El juzgado ordena la demolición de dos naves de la Diputación

El asunto es antiguo. El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma y la Diputación Provincial subrayan que procede del mandato como alcalde de Domingo Asenjo, pues es de noviembre de 2009. Pero la pelota está en sus tejados. El día 11 de aquel mes, el Consistorio de Palazuelos concedió la licencia de obras a la Corporación provincial para reformar las naves que utiliza como almacén en la finca de Quitapesares. Pero, hechas las obras, los recursos del propietario de la finca colindante han conseguido a la postre que los tribunales haya declarado ilegal la licencia. Y sobre las naves pesa una orden de demolición que no solo perjudicaría a la Diputación sino también al Ayuntamiento de Palazuelos, pues si se hace realidad el derribo debería indemnizar a aquella por los daños y perjuicios.

En este momento, el litigio gira en torno al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia, fechado el pasado 11 de noviembre (cinco años justos desde la licencia), que resuelve el incidente de ejecución de la sentencia que declaró ilegal las construcciones porque entendió que no se ajustaba al planeamiento urbanístico, además del decreto de la Alcaldía de Palazuelos del pasado mes de julio que consideró posible legalizarlas. El auto no es firme y con toda probabilidad será recurrido en apelación por el Consistorio y la Diputación porque acuerda «como medida para restaurar la legalidad urbanística la demolición» de las naves.

Diferentes lecturas

Jesús Nieto, alcalde Palazuelos de Eresma, declara al respecto que «la licencia fue concedida por el anterior alcalde» y que la Corporación actual ha tratado de resolver el asunto, que «tiene diferentes lecturas». Una de ellas es la «posible legalización» de las naves, en la que sigue trabajando el Ayuntamiento, si bien Nieto reconoce que la ejecución de la sentencia del juzgado condiciona esta opción.

Al alcalde le ha sorprendido «que aparezca esta ejecución cuando estamos en el proceso de legalización», y señala que el final de este pleito supone «un perjuicio para todos, sobre todo porque creemos que es posible ejecutar la sentencia de otra forma que no sea la demolición».

El perjuicio, evidentemente, es para el Ayuntamiento y para la Diputación. Derribar las naves tendría de por sí un coste que tendría que asumir el municipio de Palazuelos, cuya situación financiera no es boyante, aparte de una posible indemnización por daños y perjuicios. Y la Diputación perdería unos locales que necesita además de la inversión realizada, que supera de largo un millón de euros.

José Luis Sanz Merino, diputado del Área de Acción Territorial, insiste también en destacar que es «una licencia del anterior alcalde» concedida para realizar, con medios propios y financiación de la Junta de Castilla y León, las dos naves. Explica además que para la Diputación fue una sorpresa la sentencia del juzgado de Segovia que declaró ilegal la autorización municipal en 2011 y que desde entonces ambas administraciones han ido «de la mano» al considerar que la construcción se podía legalizar si el suelo se reconoce como urbano porque en marzo de 2011 el Ayuntamiento inició, «no sé si por cautela», la modificación de las normas subsidiarias de la zona y su posterior inclusión en el Plan General del municipio, que está cerca de llegar a la aprobación definitiva.

Para Sanz Merino, «el resultado es desproporcionado», tanto porque «no lo desean las partes» como porque, a su juicio, «el propio juzgado reconoce que las naves se podrían legalizar si se aprueba definitivamente la modificación» de las normas urbanísticas. También porque, en caso de que la construcción sea derribada, «podría ser edificada de acuerdo con la normativa posterior».

Así, Sanz Merino anuncia el más que seguro recurso de apelación del Ayuntamiento de Palazuelos contra este último auto del juzgado y el apoyo de la Diputación al mismo, «no tanto por el fondo como por las consecuencias, que pueden ser contradictorias con el planeamiento de Palazuelos de Eresma (al estar muy avanzada la aprobación definitiva del Plan General del municipio) y pueden suponer un perjuicio a la Diputación si se procede a la demolición de una construcción que puede ser legalizada». Y también para «evitar que el Ayuntamiento tenga que pagar daños y perjuicios» si se lleva a cabo la demolición.

El proceso

El propietario de la finca colindante, Juan Antonio Tapia, decidió recurrir la licencia de obras al considerar que las naves proyectadas por la Diputación en Quitapesares (junto a la nueva carretera que une Palazuelos con la CL-601) no cumplían con las previsiones del planeamiento urbanístico y, entre otras cosas, que no se trataba de la reforma de las naves sino de una nueva construcción que tampoco cumplía con el retranqueo de tres metros previsto en las normas del municipio para el suelo rústico. Además, alegó que la licencia, otorgada por decreto del alcalde, carecía del informe favorable del secretario del Ayuntamiento.

El particular, defendido por el letrado Jesús Tovar, obtuvo en septiembre de 2011 una primera sentencia favorable del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia, que declaró la licencia no ajustada a derecho y ordenó la demolición de las edificaciones. No obstante, el magistrado indicó que la posible legalización de las naves quedaba supeditada a la aprobación definitiva del nuevo planeamiento de Palazuelos de Eresma, entonces en tramitación.

Con esta resolución quedaba también en suspenso la orden de derribo de estos almacenes de Quitapesares que utiliza la Diputación para guardar diverso material. Como suele ocurrir en estos litigios, las partes disconformes con el devenir de los asuntos utilizan todos los recursos disponibles, más aún en casos como este de interpretación de las normas urbanísticas. El pleito continuó con más recursos e incidentes procesales, pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y el tribunal ordenó al Ayuntamiento de Palazuelos que tramitara con la mayor celeridad el expediente de restauración de la legalidad y de la legalización de los edificios cuya licencia se anuló.

El Ayuntamiento de Palazuelos tramitó el citado expediente para tratar de restaurar la legalidad sin que fuera necesario demoler las nave, alegando entre otras cuestiones que la modificación puntual de las normas subsidiarias vigentes antes de la aprobación definitiva del PGOUdaba validez a la licencia, con lo que estuvo de acuerdo la Diputación y, al contrario, en desacuerdo el recurrente porque consideró que no puede realizarse una modificación puntual de las normas con carácter exclusivo.

La ejecución de la sentencia inicial así como el recurso de Tapia contra el decreto del Ayuntamiento de julio de este año que trató de suspender el expediente de reposición de la legalidad volvió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en un incidente de ejecución que, de forma definitiva ordena la demolición de las naves.

Con idénticos criterios que la sala de Burgos del TSJ, el juzgado resolvió el pasado 11 de noviembre que «el hecho de que se haya procedido a la aprobación inicial (de las nuevas normas urbanísticas) no determina que haya que esperar a la aprobación definitiva para determinar si esta obra es legalizable o no, pues ello vendría a dejar la ejecución de la sentencia al casi total arbitrio de la Administración».

Como conclusión, el magistrado indica que no procede suspender el expediente de legalización hasta que sea aprobado de forma definitiva el planeamiento, y acuerda como medida para restaurar la legalidad urbanística la demolición de lo construido con una licencia que fue declarada nula.