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Miércoles, 27 de enero 2016, 06:28
El Ayuntamiento de Segovia pondrá en marcha «este mismo año» el registro de ADN de los perros censados en la ciudad para poder identificar sus excrementos si sus dueños no cumplen con la obligación de retirarlos de la vía pública. Así lo ha asegurado el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia, Andrés Torquemada, consciente de que es necesario actuar para combatir conductas incívicas muy extendidas y de difícil solución, pues resulta complicado sorprender in fraganti a los infractores. El llamado ADN canino es una vieja aspiración del equipo de gobierno presidido por Clara Luquero, que ya incluyó la propuesta en el programa electoral con el que los socialistas concurrieron a las últimas elecciones municipales.
«Queremos que no se demore más e implantarlo cuanto antes; de hecho, se va a ejecutar este año, pero estamos pendientes de ultimar algunas reuniones que consideramos necesarias para ponerlo en marcha, reuniones que ya tenemos solicitadas y que van encaminadas a concretar el funcionamiento y valorar las experiencias de otras ciudades», explicó Torquemada. En realidad, el asunto compete a dos concejalías: Servicios Sociales, que controla el censo municipal canino, y Medio Ambiente.
El concejal no entró en los detalles del funcionamiento del futuro registro precisamente a la espera de que se produzcan esas entrevistas con profesionales y representantes de los municipios que lo han implantado, pero sí abogó por adoptar pronto la medida: «Lo incluimos en el programa electoral porque ya entonces éramos conscientes del problema y teníamos referencias positivas de otras ciudades. Si el registro del ADN sirve para acabar con los excrementos que hay diseminados por muchos puntos de la ciudad, desde luego es una vía que debe intentarse, aunque es evidente que hay otros asuntos de mayor calado y que tienen prioridad».
procedimiento sancionador
El Ayuntamiento de Segovia tiene competencia para denunciar a los ciudadanos que no retiran los excrementos de sus mascotas de la vía pública, pero no para sancionarlos. El procedimiento sancionador empieza por una denuncia por parte de la Policía Local, y es la Concejalía de Servicios Sociales la que deriva el trámite al Servicio Territorial de Agricultura de la Junta de Castilla y León, administración con competencia sancionadora. «Nosotros somos meros intermediarios explica el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada. A diferencia de lo que ocurre en otros campos, por ejemplo en materia de drogas o alcohol, el Ayuntamiento no puede sancionar. Son los técnicos del Servicio Territorial de Agricultura quienes valoran el expediente iniciado por el Ayuntamiento y determinan o no la sanción».
Aunque es complicado sorprender al infractor e interponer la denuncia, el Ayuntamiento ha denunciado a 40 personas, durante el año 2015, por infringir la ordenanza municipal en materia canina. Así, por no recoger los excrementos de la mascota en cuestión, solo ha habido 4 denuncias «A priori, sorprende la escasez, pero es muy complicado que la Policía Local lo vea. Teniendo esto en cuenta no es una cifra desdeñable, aunque pueda creerse que son pocas denuncias para la cantidad de cacas que hay por la calle», apunta el concejal.
Por perros sueltos se interpusieron el año pasado 12 denuncias; por ataque de perros, 3;y por perros no identificados (es decir, sin microchip), 5, de los cuales 3 eran potencialmente peligrosos. Dentro de esta categoría, la de los perros potencialmente peligrosos, la Policía Local denunció a 4 dueños que llevaban a sus perros sin bozal; a 8 cuyos canes iban sin bozal y sin la pertinente licencia de perros potencialmente peligrosos; y a 2 que no llevaban anexo (documentación que una persona necesita para acreditar que, sin ser dueña del perro, puede pasearlo) e iban con los perros sin el bozal. También se multó al dueño de un perro que atacó a una persona y no llevaba bozal ni tenía la correspondiente licencia; y al de otro perro potencialmente peligroso sin censar.
El ADN canino exigirá que todos los perros, además de estar censados, pasen por el veterinario para someterse el pertinente análisis de sangre. De ello se obtendría la huella genética, que quedaría registrada en una base de datos. De esta manera, el excremento abandonado de un perro delataría rápidamente al dueño, que sería denunciado sin más contemplaciones. Ahora mismo es muy complicado sancionar, pues se requiere sorprender al infractor y no siempre es posible, a no ser que haya sido visto por un policía local. Lo explicó hace meses la propia alcaldesa de Segovia, Clara Luquero: «Creemos que es la única manera de controlar las actitudes de los dueños de los perros que se desentienden de los excrementos del animal. Suele pasar que, si la Policía Local recibe el aviso, cuando el agente llega, el dueño y el perro han desaparecido». Por contra, el dueño suele recoger los excrementos si se percata de la presencia de un policía. Tan difícil es detectar al infractor, que el año pasado solo se registraron cuatro denuncias.
El municipio de Xátiva (Valencia) fue el primero en poner en marcha el registro de ADN canino a finales del año 2014 y su Ayuntamiento asegura que la recogida de excrementos de la vía pública, por parte de los servicios de limpieza, se ha reducido hasta en un 80%, por lo que el efecto de la medida es más disuasorio que recaudatorio. «También sabemos que se ha puesto en marcha en Tarragona y Miranda de Ebro (Burgos), donde funciona. Precisamente, estamos a la espera de hablar con sus representantes para recabar toda la información posible», apunta Torquemada.
Muchas son las ciudades decididas a aplicar el sistema, pero el proceso lleva tiempo. Según la experiencia de otras ciudades, lo primero que se requiere es tramitar la modificación de la ordenanza municipal correspondiente para establecer como obligatorio que el dueño lleve al perro a hacerse el análisis que permita la incorporación el ADN la base de datos. La creación del registro es absolutamente imprescindible para empezar a funcionar porque gracias a él podrán cotejarse las muestras de heces que se recojan en la calle. Los propietarios de los perros que no lleven la chapa identificativa que acredite haber pasado el análisisdeberán hacer frente a la multa. En Xátiva, por ejemplo, el registro se realizó de manera gratuita en la primera fase del programa, aunque ahora son los dueños los que deben asumir el coste. Esto es lo que el Ayuntamiento de Segovia tiene que concretar porque responde a la primera cuestión: ¿quién paga el primer análisis (válido ya para toda la vida de la mascota), la Administración o el ciudadano? El Ayuntamiento de Xátiva decidió costearlo los primeros meses para incentivar a los dueños y que el sistema echara a andar con ciertas garantías. «Está por definir. Existen varias posibilidades, pero no nos decantaremos por una hasta no hablar con los expertos», insiste Torquemada. Hace algunos años una prueba de ADN podía costar alrededor de 150 euros. Hoy, el proceso de registrar el ADN de un perro puede no superar los 30.
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