Un juzgado investigará a CIC por posibles irregularidades contables

El magistrado de Primera Instancia número 12 de Valladolid ha remitido a la Fiscalía un auto y diversa documentación en la que solicita la apertura de diligencias penales contra tres de los directivos de la sociedad Castilla Informática Consulting (CIC), empresa que desde el mes de enero de 2009 se encuentra sometida a un concurso de acreedores por su insolvencia. El juez ha visto indicios de posibles delitos de falsedad en documento mercantil en relación con unas facturas de un crédito formalizado por la sociedad, por importe a 858.452 euros, frente a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) de la Junta de Castilla y León.

Según el auto al que ha tenido acceso este diario, los administradores concursales designados por el Juzgado solicitaron al magistrado que declarase nulo el acuerdo de 18 de diciembre de 2007 sobre el reparto de dividendos realizado por los tres administradores, J. I. V. G., E. R. V. y J. M. V. G. por considerarles que habían adoptado un acuerdo de reintegro que perjudicó a la masa económica y al patrimonio de la empresa frente a sus acreedores. Según consta en la documentación judicial, los tres directivos contra los que el juez pide a la Fiscalía que abra diligencias penales justificaron el reparto de dividendos en las cuentas de la empresa CIC en que se incluyó un saldo a favor de esta sociedad de 858.452 euros correspondientes a tres facturas relativas a trabajos de mantenimiento, instalación de software de migración y cambios en el programa Medora de Sacyl. El saldo favorable fue incluido en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de Valladolid, e incluido en el informe por el que se pedía el concurso voluntario.

Los peritos judiciales consideraron «dudoso» dicho crédito, por lo que pidieron a la Junta que informase sobre el origen de la deuda, negando Sacyl en abril y junio de 2009 que «las facturas discutidas se correspondieran con ningún expediente de contratación promovido por la Junta». Ante estas circunstancias, el juez de Primera Instancia estima que podría haberse producido un delito societario a cargo de los administradores de Castilla Informática Consulting. El magistrado pide que se aclaren también por parte de la Consejería de Sanidad las facturas relacionadas con trabajos informáticos llevados a cabo por esta empresa, cuya sede estaba en la calle García Morato.