Nombres propios del 23-F en Valladolid

Habían desmentido con rotundidad los vallisoletanos, aquel mes de abril de 1979, las acusaciones que hablaban de una mayoría sociológica franquista; no había tal 'Fachadolid', incluso los nostálgicos enrolados en Alianza Popular recibieron un rotundo varapalo. Mientras las elecciones generales, celebradas en marzo, habían dado mayoría a la UCD, seguida muy de cerca por el PSOE, este último sorprendió a propios y extraños alzándose con el gobierno consistorial en los comicios municipales de abril de 1979. Por eso a Tomás Rodríguez Bolaños, técnico de Fasa desde los sesenta, y destacado activista en las movilizaciones obreras en la factoría durante los últimos años del franquismo, le tocó vivir aquel infausto lunes el intento de golpe de Estado como alcalde de Valladolid. Militante de PSOE y UGT desde los albores de la dictadura y cabeza de lista en las municipales de 1979, la mayoría de los vallisoletanos le otorgaron la confianza necesaria para hacerse con el bastón edilicio. No lo dejaría hasta 1995.

Bolaños regía el primer Consistorio auténticamente democrático de la Transición. De ahí las precauciones que hubo de tomar el 23 de febrero de 1981, cuando una lista negra confeccionada supuestamente por militantes de ultraderecha lo situó en los primeros puestos de una acción represiva contra izquierdistas e históricos antifranquistas.

Mientras en los comicios municipales los socialistas, dirigidos por Prudencio Prieto, que estaba al frente de la Secretaría Provincial del PSOE, se adueñaban de la mayor parte de la voluntad electoral capitalina, la provincia seguía siendo feudo de la Unión de Centro Democrático. Por eso al frente de la Diputación Provincial se encontraba Federico Sáez Vera, hombre de la formación centrista y antiguo militante del grupo 'Tácito', de tendencia democristiana, desde donde había desembarcado en el partido de Suárez.

Centristas y aliancistas

Éste contaba con una triple representación destacada en la ciudad: el presidente provincial, Vicente Guilarte; el cabeza de lista municipal, José María del Río, concejal en el Ayuntamiento, y el secretario Fernando Martín, actual propietario de Martinsa y expresidente del Real Madrid. No eran aquellos buenos tiempos para la UCD, ni en Valladolid ni en España. Devastada en su interior por múltiples rencillas internas, los comicios de 1979 habían sido para ella el principio del fin; a la altura del 23-F, Suárez había dimitido como presidente del Gobierno y la UCD vivía tiempos penosos antes de la disgregación definitiva.

Claro que los grandes derrotados aquel mes de marzo de 1979 no eran otros que los hombres de Alianza Popular, situados en las municipales en cuarto lugar detrás de socialistas, centristas e independientes. Al frente de los aliancistas de Valladolid se encontraba, en las vísperas del 23-F, Fernando Velasco de Andrés, peso pesado de la política local durante el franquismo (había sido subsecretario provincial del Movimiento entre 1969 y 1976) y presidente de la Diputación Provincial en 1976. Velasco había cesado voluntariamente de esta responsabilidad para encabezar la lista electoral en las elecciones generales de 1977; sucesor de Martín Calero al frente de la AP vallisoletana, en 1982 será relevado por otro viejo conocido de la política local, regional y nacional, el exdirector de la Guardia Civil Santiago López Valdivielso.

La izquierda estaba destinada a pasarlo verdaderamente mal aquel lunes negro de febrero. En especial los comunistas, punta de lanza de la oposición al franquismo convertidos, por obra y gracia de la deriva política del momento, en la tercera fuerza detrás de UCD y PSOE. Los seguidores de Carrillo en Valladolid estaban representados por el fallecido Ángel Cristóbal, trabajador en Senovilla y Renfe, militante del PCE desde 1969 y muy activo en CC OO entre 1974 y 1981. Secretario provincial del partido en 1981 y regional al año siguiente, Cristóbal nunca ocultó su fidelidad a Santiago Carrillo, hasta el extremo de terminar siendo expulsado junto a él y otros 18 militantes del Comité Central por «actividad fraccional». Acabará engrosando las filas del PSOE (su entrada se materializará en 1991) y ostentando un papel destacado dentro del grupo socialista de la Diputación.

La política municipal de aquel momento quedaría coja sin citar al concejal independiente Manuel Vidal, alcalde entre enero de 1978 y febrero de 1979, al que la extrema derecha apoyó de manera solapada en las municipales de abril. Empresario de fuste, Vidal prestará un apoyo inolvidable al alcalde Tomás Rodríguez Bolaños en la jornada del 23-F.

No menos convulsa fue la jornada del 23-F para los líderes del sindicalismo mayoritario de entonces. Alfonso Maroto Sebastián, además de contribuir a la recuperación del sindicalismo socialista en los años setenta, lideraba la UGT vallisoletana y tomaría parte activa en la puesta en marcha de su estructura regional, hasta el extremo de ocupar su secretaría inicial.

Comisiones Obreras, por su parte, estaba representada por Guillermo Díez Martínez, trabajador de banca y militante también del Partido Comunista, que en 1978 había sucedido a Antonio Gutiérrez en la secretaría provincial del sindicato.

