Veintisiete años de imparable crecimiento

Muy pocos de quienes de verdad se creyeron Castilla y León en los tiempos recios de la preautonomía podían imaginar que, 27 años después, la comunidad experimentaría un crecimiento como el que hoy disfrutamos. En términos de autogobierno y en madurez política y parlamentaria. Y ello pese a la recurrente resurrección de los viejos, casi invencibles, fantasmas del provincianismo.

Porque el arranque de Castilla y León como comunidad autónoma, el 23 de febrero de 1983, fue todo menos fácil, con Segovia insertada a golpe de ley, un leonesismo crecido, evocaciones burgalesistas contra el centralismo pucelano y, para colmo, el principal partido de la oposición, AP, pujando en estas tres direcciones separatistas.

Incluso el primer presidente de la comunidad, el socialista Demetrio Madrid, llegó al cargo sin que muchos en su partido lo esperasen ni, por cierto, lo deseasen. Triunfador en las elecciones de mayo de 1983, el panorama que se encontró el zamorano era desolador, nada que ver con el actual.

Sin sede, sin infraestructuras, sin funcionarios, sin apenas dinero. Un principio nada edificante al que hubo de enfrentarse el primer presidente autonómico, consternado al entrar en el burgalés Palacio de la Isla, sede del Consejo General de Castilla y León, y sentarse en el mismo sillón desde el que Franco dictó aquel «cautivo y desarmado el Ejército rojo» que anunciaba el final de la Guerra Civil. Tenía el despacho desierto, un Ford Granada azul oscuro y poco más de 3.000 millones de pesetas de presupuesto. Nada que ver, por ejemplo, con los coches oficiales de hoy y ese presupuesto que ronda los 10.575 millones de euros.

Una sede

El primer y más urgente cometido era, desde luego, buscar una sede digna. El Palacio de la Isla no era suficiente para albergar el primer Ejecutivo autonómico y, para colmo, las autoridades burgalesas, con el alcalde Peña y sus seguidores, seguían en sus trece de configurar una autonomía castellana con Burgos a la cabeza.

Madrid y el resto de consejeros sabían que la solución más razonable era Valladolid; sin embargo, el 30 de junio, la sesión de Cortes celebrada en el Real Alcázar segoviano les dio el primer varapalo: su propuesta de Ley de Sedes resultó frenada por la oposición del grupo popular.

Las negociaciones emprendidas tras aquel sonrojante bloqueo resultaron fallidas: si la Administración del Estado desoía amablemente sus peticiones, el gobernador civil de Valladolid les ofrecía el ruinoso edificio de Duque de Lerma, junto al río Pisuerga, entonces abandonado, con la esperanza de que lo rehabilitaran. Y es que el asunto urgía: el 28 de julio de 1983 las Cortes regionales aprobaban una resolución instando a la Junta a buscar una ubicación, también provisional, atendiendo a criterios de «coordinación, eficacia y suficiencia».

La solución -nunca definitiva- no llegó hasta bien entrado el verano, merced a una lógica confluencia de intereses: los del procurador y alcalde socialista de la ciudad, Tomás Rodríguez Bolaños, convencido de que la ubicación de la Junta constituía una oportunidad de primer orden para el desarrollo de la capital; el interés ya expresado del Gobierno autonómico, precisado de una sede digna y bien comunicada, y, por último, la disposición favorable del grupo de constructores agrupados en el llamado Plan Covaresa, que el 8 de agosto, previa negociación con el Consistorio vallisoletano, acordó ceder parte de la finca y edificaciones del Colegio de la Asunción, situado en el kilómetro 3,5 de la carretera de Valladolid a Rueda.

El 12 de agosto de 1983 tenía lugar la aprobación del Decreto 47/1983 que fijaba con carácter provisional la sede de la Junta en Valladolid «hasta tanto no se apruebe la ley a que se refiere el artículo 3.1. del Estatuto de Autonomía», señalaba.

La nueva sede era mucho más espaciosa que el Palacio de la Isla pero presentaba no pocas dificultades; fue preciso remodelarla para hacerla algo más cómoda. Por si fuera poco, en un primer momento todas las consejerías se ubicaban en el actual espacio acotado en torno al Palacio de la Asunción. Con el tiempo irían saliendo: primero a oficinas de diversas calles de la capital vallisoletana hasta la progresiva configuración, mucho más acorde con la asunción de competencias, que rige en la actualidad.

Y no fue hasta el segundo mandato autonómico, en diciembre de 1987, ya con José María Aznar en la presidencia de la Junta, cuando quedó fijada de forma definitiva la capitalidad en Valladolid

Cortes dignas

Si difícil resultó contar con un edificio presidencial digno, no digamos ya hacer lo propio con las Cortes. Al primer presidente, el también socialista Dionisio Llamazares, le tocó en suerte buscar ubicación. Frente a él, los díscolos procuradores de AP de Segovia, Burgos y León, dispuestos a impedir su instalación en Valladolid.

