El Juzgado de Almazán abre diligencias por el asesinato de seis civiles en Cobertelada

La juez suplente del Juzgado de Instrucción número 1 de Almazán ha incoado diligencias por el asesinato de cinco maestros y otra persona más en Cobertelada. Es la segunda ocasión en la que la Asociación Recuerdo y Dignidad consigue que se incoen diligencias penales sobre desapariciones forzadas de civiles en el contexto del levantamiento militar de 1936.

Todo comenzó hace años cuando se iniciaron las investigaciones sobre las desapariciones en el momento en el que un familiar del maestro de Cobertelada Eloy Serrano Forcén, de 22 años y natural de Rioseco de Soria, solicitó a la asociación Recuerdo y Dignidad la localización del paradero y las circunstancias de su muerte. Tiempo después, otra familia reclamaba los restos del maestro de Ajamil (La Rioja) Hipólito Olmo Hernández de 42 años y vecino de Barahona. Gracias al trabajo de Recuerdo y Dignidad y a la colaboración de los vecinos, el jueves 27 de octubre una pala excavadora descubrió la fosa donde supuestamente yacen los cuerpos de estos seis civiles asesinados dentro de la represión que acompañaba al golpe de estado de 1936.

Además de Eloy Serrano e Hipólito Olmo, en la fosa común se encontró un tercer maestro, Elicio Gómez Borque de 23 años, natural de Velilla de los Ajos y vecino de La Seca, el cual ya ha sido reclamado por su familia. También fue asesinado ese mismo día junto a ellos el maestro de la Escuela Normal Francisco Romero Carrasco, de 57 años y natural de Santa Marta. Francisco era amigo de Antonio Machado y protagonista de su poema Las bodas de Francisco Romero. Junto a Machado y José Tudela fundó la Universidad Popular de Segovia. Las otras dos personas asesinadas en Cobertelada serían, el otro maestro, Victoriano Tarancón Paredes, de 26 años y natural de Barahona y un hombre de Ateca (Zaragoza) llamado Martín Artola Morrás, de 35 años.

La incoación de diligencias penales son consecuencia de la denuncia que asociación interpuso el pasado 31 de octubre en el juzgado adnamantino al descubrir la fosa de los seis desaparecidos el 25 de agosto de 1936. "En vez de comenzar la tramitación de la exhumación, decidimos par un paso atrás y presentar una denuncia en el Juzgado de Almazán con el objetivo de conseguir el levantamiento de cadáveres, algo que no se está aplicando a los desaparecidos de la Guerra Civil, pese a que así lo ordena la Ley de Memoria Histórica", explica Iván Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad.

La juez suplente ha ordenado dos cosas: por un lado se ha solicitado al ministerio de Justicia un experto en Antropología Forense, y por otro lado se ha ordenado a la Guardia Civil que se tomen "las medidas oportunas para la vigilancia y conservación de los restos encontrados, hasta que se pueda llevar a cabo diligencias de exhumación y levantamiento".

Al hablar la jueza de levantamiento, "cabe la posibilidad de que finalmente se judicialice la exhumación de la fosa, algo que no se ha hecho en España desde la era Garzón, y tan solo con dos casos: uno en Córdoba y otro en Benavente".