Las obras de las pistas de Meseta Ski seguirán paralizadas durante años

La Ley por la que las Cortes Regionales declararon en mayo de 2010 Meseta Ski como un proyecto de Interés Regional continuará suspendida. El Tribunal Constitucional ha dictado un auto por el que mantiene la paralización de la norma y, por lo tanto, de las obras del complejo deportivo y de ocio de la Diputación en la pedanía tordesillana de Villavieja del Cerro. La suspensión de la Ley 6/2010 que avalaba la legalidad de las instalaciones -decretada de forma cautelar tras la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el juez de lo Contencioso Número 2 de Valladolid y del recurso que en el mismo sentido interpuso el presidente del Gobierno- se amplía ahora en el tiempo hasta el pronunciamiento definitivo del Alto Tribunal sobre su inconstitucionalidad. El fallo judicial, que puede tardar más de un lustro en llegar, impide a la institución provincial reanudar un proyecto en el que ya ha invertido más de once millones de euros.

El Constitucional justifica su decisión en la incompatibilidad de dichas instalaciones con la regeneración de la masa forestal y hace prevalecer el interés medioambiental frente al desarrollo económico que Meseta Ski supondría para la comarca. «Por un lado -reza el auto- es clara la incompatibilidad de la actividad proyectada con la recuperación de la cubierta vegetal (...) por otro, ya hemos apreciado que tampoco aparece aquí una lesión de intereses públicos o privados de carácter patrimonial que afecten a un sector económico de manera directa e inmediata».

Como se recordará, el proyecto de Meseta Ski, iniciado en 2006, suponía la construcción de una pista de esquí seco en una de las laderas del cerro de San Juan, sobre unos terrenos que, tras sufrir un incendio en 1999, habían sido reforestados. La actual Ley de Montes establece que, en esos supuestos, deben transcurrir al menos 30 años antes de proceder al cambio de uso de las parcelas, por lo que la asociación Ecologistas en Acción emprendió meses después una batalla judicial en contra del complejo que condujo a su paralización.

Las obras volvieron a retomarse temporalmente tras la aprobación por parte de las Cortes Regionales, por unanimidad de todos los partidos políticos, de la Ley que decretaba el Interés Regional del proyecto. En lugar de concluir, el proceso judicial tomó entonces un doble rumbo: determinar, por un lado, la presunta ilegalidad de las instalaciones y esclarecer, por otro, la inconstitucionalidad o no de la norma regional que las protegía.

Los vaivenes procesales tampoco tocarán a su fin, ni mucho menos, con el auto del Alto Tribunal dado a conocer ayer. De hecho, tan solo unos días antes, el pasado 7 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) dictaba una sentencia firme en contra del derribo de lo ya ejecutado -alrededor del 93% del total de la obra, según la propia institución provincial- decretado a instancias de la asociación ecologista, y daba carácter de legalidad a las instalaciones, en función de la citada Ley de Declaración de Interés Regional.

Todos contentos

El equipo de gobierno de la Diputación se «congratula» del contenido de dicha sentencia, porque permitirá conservar lo construido, y se limita a definir la posterior resolución del Tribunal Constitucional «como un auto de mantenimiento de la suspensión cautelar sobre la ley regional de las Cortes» y a ratificar su confianza en un proyecto que busca «el desarrollo económico y social de la provincia».

La lectura que Ecologistas en Acción hace de la situación es también optimista, pero por motivos muy diferentes. En opinión de su portavoz, Miguel Ángel Ceballos, la rotundidad del auto del Alto Tribunal pone de manifiesto que la Ley regional va a ser declarada inconstitucional, «como no puede ser de otra manera», y debe llevar a la Diputación a demoler las instalaciones y a todas las instituciones a asumir responsabilidades políticas por la «arbitrariedad de sus actuaciones».

Ceballos valora de «irrelevante» la sentencia del TSJ ya que, como recuerda, «la orden de demolición ya estaba paralizada como consecuencia de la suspensión cautelar dictada por el Constitucional». A su juicio, la Diputación la ha hecho pública coincidiendo con el auto del Alto Tribunal para «oscurecer lo realmente importante, que la obra no va a salir adelante».