Fue el 6 de julio de 1983 cuando Llamazares, previa negociación con el entonces presidente de la Diputación, Francisco Delgado, consiguió primero la cesión del Castillo de Fuensaldaña y, posteriormente, que la Mesa de las Cortes acordase la instalación provisional de las mismas en dicha fortaleza.

Pero era una solución de urgencia: el hemiciclo, construido en el Patio de Armas, no tardaría en revelarse poco funcional conforme la actividad legislativa avanzaba. Problemas de espacio y de sonoridad, dificultades técnicas por doquier, incomodidad manifiesta.

Era necesario un Parlamento autonómico digno: ya en 1997, el entonces presidente de la institución, Manuel Estella, había entablado conversaciones con el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, con objeto de utilizar unos cuarteles militares vallisoletanos a punto de ser infrautilizados, cuando no la misma Academia de Caballería de la ciudad. La negativa del ministro a lo segundo y la oferta de los cuarteles para cuatro o cinco años a precio de mercado hicieron fracasar la negociación.

Cuatro años después, Estella intensificó las negociaciones con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Valladolid. El resultado fue la firma de un convenio para instalar el Parlamento autonómico en unos terrenos pertenecientes al Plan Parcial Villa de Prado. Resuelto el concurso para la nueva sede en el 2002, será en la siguiente legislatura, ya con José Manuel Fernández Santiago al frente de la Cámara, cuando se materialice la puesta en marcha del nuevo y majestuoso Parlamento, inaugurado el 14 de noviembre con la asistencia estelar de los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía. La sede actual de las Cortes recoge todas las exigencias de un Parlamento maduro; al menos, desde el punto de vista de la funcionalidad.

La maduración institucional de la comunidad se ha completado con la implantación, en Burgos en 1986, del Tribunal Superior de Justicia; la puesta en marcha, ya en 1994, de la figura del Procurador del Común, cuya sede se encuentra en la leonesa Casa del Peregrino, y la creación, al hilo de la reforma estatutaria de 1999, de los Consejos de Cuentas y Consultivo de Castilla y León.

La fiesta de todos

La evolución de la fiesta de Villalar, que el Gobierno de Demetrio Madrid erigió por Ley, en 1986, como fiesta de la Comunidad, ha madurado desde la conflictividad y la exclusión iniciales hasta el consenso actual. Concebida en tiempos preautonómicos (1975-1977) como manifestación, tanto de un regionalismo tardío, como de la lucha por la consecución de las libertades democráticas y la denuncia del centralismo, en breve se erigió en escenario privilegiado de la izquierda.

El 'bautismo de fuego' de Villalar ocurrió en 1976, cuando la convocatoria, organizada por el Instituto Regional de Castilla y León, resultó perseguida y abortada por efectivos de la Guardia Civil. La radicalización izquierdista de la fiesta y las agresiones acontecidas en la misma durante el primer mandato autonómico llevaron al presidente José María Aznar a quebrar la celebración, haciendo coincidir la fiesta en la campa con la fiesta institucional.

El divorcio con los ciudadanos era evidente: la fiesta de la comunidad comenzó a celebrarse con carácter itinerante, pasando de provincia a provincia, y sobre la base de actos oficiales de ámbito restringido, desvinculados de la concentración en la campa.

Sin embargo, desde el año 2000, con Juan José Lucas en la Presidencia de la Junta, pero sobre todo a partir del 2002, recién llegado al cargo Juan Vicente Herrera, la fiesta ha retomado la normalidad. Este último, además, ha sido el primer presidente de la Junta del Partido Popular en acudir a la campa: con su llegada, el 23 de abril del 2002, puso fin a 16 años de ausencia presidencial en Villalar. Hoy en día, la fiesta de Villalar es la fiesta de todos.

No menos importancia tiene, desde el punto de vista identitario y simbólico, la puesta en marcha de los Premios Castilla y León, creados mediante Decreto nº 54/1984, de 5 de julio, para «galardonar la labor de personas, equipos e instituciones que hayan contribuido a la exaltación de los valores científicos, culturales y humanísticos, patrimonio de la comunidad castellano leonesa, o realizada por castellano-leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, que hayan hecho aportaciones destacadas al saber universal».

La Fundación

Todo un entramado de afirmación regional rematado, ya en el 2003, con la creación de la Fundación Villalar-Castilla y León, entidad cultural de carácter privado surgida en virtud de un acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes -PP, PSOE, Izquierda Unida y Tierra Comunera-, salvo la Unión del Pueblo Leonés.

Sus principales objetivos fundacionales consisten en «acrecentar el sentimiento de pertenencia de los castellanos y leoneses a una comunidad autónoma con identidad propia en el marco de su Estatuto de Autonomía, el de extender por todo el territorio de la misma este sentimiento y el de fomentar, promover y realizar todo tipo de actividades encaminadas a que la localidad de Villalar de los Comuneros aparezca como depositaria de los símbolos históricos y de las tradiciones de la Comunidad de Castilla y León».