Persecución de maestros y funcionarios

El cuerpo docente de la enseñanza sufrió con dureza las secuelas de la represión en los primeros años de la guerra. Las nuevas autoridades, apoyadas por la Iglesia y por los sectores sociales conservadores, se esforzaron en erradicar hasta el último vestigio de los elementos característicos de la educación republicana, como eran la coeducación, la pedagogía activa, la gratuidad, el laicismo, etc.

Su objeto no era otro que sustituirlos por un modelo de enseñanza adecuado a los valores defendidos por la Iglesia católica y orientados hacia la recristianización de la sociedad, nuevos valores acordes con el Estado confesional, jerárquico y autoritario que se estaba fraguando. Para ello, ya durante la contienda, especialmente en aquellas zonas donde el golpe triunfó rápidamente, las nuevas autoridades procedieron a depurar-adaptar el profesorado a los nuevos postulados educativos.

Solamente en el área urbana de Valladolid fueron apartados y sustituidos de sus plazas 22 maestros nacionales y clausuradas siete escuelas privadas de otros tantos maestros vallisoletanos. 27 sufrieron penas derivadas de su proceso de depuración. En la provincia, como es de prever, el cúmulo de sanciones fue mucho mayor: afectaron a un total de 133 maestros, 38 de ellos separados definitivamente del empleo, cifra que Ignacio Martín Jiménez eleva a 47 en virtud de lo preceptuado por la orden de la Junta de Defensa Nacional de 19 de agosto de 1936. El restringido espacio de una página de periódico obliga a mencionar algunos de los casos más relevantes.

Profesores destacados

En la Enseñanza Secundaria, profesores y catedráticos de enorme relevancia sufrieron penas diversas. Entre ellos podríamos destacar a Enrique Pons Irureta, catedrático numerario de Historia Natural y Fisiología é Higiene del instituto Zorrilla, que había sido concejal y presidente del Partido Radical Socialista; su colega de centro, el eminente escritor Narciso Alonso Cortés, afiliado durante la República al Partido Republicano Radical; o a los profesores del instituto Núñez de Arce Juan Manuel de las Heras Garrido, Ramón Gómez Ribot, Teodoro Azaustre Urbán, Hilario Ducay Hidalgo, Jesús García Tolsá y el pintor y militante del Partido Socialista, Aurelio García Lesmes. Salvo De las Heras, el resto fue separado del cargo.

Otros miembros del personal docente de las Escuelas de Comercio, Trabajo y Magisterio de la Universidad de Valladolid fueron destituidos por su afinidad ideológica a la República: el asesinado Florentín Quemada, vinculado a la Escuela de Comercio; Eugenio Cano Martín, profesor de la Escuela de Trabajo, o el detenido exalcalde socialista Federico Landrove Moiño, profesor de la Escuela Normal de Magisterio. En ésta resultaron separados del empleo Teófilo San Juan Bartolomé, profesor de Psicología y director del centro en 1931, así como su colega de Ciencias Amadeo Arias Herrero, que además era vocal de la Asociación Provincial de Trabajadores de la Enseñanza.

Por su parte, José María Villacián, docente muy reputado en la ciudad, resultó suspendido temporalmente de empleo y sueldo por su militancia en Acción Republicana, y misma suerte corrieron Antonio Maffei Carballo, profesor de la Escuela de Comercio y su colega de la Normal, Julia Méndez Conde. El socialista Mariano de los Cobos Mateo, profesor de la Escuela Profesional de Comercio, resultó depurado en 1939 con resultado desfavorable: fue separado del servicio.

Entre los maestros asesinados destacaron Claudio Renedo Beltrán (12 de agosto de 1936), Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard, que llegó a ser directora de la Escuela Normal (25 de agosto de 1936), María Ruiz Doyagüe (12 de septiembre de 1936), el maestro de Villalón Ángel Arturo Rojo Mogardi (24 de octubre de 1936), y su colega de Olmedo, Julio Valdeón Díaz, asesinado el 11 de diciembre de 1936.

En la Universidad, la purga se cebó, principalmente, en la Facultad de Medicina: fueron separados del cargo Isaac Costero Tudanca (catedrático de Anatomía Patológica), Francisco Suárez López (profesor auxiliar), Ángel Payerpaj Gredilla (ayudante interino), Rodrigo Esteban Cebrián (profesor auxiliar), Rafael Argüelles (ex vicerrector), Julián García Álvarez (médico de guardia) y Luis Fernández Bravo, mientras sus compañeros A. Rodríguez Calleja, Vicente Baena Baena (auxiliar temporal) y Manuel Blanco Sarmiento (ayudante de clases prácticas) eran inhabilitados durante 5 años.

En Derecho sufrieron pena máxima (separación del cargo) Tomás Gómez Piñán (catedrático de Historia del Derecho), Blas Ramos Sobrino (catedrático de Filosofía del Derecho nacido en Tiedra y muerto en el exilio en 1955), Emilio Gómez Orbaneja (catedrático de Derecho Procesal, fue reintegrado en 1941 pero sancionado con el traslado a la Universidad de Salamanca) y Justo Villanueva Gómez -este último, catedrático de Derecho Político, había militado en el Partido Republicano Radical en dos legislaturas, y no fue reintegrado en el servicio activo hasta febrero de 1952-; y en Filosofía y Letras, el ex rector Andrés Torre Ruiz.

Un caso curioso es el del catedrático de Derecho Civil Vicente Guilarte González, que si bien logró superar la primera fase depuradora siendo confirmado en el cargo, resultó, sin embargo, sancionado con la inhabilitación para desempeñar cargos directivos y de confianza por haber presidido, durante la República, el Partido Republicano Conservador. Lo mismo le ocurrió a su colega en Medicina, Evelio Salazar García. Otros, como Arturo Pérez Martín, catedrático de Física Teórica y Experimental, vicerrector de la Universidad y militante, durante la República, del Partido Republicano Radical Demócrata, corrieron peor suerte y fueron fusilados.

No menos importante para la consolidación del Nuevo Estado era el cuerpo de funcionarios. Aunque la depuración masiva de los empleados públicos se llevó a cabo en los primeros años de la posguerra, toda la normativa legal de la misma se fijó durante el período bélico. Ya en 1936 se realizaron, por orden de la autoridad municipal, 503 informes de empleados municipales de Valladolid, resultando expedientados un total de 128, esto es, un 25%. Ahondando aún más, entre aquel año y 1940 fueron 184 los funcionarios municipales sancionados, un 37% de la plantilla. El archivo documental del Gobierno Civil arroja, para el periodo bélico, un total de 141 funcionarios municipales sancionados previo proceso depurador. La mayor parte de los mismos sufrió baja en el escalafón (110), mientras que 16 resultaron suspendidos de empleo y sueldo, de los que 4 lo fueron de manera total y el resto, entre 2 años y 5 días. Además, hasta mayo de 1937, el libro de Actas del Ayuntamiento arroja la cifra de 58 funcionarios destituidos y 12 suspendidos temporalmente de empleo y sueldo.