Tres yihadistas apresados en Cataluña permanecen en la cárcel de Perogordo

La pregunta parlamentaria que formuló el diputado nacional del Partido Socialista por Segovia, Juan Luis Gordo, sigue sin respuesta por parte del ministro del Interior. Y es probable que agote los seis meses preceptivos. El también secretario general del PSOE en la provincia planteó a Jorge Fernández Díaz si la cárcel de Perogordo dispone de las medidas de seguridad necesarias para albergar a presos del terrorismo yihadista.

El interrogante no era baladí, pero sí escoció en el Gobierno, en el colectivo de funcionarios de prisiones y sobre todo en Instituciones Penitenciarias y en el PP, que criticaron que el dirigente socialista hiciera público el encarcelamiento en Segovia de seis de los once arrestados en una operación llevada a cabo por los Mossos de Esquadra el 8 de abril en Barcelona y Tarragona. En ese operativo se dio por desmantelada una célula que planeaba atentar en la Ciudad Condal. La réplica del parlamentario popular, Pedro Gómez de la Serna, no se hizo esperar y acusó a Gordo de «irresponsable» por sembrar «una falsa alarma social» y «vulnerar el pacto antiterrorista».

La política penitenciaria y judicial en España establece que los centros penitenciarios más próximos a la Audiencia Nacional acojan «temporalmente» a determinados presos preventivos «para que sea más rápido y efectivo el traslado cuando sean requeridos por el juez», argumentó De la Serna. Y «ése es el motivo por el cual, tras las detenciones en Barcelona, el juez solicitó que tres de los detenidos se trasladaran al Centro Penitenciario de Perogordo, pero no porque estén cumpliendo condena aquí», precisó el diputado nacional del PP por Segovia.

Topas, Dueñas o Soto del Real

Esos tres internos continúan encarcelados en Segovia tras prestar declaración ante el juez titular del Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a la espera de su confinamiento en otras cárceles que sí están catalogadas como específicas de máxima seguridad para albergar presos yihadistas con condenas por terrorismo o pertenencia a banda armada, explican fuentes sindicales.

El centro penitenciario de Segovia tiene un problema con respecto a otros más apropiados: «su tamaño atípico», llaman la atención los representantes del sector de la Administración General del Estado de la Central Sindical Independiente (CSI-F), que ya ha advertido en otras ocasiones de la problemática de los conflictos de convivencia provocados por los hacinamientos, aunque esta vez el aviso discurre por otros derroteros. En particular, se refiere al reducido número de módulos integrados en las dependencias de Perogordo.

Son seis en total y «solo quedan dos de margen para poder jugar con ellos», especifica un portavoz de la organización segoviana. La conclusión de la central es que «no reúne las condiciones para separar por módulos» a inquilinos yihadistas, aunque sea de forma provisional como precisaba el parlamentario popular en su reproche a Juan Luis Gordo.

CSI-F recuerda que hay un programa, que data del pasado julio, que pretende dispersar por módulos a este tipo de reclusos para eludir que mantengan contacto con presos de perfiles similares. Esa estrategia penitenciaria de aislamiento entraña una complicada aplicación en el complejo de Segovia, añaden fuentes sindicales consultadas. En Perogordo ya hay un módulo para los internos que padecen algún tipo de discapacidad psíquica, otro destinado para toxicómanos en rehabilitación y otro de respeto.

Por otra parte, para la Central Sindical Independiente no deja de ser un síntoma tranquilizador que la prisión no padezca ahora uno de los picos de hacinamiento como los que sufrió entre los años 2008 y 2009, cuando la población reclusa rozó en distintos momentos los 700 reos. En la actualidad está más desahogada, y por ende, la amenaza de conflictos se ha atenuado con las celdas menos saturadas.

La organización insiste en que el principal punto de inquietud que se respira entre el colectivo de funcionarios radica en el «perfil» del interno yihadista, máxime cuando las instalaciones no están pensadas para su retención permanente. Aseguran que «hasta ahora no ha habido problemas en la convivencia ni riesgo de adoctrinamiento hacia otros reos». Esas mismas fuentes sindicales añaden que los tres encarcelados están sometidos a «más controles en todos los sentidos, empezando por los registros, por su pertenencia a una banda armada».

Falsas alertas en Internet

Hace poco más de un mes, el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz tuvo que salir a la palestra para hacer público un comunicado para desmentir las «falsas alertas sobre el riesgo de acciones terroristas que se están propagando en las redes sociales». El origen de esa alarma social se desató a raíz de los atentados del pasado mes enero en París. El departamento que dirige Fernández Díaz aseguraba en ese comunicado que no se había elevado el nivel de alerta desde entonces, por lo que se mantenía el nivel de alerta 3 con intensidad baja, que se estableció después de los sucesos ocurridos en Francia. «Otros canales de comunicación que no sean los oficiales no tienen credibilidad en materia de alerta antiterrorista», subrayó Interior.