Marichalar pide en Bruselas que se paralice la Ciudad del Medio Ambiente

El Conde de Ripalda ha pedido al Parlamento Europeo la paralización del proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) puesto en marcha en la localidad soriana de Garray.

La Comisión de Peticiones de la eurocámara acordó ayer enviar una carta a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Garray (Soria) para trasladarles su «preocupación» por el proyecto por su cercanía al yacimiento arqueológico de Numancia, y donde se proyecta construir 700 viviendas.

El conde de Ripalda, Amalio de Marichalar, defendió ayer en Bruselas, y ante la Comisión, «el valor intangible de Numancia» e instó al Parlamento Europeo a paralizar el proyecto de la urbanización en la localidad soriana de Garray. Para Marichalar resulta «incomprensible» seguir adelante cuando se logró paralizar el polígono industrial Soria II, «tras siete largos años de litigio judicial».

Marichalar insta al Parlamento Europeo a que «aplique cuantas medidas considere para proteger el patrimonio europeo» e impida seguir adelante con el proyecto o para lograr que las nuevas viviendas proyectadas «se instalen en otro lugar y no en el sitio de Numancia».

La responsable del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), María Jesús Pérex Agorreta, también insistió ayer ante la Eurocámara en que el proyecto urbanístico provocará «la degradación irreversible» del entorno cultural y patrimonial de Soria y de Numancia.

La académica aseguró que ya se están viendo los efectos negativos del proyecto no sólo «en la talla indiscriminada de árboles» sino en «la desaparición de nidos de cigüeña» y en que «varias calles» del proyecto trazado ya se han inundado.

El presidente en funciones de la Comisión de Peticiones de la eurocámara, el eurodiputado Willy Meyer, se mostró ayer partidario de que los grupos de la comisión parlamentaria redacten «una moción de resolución al pleno» para «alertar a todas las instituciones europeas» de la necesidad de impedir que se prime «el criterio medioambiental» sobre «el patrimonial» a la hora de realizar los preceptivos estudios de evaluación de impacto medioambiental.