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Quique Yuste
Miércoles, 21 de septiembre 2016, 06:29
No habrá subida de tasas y precios públicos el próximo año. Al menos, eso recoge la propuesta presentada por el equipo de gobierno socialista. Tras la polémica surgida el año pasado con el conocido como tasazo del agua, el Ayuntamiento de Segovia plantea una congelación en los tributos municipales con descensos del IBI y la tasa del agua. Entre las novedades para el próximo año, destacan una nueva categorización de las vías en lo que se refiere a su ocupación por terrazas de establecimientos hosteleros, y la creación de dos nuevas tasas: una para los nichos de los barrios incorporados, de nueva construcción; y otra para la utilización del albergue de peregrinos de Zamarramala.
La propuesta tributaria presentada por la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, y por el concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, recoge una previsión de ingresos de 35.450.000 euros, apenas 23.000 euros más que en el año 2016. «El objetivo durante los últimos años ha sido mantener el nivel de ingresos del Ayuntamiento», aseguró Alfonso Reguera, quien se encargó de puntualizar que dicha previsión está cogida con alfileres debido a que en anteriores ocasiones las tasas y ordenanzas se presentaban en el mes de octubre, «pero para andar un poco más holgados a la hora de su publicación en el BOE y de su periodo de exposición pública nos es muy difícil un cálculo exacto de las cantidades que se van a percibir a final de año».
Categorización de vías
Una de las principales novedades presentadas por el equipo de gobierno es una modificación en la categorización de la ocupación de las vías con terrazas y sus tarifas, que se congelan en categoría especial y se reducen en primera y segunda categoría. «Consideramos que en la actualidad se están produciendo agravios comparativos», indicó Clara Luquero, quien puso como ejemplos las calles de La Alhóndiga y de San Martín. El objetivo de la nueva zonificación no es incrementar la recaudación, ya que bajan las tarifas en la mayor parte de los tramos, sino establecer una regulación zonal de las vías principales.
Entre las modificaciones presentadas por el equipo de gobierno también destaca la reducción de impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), que pasa del 0,50 al 0,489, «lo que supondrá un menor ingreso para las arcas municipales de 450.000 euros», según anunció la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, quien recordó el compromiso del equipo de gobierno socialista de bajar este impuesto, aunque por el momento «de una manera modesta».
Esta disminución puede realizarse gracias al incremento del padrón, valorado en 150.000 euros, y a los 250.000 euros que el Ayuntamiento de Segovia calcula que corresponden al aumento del valor catastral. «Todavía no hemos terminado la actualización del valor catastral, pero ya la afectación es muy escasa», explicó Reguera, quien recordó que «el año pasado hicimos una reducción que no se notó en tasa», disminuyendo el valor catastral de todos los inmuebles en un 15%, por lo que se aplicó un 85% del valor.
«A pesar de ese 15% de reducción en el valor catastral que el catastro ha autorizado, vamos a pasar la tasa del 0,50 al ,48. Eso va a suponer unos no ingresos de en torno a los 400.000 euros, con lo que estamos compensando el incremento de ingresos. Esperamos seguir en esta línea en años sucesivos. En 2017 la mayor parte de los contribuyentes verá reducido su recibo de IBI, pero habrá algunos que todavía tengan un pequeño incremento», concluyó.
«Queremos normalizar la situación y evitar trapicheos. No parece muy de recibo que en la parte de arriba de la plaza de Medina del Campo tenga un coste de 81 euros (categoría especial) y las terrazas que están al lado tengan un coste de segunda categoría», expuso Reguera, quien confirmó que en próximas fechas se comunicará a la Asociación de Hosteleros Segovianos la modificación que afectará a cerca de cuarenta terrazas.
La nueva categorización mantiene un precio de 81,82 euros el metro cuadrado para las terrazas de categoría especial, mientras que reduce el coste en primera, segunda, tercera y cuarta categoría en torno a un 18%. Así, los de primera categoría pasarán a pagar 47,53 euros por metro cuadrado, los de segunda 23,25; los de tercera 9,64 y los de cuarta 0,98. Con estas tarifas, el Ayuntamiento prevé ingresar por este concepto 288.000 euros, por los 270.000 euros ingresados en el año 2016.
Nueva gestión
Tras la polémica surgida el pasado año con la subida de la tasa del agua, el equipo de gobierno propondrá en esta ocasión la modificación de la denominada cuota de servicio, por la que se establece que todos los consumidores deberán abonar 45 euros anuales (15 al cuatrimestre), cuota que se incluye en el tramo de consumo de 0 a 15 metros cúbicos. Una vez superada esta cantidad, el precio se irá incrementado: 0,60 euros por metro cúbico en el tramo de 16 a 25; 0,67 euros en el tramo de 26 a 50; y 1,65 euros a partir de 51 metros cúbicos. En todos los casos, los primeros 15 metros cúbicos van incluidos en la cuota de servicio afectando a todos los recibos, por lo que una vez pagado el mínimo, el precio afectaría al importe consumido menos los 15 primeros metros cúbicos.
«Al 91% de la población se le reduce o mantiene lo que están pagando», expuso Alfonso Reguera, quien reconoció que más de 20.000 recibos, un 17%, tienen un consumo de cero metros cúbicos, lo cual no es debido a la falta del mismo, sino a la imposibilidad de lectura. Sobre este asunto, Reguera confirmó que en 2017 «habrá un cambio estructural en la propiedad de los contadores y también un cambio importante en el reglamento de aguas, haciéndose cargo el Ayuntamiento tanto de los contadores como de la toma de la red general. Con esta medida, el equipo de gobierno pretende compensar en parte el déficit de tarifa que continúa existiendo entre los ingresos 5.015.000 euros previstos en 2017 y los gastos de su gestión, que el próximo año se verán reducidos en un 4,7% pero que seguirán suponendo más de un millón de euros más en relación con lo que se ingresa a través de las tasas.
«El agua se paga. Una cosa es que lo pagues mediante la tasa del agua o mediante otros impuestos. Podemos ir a una reducción del IBI porque el servicio de agua está regularizado. Si no fuera así, del IBI habría que sacar todos los años 2 millones de euros para pagar la gestión del agua. Una cosa es la propiedad y otra es el consumo. Puedes tener muchos bienes y consumir poco, y pocos bienes y consumir mucho», incidió Reguera, quien reconoció que han estado trabajando con el resto de grupos de la Corporación las estructuras de las tarifas pero no los precios de las mismas. «Creemos que esto podría ir así a pleno. Con a experiencia que tenemos en este tipo de situaciones, nos conformamos con que el resto de grupos se abstengan», finalizó.
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