La chocolatería de Libreros deberá desmontar su sistema de evacuación de humos

El juzgado de Primera Instancia número 6 de Salamanca ha desestimado la demanda presentada por la empresa propietaria de la conocida chocolatería de la calle Libreros contra la comunidad de propietarios del inmueble. Al mismo tiempo el órgano judicial ha estimado la reconvención de esa misma comunidad en contra de la empresa, declarando la ilegalidad de la apertura, sin permiso, de huecos en el forjado de la estructura del edificio para enganchar a las tuberías de toma y evacuación de aguas por puntos diferentes a los que inicialmente tenía establecidos el local. Así lo afirma la sentencia del pasado 9 de noviembre a la que este medio ha tenido acceso.

Los vecinos consiguen así una nueva victoria en el largo camino que se inició en agosto de 2002 cuando, a fin de adaptar el local al negocio, se ejecutaron una serie de obras, entre ellas la instalación de un sistema de evacuación de humos y olores.

Tras la apertura del establecimiento, la comunidad de propietarios consiguió que la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulara la licencia de apertura concedida por el Ayuntamiento de Salamanca. Sin embargo, un acuerdo entre la arrendataria del local y el dueño del edificio colindante para conectar una nueva salida de humos y olores originó que el Consistorio concediera una nueva licencia de apertura para el ejercicio de la actividad.

No obstante, la comunidad de propietarios reclamó al Ayuntamiento la ejecución de la sentencia del TSJCyL y demandó a la arrendataria por haber realizado obras de alteración sobre elementos comunes sin autorización. La arrendataria acudió entonces a los tribunales para reclamar su derecho de instalar una salida de humos en el propio edificio o a mantener la ya construida a través del edifico colindante. Solicitud que no sólo no ha visto satisfecha sino todo lo contrario, ya que, como señalábamos, el juzgado salmantino ha declarado la ilegalidad de la obra realizada y ha condenado a la propiedad del inmueble a desmontar la obra realizada, así como a restituir los daños causados en la zona común más al pago de las costas. Ante esta resolución cabe presentar recurso de apelación.