76 alcaldes afrontan la gestión diaria con una deuda que supera el millón de euros

Si en las casas consistoriales puede aplicarse el dicho de que quien algo debe no reposa como quiere, en Castilla y León no son pocos los alcaldes a los que los créditos municipales les provocarán dificultades para descansar.

La comunidad autónoma cuenta con 76 ayuntamientos cuya deuda viva, según el último informe del Ministerio de Economía y Hacienda (con datos oficiales a 31 diciembre de 2010), supera el millón de euros. A la cabeza del pelotón del déficit municipal se encuentran las nueve capitales de provincia, las localidades de más de 20.000 habitantes, muchas cabeceras de comarca y se han colado también un nutrido grupo de pueblos más pequeños. La lupa se centra en las capitales de provincia cada vez que se publican estadísticas sobre deuda municipal, pero volver la vista hacia el listado del resto de municipios depara sorpresas cuando se cruza el dato de números rojos con el padrón de habitantes. La división de la cifra de deuda viva que da el Ministerio entre los habitantes que atribuye el Instituto Nacional de Estadística (INE) a cada uno de estos 76 municipios arroja la mayor presión fiscal en poblaciones del medio rural.

Ese prorrateo del montante de los préstamos entre los vecinos del municipio, pone a Lanzahíta (Ávila) en lo más alto del escalafón de la presión fiscal de la comunidad. Son los que más deuda 'per capita' soportan: 1.623,6 euros. Pedro Sierra, que acaba de estrenarse en la Alcaldía de la localidad abulense tras el paso por las urnas el 22 de mayo, valora con prudencia ese primer puesto en la clasificación autonómica de deuda municipal. «Los datos son de diciembre y la situación ha mejorado algo, aunque es una cuestión que estamos analizando en profundidad», precisa el nuevo regidor de Lanzahíta.

Por encima de los mil euros por habitante se sitúan, además de Lanzahíta, Villares de la Reina, en Salamanca, con 1.354 euros por residente; las localidades segovianas de Cantalejo (1.025) y Torrecaballeros (1.033); y las burgalesas de Roa (1.061) y Villagonzalo Pedernales (1.013). Palazuelos de Eresma se queda, con 997,4 euros por habitante, a las puertas de entrar en el selecto club de localidades cuyos vecinos tendrían que apoquinar más de mil euros para sufragar la deuda de su Ayuntamiento. Ninguno de estos pueblos llega a los 5.000 habitantes. Cerca de esa cota del millar de euros se sitúan tres capitales de provincia con un fuerte endeudamiento. Se trata de Salamanca (902,6 euros por habitante), Burgos (892 euros) y Ávila (819,2 euros). Tampoco desmerece la posición en Valladolid, Segovia y Salamanca de los ayuntamientos de La Pedraja de Portillo (891,8 euros 'per capita'), San Ildefonso (853 euros) y Guijuelo. La deuda aquí asciende a 846,6 euros por habitante.

Vértigo

Los totales de deuda de las administraciones locales en Castilla y León y en España dan vértigo. Y ese mareo crece al contextualizar el nivel del empeño, las obligaciones con los bancos, con lo apurada que está la recaudación de ingresos para hacer frente al pago del funcionamiento diario de los servicios municipales y a la devolución, con los correspondientes intereses, de la deuda firmada. El sector público local de España tiene que hacer frente a una deuda que asciende a 35.443 millones de euros. De esa cifra, 28.851 millones son adeudados por los Ayuntamientos y el resto por diputaciones, mancomunidades, cabildos insulares y entidades locales menores. Los 2.248 municipios de Castilla y León afrontan su día a día con una deuda de 1.102 millones de euros y con las licencias de obra, fuente principal de ingresos propios en los municipios con mayor empuje urbanístico, bajo mínimos.

Y las diputaciones, ¿qué?

Pues las diputaciones, que habitualmente quedan fuera del foco informativo al orientarse los reflectores hacia las capitales de provincia, acumulan en préstamos y créditos obligaciones de pago por valor de 403,28 millones de euros. Ocupa la primera posición la institución provincial de León, que preside la exconsejera de Hacienda, Isabel Carrasco. Su deuda viva asciende a 88,54 millones de euros, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda.

La situación de las arcas de las corporaciones locales se enmarca en el debate político sobre la necesidad de abordar su financiación. En la comparecencia ante las Cortes para explicar su programa de legislatura, el consejero que ha asumido las relaciones de la Junta con las administraciones locales, el de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez López, comprometió al menos 1.600 millones para el Fondo de Cooperación Local durante los cuatro próximos años. Esa cantidad podría incrementarse hasta un 10% si la economía de Castilla y León remonta y crece por encima del 2,5%. Desde la oposición se considera una cuantía insuficiente y se critican los criterios de reparto por dejar escaso margen a los municipios para decidir en qué emplean ese dinero. Pero las críticas no se dirigen solamente a la Junta. De Santiago-Juárez ha recalcado que la asfixia financiera aqueja a todos los ayuntamientos de España, no solo a los de Castilla y León, y que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero prometió hace siete años una Ley de Financiación Local y, de lo prometido, nada.

Ahora, el debate político no paga a los bancos. Hay un dicho popular que dice que mil disculpas no pagan una deuda. Lo primero que aprenden quienes las suscriben es que no salen gratis. Hay que devolverlas y con intereses.