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a. g. encinas y c. blanco
Miércoles, 27 de mayo 2015, 12:56
Beatriz tiene ocho años. Cumplirá los nueve el 29 de agosto. Acumula notables y algún sobre en sus notas y es una lectora empedernida. La noche del lunes, sin embargo, sentía inquietud. En el colegio les habían dado instrucciones para realizar de la mejor manera posible el examen de evaluación individualizada, lo que los sindicatos han llamado la reválida de 3º de Primaria. «¿Y si no me da tiempo? ¿Y si me equivoco con las tablas? ¿Y cuántas preguntas son?».
Dudas que le asaltaron a ella y a otros 20.300 alumnos en Castilla y León, de los que 1.420 están matriculados en Segovia, ante una prueba que se contemplaba en la Lomce como una forma de anticiparse a posibles deficiencias de comprensión lectora o matemática. Ayer, se sometieron a la primera jornada de estas pruebas.Dos exámenes de 45 minutos. Hoy, otros dos. Y además, la prueba oral, que deberá hacerse antes del 8 de junio, según el calendario de la Consejería de Educación.
La Delegación Territorial de la Junta informa de que el colegio Domingo de Soto, en la capital segoviana, los padres de siete alumnos presentaron a la dirección del centro un documento firmado para que sus hijos no hicieran la prueba y recibieran clases como en una jornada ordinaria. Por lo demás, el plante ante la Dirección Provincial de Educación, convocado por la Plataforma por la Escuela Pública, escenificó el descontento sindical y de la federación de asociaciones de padres con la reválida.
Sobrecarga con profesor
Todas las centrales han sido muy críticas. Una de sus principales quejas es que si esta prueba determina que unos niños necesitan refuerzo en algunas materias, eso supondrá una sobrecarga de trabajo para unos docentes ya saturados por los recortes . Las organizaciones intuyen que con los resultados de estas pruebas, a los centros se les va a obligar a diseñar proyectos de mejora que tendrán que realizar los profesores «sin ningún tipo de apoyo por parte de la administración, ni económico ni de recursos humanos», han abundado portavoces sindicales.
Frente a estas dudas, el director general de Políticas Educativas, Fernando Sánchez Pascuala, se remite al Bocyl. «Lo pone en la norma. Una vez que se presenten los diseños de los programas de refuerzo, la administración educativa dispondrá de los recursos que sean necesarios», señala. «Si se comprueba, una vez diseñados los programas, que necesitan más profesores, la administración les va a dotar de esos recursos», asegura sin ambages.
Esto supone «una garantía para los padres», ya que permitirá detectar qué alumnos necesitan recibir algún tipo de refuerzo, argumenta l responsable educativo.Su obsesión, dice, es acabar con el fracaso en Secundaria. Un fracaso que tiene raíces en Primaria. «En la primera evaluación de primero de Secundaria suspenden un 35% de los estudiantes. Hay un porcentaje de alumnos de ESO que fracasan hagamos lo que hagamos en Secundaria. Puede ser por un déficit de Primaria que les hace llegar a Secundaria sin los conocimientos suficientes.Y estas evaluaciones deben servir para hacer una evaluación precoz de estos chicos», esgrime Sánchez Pascuala.
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