A la caza del político repúblicano

No hubo sorpresas. El mismo general Mola, 'director' de la sublevación, explicó en sus inicios el carácter sistemático y el contenido político de la labor represora a realizar por el bando insurgente, señalando que «la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga (...). Es necesario propagar una atmósfera de terror (...). Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado». Así se hizo en la ciudad de Valladolid desde el triunfo, casi inmediato, de los sublevados. Los datos que ofrecen la prensa local, Ignacio Martín Jiménez y Jesús María Palomares exponen un total de más de 2.000 los vallisoletanos detenidos entre julio y diciembre de 1936, hacinados en las comisarías y cárceles de la ciudad, una cifra que asciende a 3.000 en 1940. Mayor controversia rodea a la cifra de ejecutados: el profesor Palomares ha documentado 616 casos, incluyendo tanto los sentenciados judicialmente a la pena máxima como los cadáveres no identificados con signos de muerte violenta, que fueron enterrados en el cementerio municipal entre 1936 y 1937.

La mayor dificultad estriba en saber el número exacto de quienes sucumbieron a las llamadas 'sacas' o 'paseos' llevadas a cabo por las cuadrillas de falangistas, japistas, Guardia Civil y policía, generalmente de noche y sin orden judicial. Tras la ejecución 'extralegal', los cuerpos aparecían en lugares tristemente célebres por este motivo, como el Prado de la Magdalena, los muros del cementerio, el Canal y la explanada del Carmen. Martín Jiménez habla de 924 'paseados' en Valladolid, si bien la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica eleva la cifra hasta un total aproximado de más de 3.000 personas en toda la provincia.

La muerte, además, como espectáculo: numerosos vallisoletanos subían a primera hora de la mañana al campo de San Isidro para contemplar las ejecuciones dictadas por los Consejos de Guerra. Acompañaban el macabro evento con churros y chocolate caliente en un puesto ambulante que un empresario oportunista, que tenía su negocio en la Plaza Circular, había instalado aprovechando la ocasión. Hasta el gobernador civil se vio obligado a publicar un bando para atajar tamaña costumbre.

Los vecinos de los barrios colindantes (Pajarillos, Delicias) escuchaban aterrorizados los disparos y descifraban el número de ejecutados contando los tiros de gracia.

Sindicalistas

Como la represión tenía como objetivo prioritario, además de amedrentar a la población, lograr la extinción de las organizaciones obreras de clase, los más significados líderes y militantes de los sindicatos afines al socialismo fueron apresados juntos en el asalto a la Casa del Pueblo. 448 personas fueron detenidas en este lugar hacia las diez de la mañana del 19 de julio. Todas las que ejercían un cargo público o tenían antecedentes policiales fueron condenadas a pena de muerte, 40 en total; a 30 años de reclusión lo fueron 363; a 20 años, 27; y 19 resultaron absueltas.

La desmesurada nómina de detenidos, encarcelados y ejecutados nos obliga a reparar sólo en los casos más relevantes. Las máximas autoridades locales, salvo el general Molero, y la mayoría de los líderes socialistas perecieron por fusilamiento o 'saca' en los primeros meses de la contienda.

Al alcalde Antonio García Quintana le ejecutaron en San Isidro el 8 de octubre de 1937, después de que una amiga de la familia delatase su escondite a los falangistas. Su predecesor, el profesor Federico Landrove Moíño, primer alcalde de la República en la ciudad, fue apresado el 3 de agosto de 1936 junto a su hijo, el socialista, abogado del Estado y diputado a Cortes en 1936 Federico Landrove López. A éste le fusilaron el 15 de agosto de 1936; su padre fue condenado a 30 años de reclusión mayor. Al médico y concejal socialista del Ayuntamiento, José Garrote Tebar, le ejecutaron el 29 de julio de 1936; idéntico trágico final sufrieron sus compañeros de partido Alfredo García Conde, que apareció muerto por causas violentas el 11 de abril de 1937, el tipógrafo Eusebio González Suárez, que era presidente de la Casa del Pueblo, Tomás González Cuevas, Bernardo de los Cobos Mateo, fusilado el 26 de julio de 1936, y el edil republicano y diputado provincial Apolinar Polanco Criado.

El último gobernador civil de Valladolid, Luis Lavín Gautier, pereció fusilado el 18 de agosto de 1936 en compañía del estudiante Félix Lefler Benito, destacado dirigente local de la Federación Universitaria Española (FUE). Terminaron de igual manera los miembros de las Juventudes Socialistas de la ciudad Julián Muñoz, María Ayllón y Vicenta Bermejo Adrián (novia del citado Lefler); el republicano Eliseo San José Vigo, el abogado de Acción Republicana José Fuentes Valdés, y Florentín Quemada Blanco, militante de Izquierda Republicana.

También, los militantes anarquistas Carlos San José Rodríguez, Rafael Holgueras Sesmero, José González Juste, Mariano 'El Rojo' y Daniel Martín Rodríguez 'el Viruela', liderados por Anastasio Holguín Rodríguez; y lo mismo le ocurrió, el 1 de junio de 1938, al dirigente de la FAI Emilio Pedrero Mardones.

Al Partido Comunista pertenecían Julio López Blanco, fusilado el 24 de mayo de 1937, y María Doyagüe de la Calva, asesinada junto a su hija, la maestra comunista María Ruiz Doyagüe, el 12 de septiembre de 1936.

Masones

Entre las ejecuciones extralegales perpetradas por las patrullas falangistas destacaron, según informes recabados por Ignacio Martín Jiménez, la de los masones José Getino Carreño y su hijo, Julio Getino Osaca, y la de los socialistas Víctor e Isidro Valseca (también padre e hijo).

Otros líderes sindicales de renombre fueron el socialista Luis Gutiérrez García, directivo de la Casa del Pueblo, los dirigentes el Sindicato Ferroviario Manuel Holgado García y Pedro Asegurado, el de la Federación Provincial de Trabajadores de la Tierra, Pablo Arranz Sanz, y el dirigente del sindicato ugetista de Correos Higinio Bustelo Méndez. Todos ellos fueron pasados por las armas.