros».
El responsable del sindicato señaló que hay más de un millar de expedientes en tramitación en la unidad del Fogasa en Salamanca, atendidos por una plantilla de cuatro trabajadores.
Una situación que lleva por un lado a que el tiempo de resolución de los expedientes haya pasado de ser de 26 días de media en julio de 2010, a más de 58 en 2011. Además, los trabajadores en muchas ocasiones «se ven obligados a realizar horas extra y otro tipo de esfuerzos que no se les compensa, porque prefieren únicamente dedicarse a tramitar expedientes de resolución a trabajadores que están esperando la resolución de concursos o de despidos y que no cobran», señaló Pérez.
El sindicato recordó que la misión fundamental de este organismo es el abono a los trabajadores de los créditos salariales e indemnizatorios pendientes de pago por la declaración de insolvencia o concurso de sus empresas.
Situaciones que según Emilio Pérez «han aumentado significativamente durante la crisis, triplicando e incluso cuadruplicando la actuación de las unidades administrativas del Fogasa, que se han visto desbordadas para grave perjuicio de los trabajadores afectados por estos expedientes», señaló.
60 días de media
Desde el seno de Comisiones Obreras en Madrid, aseguran que en España, el Fondo de Garantía Salarial está tardando actualmente de media más de seis meses en tramitar expedientes, frente al imperativo legal de un máximo de tres meses y los dos meses que empleaba en 2009, y prevé que a finales de 2011 este periodo sea de un año por la obligación de pagar 8 días en las indemnizaciones por despido.
La misión fundamental del Fogasa es el abono a los trabajadores de los salarios que la empresa en el momento del inicio del ERE, o al declararse insolventes les dejó pendientes, situaciones que han aumentado durante la crisis.
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