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Ricardo Rábade
Miércoles, 17 de febrero 2016, 12:34
El nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el presidente en funciones del Gobierno de España, Mariano Rajoy, van a tener conocimiento por sendas misivas que más de 24.000 personas residentes en todos los confines del planeta, desde Groenlandia a Nueva Zelanda pasando por Estados Unidos, Europa, Australia y Brasil, desean que los fondos del Archivo de la Guerra Civil que obran en poder de la Generalitat de Cataluña retornen a Salamanca. Las rúbricas, encuadernadas en varios volúmenes y recopiladas a través de la plataforma change.org, fueron entregadas ayer en el registro de la Subdelegación del Gobierno por el presidente y el secretario de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez y José Luis Ingelmo, respectivamente.
Los firmantes, que proceden de un total de 45 países e incluyen también adhesiones desde Cataluña, instan a Puigdemont a «acatar la ley y cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional», que obliga a devolver a Salamanca la documentación entregada al Govern que no corresponde con Cataluña y aquellos documentos de los que no se ha localizado a sus propietarios o sus herederos, según subrayó Policarpo Sánchez, quien consideró que «no es admisible en un Estado de Derecho» que el Ejecutivo catalán «no respete la ley ni las normas más elementales de la democracia».
El manifiesto de esta asociación ha cosechado, además, el refrendo de once partidos políticos y diversas entidades culturales, plataformas ciudadanas y familiares afectados por el expolio, así como el respaldo del Ayuntamiento de Salamanca y de las Cortes de Castilla y León. Sánchez incidió en los argumentos y comentarios esgrimidos por los 24.000 firmantes, donde se pone de relieve «la incongruencia» de que los fondos delArchivo se encuentren en poder «de quienes quieren independizarse de España».
En la carta remitida a Mariano Rajoy, la asociación le anima a «adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir la ley y la sentencia del Tribunal Constitucional en Cataluña», rogándole que «con los instrumentos del Estado de Derecho, obligue a Puigdemont a que devuelva los documentos que, por ley, no le pertenecen». Sánchez se mostró convencido también de que no prosperará el intento del nuevo consejero de Cultura de Cataluña, Santi Vila, de encabezar una modificación legislativa para facilitar la salida de nuevas remesas de fondos hacia Cataluña. No obstante, advirtió de que la Generalitat va a seguir manteniendo «como objetivo ideológico» el Archivo como«símbolo de cómo pueden destruir la historia común de todos los españoles».
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