La despoblación y el recorte de ingresos amenazan el futuro de 600 farmacias

Las nuevas medidas de recorte de ingresos del sector farmacéutico aprobadas este jueves en Madrid en el seno del Consejo Interterritorial de Salud por las comunidades y el Estado han provocado la indignación de la industria y las empresas farmacéuticas. Y no porque el sector afectado esté en contra de participar en nuevas políticas de contención y ahorro del gasto sanitario en busca de la sostenibilidad del sistema nacional público, sino porque estima que es la única diana de estas políticas. Precisamente, aseguran, las administraciones inciden en la factura farmacéutica «porque es la partida más controlada y transparente, la del gasto ambulatorio del medicamento, que representa un 20% del total sanitario», destacan fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Concretamente, en Castilla y León, las medidas que durante la última década y, en particular, el último año se han adoptado al respecto «nos afectan de forma muy importante porque las farmacias de esta comunidad son, después de Navarra, las más deprimidas, con menor número de habitantes por oficina de farmacia», destaca Jesús Aguilar, presidente del Consejo regional.

Explica que el 72% son oficinas ubicadas en zonas rurales, donde hay una tendencia a la pérdida de habitantes. Estos cambios de población y las 16 medidas adoptadas «en contra del sector» en la última década amenazan la viabilidad de unas seiscientas farmacias de la comunidad, rurales y también urbanas «porque algunas que están en pleno centro de la ciudad tampoco resultan muy rentables en contra de lo que los ciudadanos piensan», añade el portavoz profesional del sector en Castilla y León. Aunque es difícil calcular a cuántos puestos de trabajo o familias podría afectar la pérdida de dichas oficinas, «podría hablarse de unos 1.200».

El sector «supone el 20% del gasto sanitario, ¿por qué solo se actúa sobre esta minoría y no se aborda el 80% restante?» destaca Jesús Aguilar en una postura que comparte con el resto de colegios oficiales de España. «Nosotros controlamos bien la factura de farmacia, pero hay otro gasto importante en medicamentos que es el hospitalario, ¿por qué nadie mete mano a esta cuestión?», añade.

394 millones de deuda

Y es que, efectivamente, mientras la Junta de Castilla y León es cumplidora en cuanto al pago de medicamentos a las farmacias -el concierto firmado con los colegios oficiales es de un plazo máximo de 45 días y no se sobrepasa- la morosidad en cuanto a la deuda hospitalaria de fármacos y suministros es preocupante. El Gobierno autonómico reconocía el pasado mes de junio una deuda de 512 millones y anunciaba medidas para pagar 118; lo que efectivamente ya se ha llevado a cabo, según fuentes de la Consejería de Hacienda. Respecto a los 394 pendientes, la Junta había anunciado que buscaba fórmulas de financiación bancaria para hacer frente al débito. La Consejería de Hacienda asegura que «una pequeña parte ha sido pagada» pero que sigue pendiente de resolver el resto de la deuda. «Se buscan fórmulas de negociación; pero el problema con Grecia ha cerrado los mercados y las posibilidades de acordar financiación con las autonomías con entidades bancarias». Ahora que se han aprobado las líneas de crédito del Fondo Europeo y avanzado en el tema de Grecia, la Junta ve con mayor optimismo poder alcanzar acuerdos de financiación.

El Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos destaca, por lo tanto, que el servicio asistencial que prestan las farmacias peligra por la demora en el pago de algunas comunidades y que «las 21.364 farmacias del país (1.631 en Castilla y León) necesitan un escenario de certidumbre que les permita proporcionar los actuales servicios; así como mantener los 80.000 puestos directos de trabajo, que constituyen un empleo estable, cualificado y mayoritariamente femenino», señala.

Los colegios oficiales destacan asimismo que es «imprescindible que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera dote a la Sanidad de los recursos económicos que realmente necesita, y habilite que los recortes que se están produciendo sobre el medicamento reviertan sobre el sector afectado.

Medidas

Entre las medidas, con las que el Gobierno busca generar un ahorro de 2.400 millones de euros anuales, está la extensión de la prescripción de medicamentos por principio activo a todas las comunidades; en la región ya está implantado. Los médicos deberán, por lo tanto, recetar por principio activo y no por marca comercial y las farmacias deberán dispensar el medicamento genérico más barato. También se acordó la reducción de un 15% del precio de los medicamentos con más de diez años en el mercado y que aun no dispongan de un genérico. Por su parte, Farmaindustria destaca que «si las medidas se plasman finalmente en un Real Decreto ley, serán tres las normas de reducción aprobadas en 16 meses, con un impacto económico en el sector de cerca de 5.000 millones de euros, lo que supone el 30% de su mercado y critica que se obligue a recetar genéricos, según recoge Efe.