En el Congreso

Cuando el 23-F Antonio Tejero se encaramó a la tribuna del Congreso y gritó «¡Quietos (sic) todo el mundo!"», dejó helados a quienes ocupaban escaño por Valladolid. Cinco diputados en total. Los tres de UCD ya habían ocupado escaño en 1977. Eran Eduardo Moreno Díez, procedente de las filas socialdemócratas y hombre de tenaz y sentida vocación regionalista; Ignacio Camuñas, representante del ala liberal y cabeza de lista también por Valladolid en 1982, y María Teresa Revilla, esposa del expresidente de Fasa, Juan Antonio del Moral, y miembro del Comité Ejecutivo del primitivo Partido Popular creado por el grupo 'Tácito'.

Por su parte, los socialistas Juan Colino -que entonces era secretario provincial del PSOE- y Gregorio Peces Barba llevaban tiempo presionando en Madrid para que las autoridades se emplearan más a fondo con los ultras de Valladolid. Unos ultras que desde mediados de 1979 la venían tomando con el máximo representante del Gobierno en la capital, Román Ledesma Rodríguez, hombre dialogante y contemporizador que entre 1974 y 1977 había ejercido como secretario de la Dirección General de Política Interior; gobernador civil de Soria hasta 1979, llegó con el mismo cargo a Valladolid en julio de ese año. A Ledesma, que en octubre de 1984, ya con el PSOE en el Gobierno de la nación, sería nombrado jefe de la Secretaría del Gobierno, no le tembló el pulso el 23 de febrero de 1981.

De hecho, el gobernador era consciente de las dificultades que entrañaba lidiar con la cúpula militar de aquella época. Al igual que le ocurría a Suárez, no era desconocedor del nulo compromiso de los altos mandos militares de Valladolid con la legalidad constitucional. El primero de ellos, el teniente general Ángel Campano López, responsable de la VII Región Militar desde febrero de 1977, cuya hoja de servicios estaba plagada de méritos al servicio del régimen franquista. De hecho, su proceder en los primeros años de la Transición lo confirmó como candidato seguro a sumarse al golpe militar.

Logroñés de Lagunilla nacido en 1915, veterinario y diplomado de Estado Mayor, Campano había ingresado en el Ejército como alférez provisional después de incorporarse voluntariamente, en 1936, a las Milicias de FET-JONS. Participó con la División Azul en la campaña de Rusia y tras la Segunda Guerra Mundial fue ascendido a comandante de Infantería. Teniente general en 1972, había sido capitán general de la VI Reglón Militar (Burgos) y de la I (Madrid). El último Consejo de Ministros presidido por Franco (1975) lo nombró director general de la Guardia Civil: su salida del cargo vino precedida de una sonora manifestación de policías y guardias civiles por las calles de Madrid. En enero de 1977 se hacía cargo de la VII Región Militar, con sede en Valladolid.

No menos involucionistas eran las tesis del director de la Brigada de Caballería y gobernador militar de Salamanca, Manuel Engo Morgado, que entre 1975 y 1977 había sido jefe del Regimiento de Farnesio. Lo mismo cabría decir tanto del general José María Álvarez de Toledo y Mencos, director de la Academia de Caballería desde agosto de 1977, como del entonces coronel Gonzalo Navarro Figueroa, encargado del Regimiento de Farnesio desde 1978

Una explícita fe anticonstitucional de los altos mandos militares que contrasta, sin embargo, con la fidelidad de los 'segundos' hacia el Gobierno legítimamente constituido. Es lo que caracterizaba a Manuel María Mejías, gobernador militar de la ciudad, que había sido profesor del monarca; general de brigada de Caballería en 1975, un mes antes de la muerte de Franco había sido nombrado jefe de Estado Mayor de la Octava Región Militar. En enero de 1979 pasó a ejercer como segundo jefe de la Dirección de Apoyo al Personal de la Jefatura Superior de Apoyo Logístico del Ejército, antes de ser nombrado, en el mes de julio, gobernador militar de Málaga. De ahí pasó a la secretaría general técnica de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa y, ya en julio de 1980, a Valladolid como subinspector de Tropas y Servicios de la Séptima Región Militar y gobernador militar de la plaza.

La fidelidad al sistema constitucional era norma también en el proceder de Rafael Gómez Rico, coronel jefe del Estado Mayor que posteriormente sería gobernador militar de Barcelona, si bien será Virgilio Peña, coronel auditor en aquel momento, una de las figuras decisivas en el feliz desenlace, no exento de complicaciones, del 23-F en Valladolid. Fallecido en noviembre de 2008, Peña vivirá las horas más tensas al lado del capitán general Ángel Campano.

Por eso merece la pena detenerse en su trayectoria: había cursado Filosofía y Letras y Derecho y ganado, con apenas 21 años, la oposición al cuerpo jurídico militar. Antes de recalar en la VII Capitanía General como coronel auditor, Peña había ejercido como profesor de Derecho Administrativo y Derecho Político en la Universidad, y dirigido Radio Valladolid entre 1963 y 1976. Su buen hacer en esta Capitanía General le procuró posteriores ascensos: trabajó en el Ministerio del Interior, llegó a ser general auditor ocupando plaza en la Capitanía General de Barcelona, y en 1985 ascendió a general togado y trabajó en el Ministerio de Defensa, puesto cumbre en su carrera.