Caja Segovia: 51 millones antes del día 26 o embargo de bienes de la excúpula

El reloj de la Caja, bajo el que se han citado varias generaciones de segovianos, sigue parado en la fachada del edificio de la céntrica avenida del Acueducto. Marca las tres menos veinticinco, y las manecillas no han vuelto a caminar desde hace muchos meses, aunque ahora el inmueble es la oficina principal de Bankia. Las acusaciones del caso de las prejubilaciones millonarias de los altos cargos de la extinta entidad de ahorro confían ahora en recuperar el tiempo perdido, los siete años de instrucción de la causa penal, y el perjuicio económico causado a la Fundación Caja Segovia (una de las acusaciones). Porque el tiempo no se detiene, es inexorable. Las acusaciones, Izquierda Unida y la Fundación Caja Segovia (también está la Confederación Intersindical de Cajas), y Centrados en Segovia (heredera de UPyD, que inició el proceso penal) confían en que el juicio oral decretado el jueves por la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia se celebre antes de las vacaciones judiciales de agosto, que comience a mediados de año.

Antes, el proceso tiene varios trámites importantes, y el primero tiene el plazo perentorio de cinco días para los acusados (desde que les fuera notificado el auto) para hacer efectivas las fianzas que les han sido requeridas, que suman 51,6 millones de euros porque a las cantidades percibidas por cada uno de ellos o las que se calculan como perjuicio causado la jueza ha añadido un 30% por los intereses, gastos y costas.

Si en ese plazo no depositan las fianzas o, en su caso, un aval, el auto del Juzgado ya advierte de que se iniciará la vía ejecutiva y les serán embargados sus bienes en la cuantía suficiente para garantizar su responsabilidad civil. Y si no cubren esas cantidades con la valoración de los bienes que puedan ser embargados, podrán ser declarados insolventes por el resto y ya se verá en el trámite de ejecución de sentencia por la vía de apremio lo que se podrá obtener en cada caso.

La aseguradora Caser, con la que se suscribió la póliza de responsabilidad civil para garantizar los planes de pensiones de la extinta Caja Segovia, seguramente presentará un aval por la fianza requerida como responsable civil directo, que asciende a 18.386.591 millones de euros.

Es incierto lo que ocurrirá con los demás procesados, ya sean acusados de los delitos de apropiación indebida agravado y administración desleal (Atilano Soto, Elena García Gil, Manuel Agudíez, Manuel Escribano, Antonio tapias y Enrique Quintanilla, que deben hacer frente a una fianza solidaria de 24.454.167 euros, para lo que tendrán que ponerse de acuerdo) o los responsables a título lucrativo (Miguel Ángel Sánchez, Óscar Varas, Juan Bautista Magaña, Juan Antonio Folgado y Malaquías del Pozo, cada uno con su fianza particular en función de las cantidades percibidas desde 2011). Estos últimos tendrán derecho a defenderse en el juicio oral, aunque no será necesario que se sienten en el banquillo como sí tendrán que hacer los acusados por delitos.

En los pasos siguientes del proceso también será requerido el Ministerio Fiscal para que presente sus alegaciones, un escrito en el que defienda la falta de pruebas indiciarias de delito que motivaron su propuesta de sobreseer y archivar la causa (que en el fondo supone una defensa de los acusados). También puede el fiscal abstenerse y no presentar el escrito, como suele ocurrir en la práctica en muchas ocasiones, pero en el juicio oral estará sentado en estrados y podrá cambiar su criterio si lo estima conveniente.

En cuanto a las peticiones de condena, son más duras las de IU, de ocho años de prisión para Soto, Agudíez y García Gil por el presunto delito de administración desleal y de seis años para Escribano, Tapias y Quintanilla por apropiación indebida. La CIC y la Fundación Caja Segovia piden penas inferiores.

Como sucesora de la desaparecida entidad de ahorro y como acusación particular, la Fundación Caja Segovia que preside Javier Reguera puede estar satisfecha, porque con su personación en la causa persigue resarcirse de los perjuicios ocasionados a la Caja. Esto es, que si el importe de las prejubilaciones fue de 17.190.887 euros, garantizado mediante las pólizas de seguros suscritas con Caser y con cargo al ejercicio de 2010, el perjuicio económico proviene de que el beneficio neto después de impuestos al cierre del año fue de 16.619.000 euros, 571.887 euros menos que la cuantía de las prejubilaciones de los directivos.

Para Reguera, la apertura del juicio oral «es un paso que se esperaba, se conocía que tenía que llegar, y la presencia de la Fundación en el proceso como perjudicada es porque pedimos el resarcimiento de los desembolsos hechos para garantizar el pago de las prejubilaciones».

El presidente de la Fundación reconoce que aún quedan pasos hasta la vista oral, como que presenten sus escritos las defensas y el fiscal (que en este caso no acusa) y las acusaciones, pero está encaminada.

Si no surge nada inesperado, el juicio pondrá en marcha el reloj antes del verano.